El ministro y el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, respectivamente, pidieron sus sobreseimientos en la causa del “Plan Qunita”, la compra de kits para mujeres embarazadas y con hijos recién nacidos de bajos recursos. Lo hicieron luego de un peritaje de los expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que concluyó que no hubo perjuicio al estado. El resto de los imputados, entre ellos el ex jefe de Gabinete y actual interventor de YCRT, Aníbal Fernández, también solicitaron su desvinculación del caso.
Los planteos fueron hechos ante el Tribunal Oral Federal 1 que antes de resolver le pidió la semana a la fiscal federal Gabriela Baigún que de su opinión sobre los planteos, informaron a Infobae fuentes judiciales.
El caso es similar al de dólar futuro, en el que en abril fueron sobreseídos la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ambos expedientes fueron enviados a juicio oral sin que se haya hecho el peritaje contable -lo que se concretó en el tribunal oral- y las conclusiones fueron que no hubo una defraudación al estado. Y también se repiten los protagonistas judiciales: las dos causas fueron investigadas por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano y quedaron radicadas en el Tribunal Oral Federal 1, que en el caso de dólar futuro rechazó por mayoría los sobreseimientos pedidos por los acusados, que luego fueron dictados por la Cámara Federal de Casación Penal.
En 2015, el gobierno de Cristina Kirchner lanzó el “Plan Qunita”, que estuvo a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, entonces encabezado por Juan Manzur, actual gobernador de Tucumán. Consistió en la compra de 150 mil kits para mujeres embarazadas y con hijos recién nacidos de bajo recursos para que pueden tener los elementos necesarios para el cuidado de sus bebes. Cada kit tenía cerca de 30 elementos, una cuna, sábanas, ropa para bebés, babero, cambiador portatil, un bolso materno, etc, y se pagó 7.850 pesos por cada uno.
La entonces legisladora de la ciudad de Buenos Aires y actual diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña hizo una denuncia penal por presuntas irregularidades en la compra de los kits. El caso quedó a cargo del juez Bonadio y del fiscal Taiano que procesaron y en noviembre de 2016 enviaron a 18 personas a juicio oral, entre ex funcionarios y particulares que integraban las empresas que vendieron los kits . Entre ellos a Gollán, quien había sido secretario de Salud Comunitaria del Ministerio, a Kreplak, subsecretario de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia, a Fernández, ex jefe de Gabinete. Manzur había sido procesado por Bonadio pero luego fue desvinculado de la causa.
La acusación fue por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público porque la compra se hizo de manera direccionada y con sobreprecios.
Bonadio había ordenado destruir los kits porque no eran seguros. La medida quedó suspendida y en junio de 2017 el Tribunal Oral, tras un informe del INTI, dispuso que sean donados -excepto las cunas y frazadas- a entidades de bien público. El estado pagaba 700 mil pesos por mes de alquiler del deposito en el que se alojaban. “La necesidad de redistribución tiene en miras impedir que muchos de los elementos que integran los kits, ante sus eventuales fechas de vencimiento o expiración, pierdan definitivamente todo tipo de utilidad”, explicaron los jueces.
Con la causa elevada a juicio oral, las defensas objetaron que Bonadio inició durante la investigación un peritaje que luego dejó sin efecto. Para los acusados esa prueba era clave para determinar que el estado no había sido perjudicado con la compra de los kits. El expediente quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico, que ordenó hacer el peritaje como instrucción suplementaria del caso.
Los peritos de la Corte Suprema concluyeron que no hay valores de referencia para comparar con los que se pagaron y que no hubo una defraudación a las arcas públicas. Los expertos también rechazaron un trabajo que presentó Ocaña para que se lo compare con los kits adquiridos ya que eran productos diferentes. Con eso los acusados pidieron en las últimas semanas que se los sobresea de la causa sin que se haga el juicio oral.
Dos de esos pedidos fueron de Gollán y Kreplak, quienes fueron designados por Kicillof en el Ministerio de Salud y que tienen a cargo desde el inicio de la pandemia la política sanitaria para combatir el coronavirus y la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires.
“Se ha comprobado la inexistencia de direccionamiento, de perjuicio y de sobreprecio”, sostuvo en su presentación Santiago Vegezzi, abogado de Gollán. “La pericia expuso también que el precio del kit o valor de mercado no puede determinarse y que no es posible establecer un precio testigo; descartando, por fin, todo indicio de discrecionalidad en las especificaciones técnicas –direccionamiento-”, agregó.
“Si el juez instructor no hubiera dejado sin efecto la medida probatoria que pocos días antes él mismo había ordenado, la prueba que hoy se obtuvo en instrucción suplementaria hubiera existido en la etapa de instrucción y Nicolás Kreplak estaría sobreseído desde hace años”, dijo por su parte Nicolás D’albora, abogado del viceministro bonaerense.
El pedido de sobreseimiento fue hecho por el resto de los acusados, entre ellos Aníbal Fernández. Los jueces le pidieron a la fiscal Baigún que dictamine sobre si los acusados deben ser sobreseídos o si la causa debe continuar su camino a juicio oral. Luego, con todas las presentaciones, resolverán los magistrados.
La causa recorre un camino similar al que tuvo el expediente de dólar futuro, en el que se investigó esa política económica durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner. Fue la primera causa en la que la ex presidenta fue citada a indagatoria y procesada. El juez Bonadio la envió a juicio oral junto a Kicillof y otros acusados, entre ellos Miguel Pesce, actual titular del Banco Central de la República Argentina.
Las defensas pidieron que se haga un peritaje sobre las operaciones de dólar futuro que Bonadio no había hecho durante la investigación. El Tribunal Oral lo ordenó y el resultado fue que no hubo perjuicio al estado y con eso pidieron los sobreseimientos. El juez Grünberg votó por el cierre de la causa y sus colegas Michilini y Basílico por rechazar los sobreseimientos en sintonía con el dictamen del fiscal Diego Velasco que había dicho que el peritaje era una de las varias pruebas del caso que debían analizarse en conjunto en el juicio oral.
La decisión fue apelada a la Cámara de Casación que el 13 de abril pasado sobreseyó a Cristina Kirchner, Kicillof y el resto de los acusados. Todavía queda la instancia de que intervenga la Corte Suprema para revisar los sobreseimientos.
SEGUIR LEYENDO: