Alberto Fernández le agradeció recientemente a Vladimir Putin los gestos de Rusia hacia la Argentina en medio de la pandemia. Se centró especialmente en la venta de vacunas que comenzó en diciembre cuando el país atravesaba serias dificultades para cerrar contratos con otros países y laboratorios. Pero la empatía del Kremlin no se explica en su preocupación por el avance del coronavirus en el país y en la región, sino en otros motivos mucho más pragmáticos que tienen que ver con la geopolítica.
Según reveló el periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos (PPT), la empatía se explica en una razón concreta: Moscú quiere instalar centrales nucleares de alta potencia en el país. Si bien se trata de un proyecto viejo, que nació hace dos décadas, las negociaciones se afianzaron a partir de la necesidad del gobierno de Alberto Fernández de conseguir el antídoto contra el virus cuando otras puertas se fueron cerrando por motivos no del todo claros.
El propio embajador ruso en Buenos Aires, Dmitry Feoktistov, confesó los planes de Putin sin sonrojarse: “Propusimos a la Argentina la construcción de una central grande, una segunda opción es la construcción de reactores medianos y como tercera opción una central nuclear flotante”. “Rusia es un país de altas tecnologías y desde hace varias décadas está en el mercado de la energía. Nuestras centrales son muy seguras y eficaces, como Sputnik”, remarcó.
La comparación no es casual y se explica en un concepto conocido en el mundo de las relaciones internacionales: “La diplomacia de vacunas”. El ex embajador Diego Guelar lo explica así: “Es algo que pueden hacer pocos países en el mundo y funciona de la siguiente manera: yo te doy algo y vos me das algo a cambio”.
Más allá del precio simbólico que pagó la Argentina por las vacunas, la contraprestación en este caso sería un contrato a largo plazo que no solo habilitaría la construcción de las centrales nucleares y su mantenimiento, sino también ciertas condiciones beneficiosas para su instalación.
El dato explica además las reuniones que mantuvo en Moscú recientemente el ministro de Economía, Martín Guzmán, con las autoridades de la empresa estatal Rosatom, principal generadora de energía y representante del Estado ruso en los negocios nucleares que el Kremlin quiere expandir por el mundo. Esa compañía estatal es flamante: fue fundada por el propio Putin en 2007. Los intereses del jefe político ruso son claros y poco tendrían que ver con una causa solidaria.
Daniel Cameron, secretario de Energía durante el gobierno de Néstor Kirchner, reconoció que los planes de Putin no son nuevos. En 2008 se firmó un acuerdo para el desarrollo de una central nuclear. El ex presidente fallecido pretendía que la operación quedara a cargo del Estado, por lo que el entendimiento nunca terminó de concretarse. No obstante, las bases del contrato continúan vigentes como para hacerse operativas.
Centrales nucleares como las proyectadas son cuestionadas por distintas razones. La más potente es la ambiental. Actualmente hay una sola central nuclear flotante en el mundo. Es rusa y cuenta con una potencia conjunta de 70 megavatios y 50 gigacalorías. Greenpeace la denominó la “Chernobyl flotante”.
La estrategia rusa forma parte de un plan global que apunta no solo a la Argentina y busca aprovechar los estragos de la pandemia en América Latina. La Venezuela de Nicolás Maduro es un claro ejemplo de su influencia en sus procesos políticos y económicos en la región.
El Kremlin tiene en esta parte del mundo un competidor: Xi Jinping. Junto a China se las ingenian para multiplicar su influencia y poder ante el desamparo de naciones que sucumben frente al virus y tienen la necesidad imperiosa de conseguir vacunas e insumos médicos.
La región suma holgadamente más de un millón de muertes por COVID-19. Superó esa barrera el pasado 28 de mayo y se acerca a 1.200.000 decesos según las cuentas oficiales de cada país. Incluso, considerando la pereza estadística de algunas de las naciones que componen la región es posible que el total sea mucho más alto. El número, además, es claramente incompleto: en ellos se contabilizan como válidos los guarismos que presentan las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, que parecerían ser ejemplos mundiales de contención de pandemias.
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