Oficialismo y oposición preparan la “rosca” judicial para cubrir las vacantes en Comodoro Py

Oficialismo y oposición se preparan para hacer política pura en la Justicia el mes que viene. Los dos sectores, recogió Infobae de fuentes directas, apuestan a que julio sea de alto voltaje en el Consejo de la Magistratura de la Nación donde buscarán definir los concursos para cubrir cinco cargos claves en Comodoro Py: tres en juzgados de primera instancia y dos en la decisiva Cámara Federal. Para eso, de un lado y del otro, afilan sus estrategias, sus deseos para poner arriba de la mesa de negociación y cuentan los votos.

“Estamos midiendo fuerzas y trabajando subterráneamente”, coinciden dos consejeros consultados por este medio.

La disputa se dará en tres concursos públicos. Uno es el 433 para cubrir el juzgado federal 12 que dejó vacante Sergio Torres cuando asumió como juez de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires; el segundo es el 450 para ocupar los juzgados 6 (donde estaba Rodolfo Canicoba Corral) y el 11 (de Claudio Bonadio); y el último el 461 para los cargos en la Sala I de la Cámara Federal en los que hoy están Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los magistrados trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri, y sobre los que la Corte Suprema de Justicia dijo que son momentáneos hasta que sean ocupados por el procedimiento que establece la Constitución Nacional.

Mientras ese concurso avanza, Bruglia y Bertuzzi apuestan sus fichas a la presentación que hicieron contra el Estado argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según adelantaron a Infobae fuentes judiciales, Bruglia y Bertuzzi ampliarán su reclamo para que se dicte una cautelar que frene el trámite del concurso: sostienen que el fallo de la Corte Suprema que dio vuelta con todos los traslados fue “político”, que el concurso para reemplazarlos se activó “como un rayo” en el Consejo de la Magistratura y que no hubo ningún movimiento sobre los cuestionamientos a los otros jueces que habían sido trasladados en épocas kirchneristas y macristas. Hablarán allí de “persecución política”.

Los cinco cargos de Comodoro Py que están en juego tienen suma importancia para la política. Por allí pasan las causas de corrupción y contra los funcionarios de los gobiernos nacionales. Es decir, allí se investiga a la política que está representada en el Consejo. Hay causas contra los gobiernos de Cristina Kirchner, Macri y de Alberto Fernández. Demasiados intereses en pugna.

El Consejo tiene 13 miembros entre legisladores nacionales, abogados, jueces y representantes del gobierno nacional y de las universidades. Hay representantes directos de los partidos políticos y quienes no lo son se alinean en algún sector. Así, hay dos bloques: el oficialismo y la oposición. En esa división, el primero cuenta con un sector abroquelado de seis votos, el segundo también de seis pero con la necesidad de un trabajo constante que evite las dispersiones. El voto 13 es de la diputada peronista Graciela Camaño que se presenta como “ni kirchnerista ni macrista” pero que en las decisiones claves acompañó al oficialismo.

Para aprobar un concurso de jueces se requieren nueve votos. Por eso la necesidad de acordar. Y ahí entra el juego del toma y daca, de la rosca política. “Los concursos de Comodoro Py están condicionando cualquier acuerdo de la agenda de trabajo del Consejo. Hay una suerte de parálisis hasta que se defina eso”, sostiene uno de los consejeros consultados.

La apuesta -siempre condicionada al día a día de la política y a si se logran los acuerdos necesarios- es que la definición sea en julio.

Los tres concursos de Comodoro Py se encuentran en trámite en la Comisión de Selección del Consejo en distintas etapas. El de la Cámara Federal y el del juzgado 12 a la espera de establecer el orden de mérito definitivo de los concursantes y el de los juzgados 6 y 11 todavía está en la corrección de los exámenes que dieron los postulantes. “En la comisión el oficialismo tiene los votos para aprobar el concurso y los van a usar”, dicen en la oposición. En el oficialismo confirman que así será.

Por eso la disputa final será en el plenario donde se necesitan nueve votos y para lo que los bloques afilan sus estrategias.

La oposición está integrada por los legisladores nacionales Pablo Tonelli (diputado del PRO), Silvia Giacoppo (senadora de la UCR), los abogados Diego Marias y Carlos Matterson y los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta. “Valemos si estamos todos juntos”, plantea uno de ellos como regla máxima. Sabe que el oficialismo necesita dos votos de su sector y hay un antecedente que los pone en alerta.

Fue en diciembre del año pasado cuando el Consejo aprobó el concurso que llevó a Roberto Boico, abogado de Cristina Kirchner, a la Cámara Federal. El oficialismo consiguió 10 votos, entre ellos los de Tonelli, Matterson, Recondo y Culotta. Para muchos fue una sorpresa y en algunos sectores generó enojos. Fue un trabajo de acuerdos en el que el oficialismo cedió los nombres que los jueces del Consejo pedían para otros concursos.

“Lo que hicimos el año pasado no la vieron venir y fue sin ninguna luz que nos alumbrara. Ahora es mayor el foco, sobre todo en los jueces”, analizó un integrante del oficialismo. Sabe que para los cinco cargos en Comodoro Py la negociación será más trabajosa.

La oposición apuesta a negociar en conjunto, como un único bloque, sin fisuras. Pero saben que no es fácil. “Los jueces tienen otros intereses, representan a sus pares, y pueden desmarcarse de nosotros”, dice un miembro más político de la oposición. Eso ocurrió el año pasado. “Nuestros colegas nos reclaman que los concursos se aprueben, que no se demoren y tenemos que dar explicaciones”, confirma uno de los magistrados del Consejo. Por eso en el bloque apuestan a mantener la unidad, que se satisfagan todas las expectativas sin tener filtraciones.

El bloque oficialista está integrado por los legisladores nacionales Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara (senadores del Frente de Todos), Vanesa Siley (diputada del Frente de Todos), el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el juez Alberto Lugones y el representante de los académicos y presidente del Consejo, Diego Molea. Es un bloque sin fisuras y quien lo capitanea es Ustarroz, que -coinciden en el organismo- forjó buenas relaciones personales con todos los consejeros de la oposición, lo que le permite hablar individualmente.

Para lograr la aprobación de los concursos de Comodoro Py el oficialismo no pondrá sobre la mesa solo esos lugares. Su estrategia es ampliar el abanico de cargos y apuntar a los intereses de la UCR. En el Consejo hay dos concursos que miran mucho dos gobernadores de ese partido: Gerardo Morales, de Jujuy, y Gustavo Valdes, de Corrientes, quien años atrás integró el organismo judicial. El Consejo tiene los concursos para los juzgados federales 1 de Jujuy y de Corrientes, que son además los juzgados electorales de esas provincias. Son cargos a nivel provincial se miran mucho. “Giacoppo es Morales, no es Macri ni Rodríguez Larreta”, dicen en el oficialismo como una posible carta para conseguir el voto de la consejera y senadora. También apuestan a Valdés para que desde la UCR haga fuerza dentro de Juntos para el Cambio para que sumen voluntades en el Consejo. En el organismo el representante más cercano a Macri es el diputado Tonelli. El abogado Marías se presenta como hombre de Horacio Rodríguez Larreta y de Diego Santilli. “La clave es Comodoro Py pero todo se va a poner sobre la mesa”, adelantan en el oficialismo.

“Ya hay nombres pero falta para que madure”, deslizan. Y en el oficialismo aclaran: “Todavía no se habló arriba”. Arriba es Cristina Kirchner.

Las negociaciones finas todavía no comenzaron. En parte porque a los concursos les faltan para llegar a la instancia de aprobación y también porque algunos consejeros se alejaron en las últimas semanas del trabajo diario porque tuvieron Covid-19. Fue el caso de Molea, Culotta y Recondo, quien estuvo unos días internado.

Pero cada sector ya alista los nombres deseados, los que podrían acercar posiciones. Y cada bloque tiene los suyos, sobre todo para la Cámara Federal de Comodoro Py. Se trata del tribunal bisagra en las causas de corrupción. Por allí pasan las investigaciones de todos los jueces de primera instancia y se definen procesamientos, sobreseimientos, qué expedientes siguen abiertos y cuáles se cierran. Durante el macrismo, la Cámara Federal fue la pesadilla del kirchnerismo. Con la asunción de Alberto Fernández, el gobierno designó a dos jueces: Boico y el regreso de Eduardo Farah, quien se fue del tribunal por las abiertas presiones y denuncias del gobierno de Macri por su intervención en el caso de “Oil Combustibles”.

El oficialismo ve con buenos ojos para la Cámara a Fernando Poviña, juez federal de Tucumán que quedó primero en el orden de mérito provisorio del concurso. También a Agustina Rodríguez, que quedó octava -la mujer mejor posicionada- y que es fiscal federal y coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres; a Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora que investigó el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri; y a Ivana Quinteros, secretaria de la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py y cuyo nombre ya había sonado en el concurso que ganó Boico. Incardoba y Quinteros quedaron en los puestos 20 y 14 del orden pero todavía resta que se corrijan las impugnaciones de los exámenes y que se hagan las entrevistas personales con los postulantes. En esas etapas las posiciones se pueden reacomodar. De hecho, es conocido en el mundo judicial que las entrevistas personales son la herramienta para que determinados candidatos suban lugares. También dependerá de la cantidad de nombres que integran la terna. Son tres por cada cargo -en la Cámara son dos- más una lista completaría cuya cantidad varía según distintas circunstancias.

Del lado de la oposición nombran a Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico que también estaba entre los nombres para el anterior concurso; su colega de fuero Javier López Biscayart; y ponen en la lista a Bertuzzi. López Biscayart quedó 11 en el orden provisorio, Bertuzzi 13 y Yadarola 26.

Bertuzzi es uno de los jueces de la Cámara cuyo cargo está en concurso. El gobierno nacional objetó su traslado durante el macrismo, como el de Bruglia, por lo que se descarta que no será el oficialismo el que lo ratifique para el cargo. “Sabemos que Bertuzzi es difícil, pero en una negociación para la terna puede estar”, sostienen en la oposición.

El primer paso de todo será la definición de los concursos en la Comisión de Selección, lo que se esperaba para lo que queda del mes. Ya después pasará todo al plenario donde se esperan las definiciones para julio si se logran los acuerdos. Los plazos dependerán de los tiempos. Se espera que la Corte Suprema defina si este año hay feria judicial de invierno por lo que la actividad se corta 15 días del mes que viene. El año pasado no hubo feria por la pandemia del coronavirus pero este sí habría.

“Si no acordamos para julio ya pasaría todo para después de las elecciones”, especula un integrante de la oposición. “Cuando podamos, lo sacamos. Y después de las elecciones vamos a estar más fortalecidos porque las ganamos”, responden en el oficialismo. Rosca pura de la política que empieza a calentar motores.

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