La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionó hoy la decisión del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien procesó y embargó al periodista Daniel Santoro por un supuesto intento de extorsión al empresario Mario Cifuentes.
“El procesamiento de un periodista por hechos ilícitos de sus fuentes, sin que exista prueba clara de algún tipo de complicidad, constituye una forma de censura que desincentiva la investigación periodística y limita la información disponible para la ciudadanía”, advirtió ADEPA.
El magistrado que ordenó el procesamiento basó su decisión en la aparición de un correo electrónico que el falso abogado Marcelo D’Alessio le envió a Santoro en noviembre de 2018. Esa “nueva prueba” contenía datos migratorios de Cifuentes pero, según la defensa que expresó el periodista, él nunca lo contestó. A partir de eso, es que Bava resolvió volver a procesar, sin prisión preventiva, y embargarlo por el delito de extorsión.
“Los periodistas deben responder ante la Justicia, como todo ciudadano, por cualquier acto ilícito que cometan”, afirmó ADEPA, según un comunicado que se difundió por Twitter. Pero la Asociación de Entidades Periodísticas consideró que “es inaceptable que las relaciones entre un periodista y sus fuentes sean interpretadas presumiendo mala fe o la participación del periodista en hechos delictivos cuyo conocimiento no se encuentre acreditado con razonable certidumbre”.
La entidad puso de manifestó que “una resolución judicial como la adoptada en el caso Santoro está reñida con los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
“El procesamiento de un periodista por hechos ilícitos de sus fuentes, sin que exista prueba clara de algún tipo de complicidad, constituye una forma de censura que desincentiva la investigación periodística y limita la información disponible para la ciudadanía”, consignó ADEPA.
Por su parte, el colectivo de periodistas FOPEA consideró “una vez más repetimos que los delitos realizados por la fuente no pueden ser atribuibles a un periodista. De esa forma, se vuelve a criminalizar la labor periodística. Si cada periodista le tiene que pedir un certificado de antecedentes penales a su fuente para poder relacionarse con ella, el periodismo no sería practicable”, advirtió la entidad que preside el profesor Fernando Ruiz.
“Acusar de extorsión a un periodista que publica información de interés público es una agresión al ejercicio del periodismo. Además, teniendo en cuenta que gran parte de esa información ya había sido publicada por otros periodistas anteriormente”, alertó FOPEA.
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