Un terreno vacío, una pequeña obra en construcción que quedó paralizada por la crisis, y hasta grandes edificios podrán ser expropiados por parte del Estado. Así lo contempla una polémica ordenanza que votó la semana pasada, sin debate previo, el Concejo Deliberante de Avellaneda, territorio político del ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi. Los dueños de los terrenos tendrán un plazo máximo de ocho años. Durante ese tiempo, además, también deberán pagar más impuestos si no construyen.
La ordenanza crea el “Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruída o con Edificación Paralizada”, que deberá publicarse en el boletín oficial del distrito del conurbano bonaerense. Todos los inmuebles que ingresen al registro deberán pagar un 50% más de impuestos.
A partir del tercer año, siempre y cuando el dueño del inmueble no haya comenzado una obra, se agrega una alícuota especial, que incrementa la cuota todos los años. “En caso de incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en el artículo 4 (que habla de un plazo de tres años para edificar), se aplicará un gravamen especial sobre el inmueble consiste en un incremento progresivo de la tasa de servicios generales por 5 años del 50% sobre la tasa vigente en la ordenanza impositiva, respecto del valor que el contribuyente hubiera abonado el periodo fiscal anterior”, estipula el artículo 8 de la ordenanza a la que accedió Infobae.
Transcurrido los ocho años, y luego de superar una carga impositiva exorbitante, el Municipio quedará habilitado para declarar de utilidad pública el inmueble y expropiarlo, previo paso por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y el pago de una indemnización.
“Esta ordenanza viola claramente el derecho constitucional de la propiedad privada. Si una familia hereda un terreno y lo quiere retener 10 años hasta que su hijo crezca y se haga su vivienda no va a poder hacerlo. El estado los está obligando a deshacerse del mismo en caso de no poder tener fondos para construir en ese momento o simplemente no quieran hacerlo por una cuestión personal. No les da la posibilidad de elegir qué hacer con su patrimonio, es una medida totalmente arbitraria y anticonstitucional al mejor estilo Venezuela”, cuestionó Lucas Yacob, concejal del PRO en Avellaneda, en diálogo con Infobae.
La ordenanza fue aprobada el jueves pasado por el Concejo Deliberante, sin previa discusión en comisiones. El Frente de Todos impuso su mayoría y la norma salió con 16 votos a favor y 6 en contra.
Apenas una horas antes, en un acto en la localidad de Mercedes, donde anunció obras para urbanizar lotes, el presidente Alberto Fernández había dicho que “no tiene sentido tener tierras improductivas”, una frase que no cayó nada bien en sectores del campo. “No tiene sentido tener improductivas cuando alguien está necesitando un terreno, y no tiene sentido guardarlo para el día que se muera lo herede”, lanzó ese día el Presidente junto al ministro Ferraresi, jefe político del municipio donde luego se aprobó la polémica ordenanza.
La norma aprobada en Avellaneda también remite al conflicto político que se desató en octubre del año pasado tras la incursión de Juan Grabois y sus militantes en un campo de la familia Etchevehere, en la provincia de Entre Ríos. Aunque cuestionó la toma, el presidente terminó apoyando en público la idea del militante: “La idea de Grabois de buscar tierras para que la gente las explote no es descabellada”.
Otro punto polémico es el punto 6 de la ordenanza, que establece que los plazos para construir no se modificarán aunque el terreno cambie de dueño. “Si alguien vende en el segundo año de la implementación de este Registro, porque no puede pagar los impuestos, los plazos siguen corriendo para el comprador”, se quejó una fuente de la oposición.
El bloque de Juntos por el Cambio en Avellaneda ahora analiza si avanzará con una presentación ante la Justicia. “Este gobierno todos los días avanza un poco más sobre los derechos de la sociedad. Vamos a usar todas las herramientas que tengamos a mano para frenar estos atropellos”, dijo Yacob.
“Es una aberración jurídica, va en contra de las leyes de usucapión y herencia vacante, con un amparo esto se cae en cinco minutos”, agregó un abogado consultado por este medio.
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