A pedido de Cristina Kirchner, el tribunal llamó a una audiencia para que los acusados reclamen la nulidad de la causa Memorándum

El Tribunal Oral Federal 8, que tiene en sus manos la causa por el Memorándum con Irán, decidió hoy sustanciar una audiencia oral, previa al juicio, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamará la nulidad del caso. El planteo había sido hecho por la ex presidenta y otros acusados y avalada por la fiscalía, que además solicitó una serie de medidas de prueba. De lo que se diga allí, los jueces podrán definir si avanzan hacia el juicio oral o si hacen caer el caso que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. Aún no se resolvió la fecha de la audiencia, pero podría ser en agosto, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

El disparador de las defensas para hacer esta jugada fue una serie de reuniones que, se conoció ahora, habían mantenido dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con el entonces presidente Mauricio Macri. Esos jueces fueron claves en la reapertura de la investigación por el Memorándum con Irán. El caso había sido desestimado por el juez Daniel Rafecas cuando aún CFK era jefa de Estado y los dirigentes de la AMIA llevaron nuevas pruebas para reclamar su reapertura.

El caso terminó en manos del juez Claudio Bonadio, que en diciembre de 2017 dictó procesamientos y detenciones para CFK -que ya por entonces tenía fueros como senadora-, el ex canciller Héctor Timerman -que tuvo arresto domiciliario por razones de salud- y el hoy procurador del Tesoro Carlos Zannini, entre otros. Los procesamientos fueron confirmados y el caso llegó a juicio oral en marzo de 2018.

La causa investiga “un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad- y para liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.

Con un escenario similar al planteado en la causa dólar futuro en Casación, CFK busca hablarle a los jueces que tienen en sus manos juzgarla para exponer todos los cuestionamientos a este expediente. Y pretende que el caso se cierre sin tener que llegar a juicio.

Cuando los jueces tenían que poner fecha a la audiencia previa al inicio del debate, las defensas reclamaron que se le tome declaración testimonial a Ronald Noble, el ex jefe de Interpol que siempre desmintió que estuvieran en riesgo las alertas rojas. Interpol hasta ahora no autorizó su testimonial. Para los acusados, esa prueba era clave para hacer caer la causa. Sin embargo, Interpol no autorizó aún la declaración de Noble. En eso estaba la causa cuando apareció el dato sobre estas visitas de jueces en Olivos y a la Casa Rosada que permitieron redoblar el pedido para anular la causa. Aunque el abogado Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, lo adelantó a Infobae en abril pasado, fue la defensora de Andrés “El Cuervo” Larraque, Lucía Larrandart, la primera en pedirlo en la causa y luego lo acompañaron las defensas, entre ellas las de CFK.

Tras estudiarlo, en su resolución firmada hoy, el propio Tribunal admitió que esta clase de audiencia no está prevista en esta instancia. “Si bien la audiencia oral y pública solicitada no se encuentra prevista en el Código Procesal de la Nación para resolver nulidades, no hay ninguna razón para desalentar su celebración”, dijeron los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michillini y Daniel Obligado.

Sobre todo, subrayaron, después de que el propio fiscal Marcelo Colombo avalara el planteo de las defensas, “como encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad y en pos de la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos y del acceso a la justicia de todos los habitantes”.

“No resulta razonable, entonces, poner en funcionamiento el despliegue que implica un debate de esas características y de la trascendencia ya explicitada, sin despejar previamente el escenario que ha quedado planteado y que podría, al menos de manera conjetural, frustrar o invalidar, la decisión a la que se arribe”, resaltaron.

Es que, según se señaló, “lo que las defensas han dejado al descubierto en los escritos presentados y sus adhesiones es el temor o sospecha de parcialidad que -como hipótesis de mínima- genera en todas las personas imputadas la intervención de los magistrados que sellaron esa decisión”. “La imparcialidad de los jueces cuya resolución pretende impugnarse, ya había sido cuestionada mediante los mecanismos previstos a tal efecto durante la tramitación de la causa en etapas precedentes. Sin embargo, las nuevas circunstancias fácticas que fundamentan los actuales pedidos de nulidad han vuelto a poner en tela de juicio el accionar judicial y han reavivado nuevas sospechas de parcialidad que hasta el momento no han tratadas”, se afirmó.

Bajo ese criterio, López Iñiguez, Michillini y Obligado entendieron que es necesario celebrar la audiencia para que estos puntos se esclarezcan y la sociedad pueda visibilizar lo que allí se discute: “la circunstancia de que nos encontremos en las vísperas del debate propiamente dicho, coadyuva a que el tratamiento de las incidencias sea previo a su apertura y a que éstas sean tratadas sin dilaciones, de manera exhaustiva, autosuficiente y definitiva, pues en cualquiera de los dos escenarios, tanto si llegasen a tener acogida favorable como si no, las dudas acerca de, nada más y nada menos, que la imparcialidad de magistrados que intervinieron en etapas definitorias deben ser despejadas de manera preliminar”.

Además, el TOF subrayó “el inmenso esfuerzo que implica la realización de un debate de estas características: se trata de una causa que, junto a sus acumuladas, ya suman más de cincuenta cuerpos y numerosos incidentes y en la que las partes han ofrecido –y se han admitido oportunamente- cientos de testigos. A ello se suma la pluralidad de imputados, la investidura de algunos de ellos y las cuestiones de orden geopolítico que se encuentran en juego”.

“La celebración de la audiencia oral y pública solicitada por las defensas y el representante del Ministerio Público Fiscal, es el mejor –sino el único- mecanismo para garantizar de manera amplia los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación”, concluyeron. “En el caso que nos ocupa, por las razones expuestas precedentemente (relativas a la entidad delos agravios, al momento procesal en el que nos encontramos y a la trascendencia institucional de esta causa), publicitar y transparentar el trámite incidental y la solución a la que en definitiva se arribe, responde también a una exigencia proveniente de una sociedad que en su conjunto nos interpela como operadores y operadoras de una justicia permanentemente cuestionada”.

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