Carlos Zannini se metió en la causa penal por el Correo y desató acusaciones de “persecución política” al macrismo

Es el caso que más preocupa a Mauricio Macri porque piensa que a través de él se llevará adelante “un plan de venganza” del kirchnerismo en su contra. Se trata de la causa por el Correo Argentino SA que se juega en dos frentes: uno en la justicia comercial, donde la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner pidió la quiebra de la firma ligada al grupo SOCMA; y otro en la justicia penal, en donde se investiga si existieron delitos cuando en el Gobierno de Cambiemos se buscó sellar una quita de deuda que una fiscal consideró contraria a los intereses del Estado.

Es precisamente en este último expediente en donde, según revelaron a Infobae fuentes judiciales, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini se presentó ahora para pedir un informe clave: un estudio contable que hizo la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO). Zannini quiere hacerse de ese informe para usarlo en la causa comercial. Y por eso la jugada desató las quejas de dos hombres del Correo Argentino SA que están imputados en Comodoro Py. Fue así que hablaron de una “persecución política” contra Mauricio Macri que busca “poner de rodillas” al ex presidente. Además pidieron la recusación de dos integrantes de la Cámara Federal por temor a parcialidad.

Para entender el complejo escenario de la causa del Correo hay que viajar en el tiempo: en 1997 el gobierno de Carlos Menem le dio la concesión del Correo Argentino SA al grupo Macri y en 2003, cuando llegó Néstor Kirchner a la presidencial, rescindió ese contrato al denunciar que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares.

En 2001 comenzó en la justicia comercial el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A, pero fue en 2016 cuando se desató la puja que hoy debe dilucidar la Justicia. Es que con Macri ya presidente el Poder Ejecutivo aceptó una oferta para que se pagara en cuotas la deuda que la firma tenía en 2001. En ese momento, la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín denunció que el acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó a concretarse por la oposición fiscal.

Pero aquel episodio derivó en una denuncia penal contra Macri que tiene en sus manos el juez Ariel Lijo, en el que el fiscal Gerardo Pollicita recogió los argumentos de su colega Boquín y habló de una maniobra en donde se obligó al Estado Nacional a aceptar una quita abusiva de su crédito -valuado en $296.205.376- “ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada”. Por ello fueron llamados a indagatoria el ex ministro de Comunicación Oscar Aguad, el ex funcionario Juan Manuel Mocoroa y los representantes de Correo Argentino SA Jaime Cibils Robirosa -presidente de la firma- y Jaime Leonardo Kleidermacher -el abogado-.

Todos los involucrados negaron haber cometido un delito. Y pusieron en duda los números que planteó la fiscal Boquín. Fue por eso que -para definir las situaciones procesales, aún pendientes- se ordenó un estudio contable a la DAJUDECO que buscaba establecer cuál era el monto de la deuda y cuál había sido el carácter de la oferta que se hizo en 2016. Según los resultados que llegaron en febrero pasado al juzgado, la deuda no era de 70 mil millones de pesos, como se había planteado en dictámenes, pero, aplicando distintas variables de ajuste, la quita de la deuda que se proponía rondaba el 92 por ciento, cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín. Esa última parte del estudio ya fue cuestionado por las defensas.

En ese contexto es que apareció Zannini en Comodoro Py para pedirle al juez Lijo una copia del informe técnico que hizo la DAJUCO. Sostuvo que ese estudio “contenía información relevante para la defensa del interés estatal en el marco del concurso” de Correo Argentino. Desde el Correo, dijeron que entregar ese documento de la causa penal era inadmisible porque un sumario penal es secreto para extraños. El fiscal Eduardo Taiano no vio inconveniente y el juez Lijo entendió que el planteo de Zannini estaba “debidamente fundado” y se los entregó.

Eso desató las quejas de las defensas de Cibils Robirosa y Kleidermacher. La Procuración explicó que su pedido sobre el informe de la DAJUDECO no implicaba “tomar participación” en la causa penal. “Salta a la vista la importancia del informe contable y el que habiendo tomado estado público despertó el interés del Estado Nacional”, insistió Zannini.

Pero los defensores de Cibils Robirosa y Kleidermacher fueron a la Cámara Federal para impugnar la decisión de Lijo. Y el caso abrió allí un nuevo reproche en la Sala II del tribunal: recusaron a los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah por “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri y por lo tanto hacia” ellos, señalaron a Infobae las fuentes judiciales.

En esa argumentación, los representantes del Correo sostuvieron que la causa tiene “un claro contenido político” y busca “poner de rodillas a Mauricio Macri”. Y, tras apuntar -por sus declaraciones- a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la fiscal en lo Comercial Gabriela Boiquin o el director de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen, afirmaron que esa persecución se trasladaba a ellos que no son políticos pero están imputados en la causa.

A Boico pidieron apartarlo por haber sido abogado de la vicepresidenta Kirchner, pero también porque -dijeron- “ha dejado claro su postula política”. Pusieron como ejemplo distintas manifestaciones públicas que hizo Boico antes de convertirse -este año- en juez de la Cámara Federal. A Farah, en tanto, lo recusaron por sus declaraciones públicas cuando el entonces presidente Macri criticó el fallo que él había firmado sobre la causa Oil Combustibles -y que desataron su alejamiento de los tribunales de Comodoro Py, a los que regresó en marzo pasado-.

Según pudo saber Infobae, tanto Boico como Farah ya rechazaron los argumentos de la defensa para cuestionar su imparcialidad. Ahora, debe decidir si se quedan en la causa el juez Martín Irurzun. Y una vez zanjada la cuestión, habrá que ver si se avala o no que la Procuración pueda acceder, a través de Comodoro Py, al informe de la DAJUDECO sobre la deuda del Correo SA .

En marzo, en la justicia comercial, la familia Macri había ofrecido pagar 1.011 millones de pesos de una vez, o lo que la Justicia determine, por la deuda del Correo para evitar la quiebra -a contramarcha de los 300 millones y en cuotas que había hecho en 2016-. Pero Zannini, en nombre del Estado, rechazó la oferta. El propio Macri escribió en un tweet que se estaba buscando un “plan de venganza” y le pidió a la jueza Marta Cirulli que rechace el pedido oficial.

La jueza Cirulli aún no definió cuáles serán los pasos a seguir. Mientras tanto, la Cámara en lo Comercial confirmó que la empresa debe seguir intervenida por irregularidades en el proceso del concurso de acreedores y la fiscal Boquín pidió investigar operaciones de vaciamiento de la firma y la relación con el banco austríaco Meinl Bank -uno de los acreedores. El caso Correo lleva ya 19 años de trámite.

SEGUIR LEYENDO: