La compleja negociación que afronta el Gobierno para sacar la “ley pandemia” en el Congreso: las dificultades que podrían trabar definitivamente su sanción

El lunes 7 de junio por la tarde Alberto Fernández estaba convencido que la denominada “ley pandemia”, para regular las restricciones sanitarias, iba a ser aprobada en la Cámara de Diputados. No tenía estipulado cumplir con la hoja de ruta habitual previo a la emisión de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que conlleva una serie de reuniones con funcionarios del gobierno porteño y bonaerense, los gobernadores y los expertos médicos.

En la Casa Rosada había esperanza de que la ley saliera y el puñado de reuniones habituales tuvo que concentrarse en la tarde del jueves. Fueron convocatorias de emergencia porque en el Gobierno ya tenían en claro que la ley no avanzaba.

Las autoridades legislativas del oficialismo negociaron hasta el jueves a la mañana, día en que el proyecto se trató en comisión, para intentar conseguir los votos que le permitan aprobar la ley en el recinto y terminar con la seguidilla de decretos que el Presidente emitió desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Sin embargo la negociación fracasó y Fernández decidió prorrogar el anteúltimo decreto por dos semanas.

En el Gobierno dejaron entrever que los próximos 15 días servirán para negociar con la oposición y lograr aprobar la ley para que, a partir de la última semana de junio, todas las provincias puedan aplicar las restricciones según los parámetros sanitarios estipulados por semáforo epidemiológico que describe el DNU 287, prorrogado el último sábado.

Sin embargo, en el Congreso las expectativas no son las mismas. En el oficialismo encuentran una traba fundamental para poder avanzar con la ley: los votos. Asumen que los que no se consiguieron hasta acá tampoco se conseguirán más adelante. Hay un motivo. Ninguno de los que se sientan enfrente a negociar tiene intenciones de modificar su postura.

El Frente de Todos necesita 129 votos para lograr la aprobación de la ley en la Cámara baja. Es una mayoría simple. Tienen 118 votos propios y cuentan con 6 más que corresponden al interbloque que conduce el mendocino José Luis Ramón, espacio que suele acompañar al Gobierno. Los cinco votos que faltan, el oficialismo siempre los busca en los legisladores con monobloques, la Izquierda o el interbloque que lidera Eduardo “Bali” Bucca y que tiene 11 integrantes. Ninguno quiso acompañar la iniciativa.

Juntos por el Cambio, los tres legisladores que están referenciados en Roberto Lavagna y los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti (los siete pertenecientes al interbloque de Bucca) consideran que la ley es inconstitucional. La polémica se genera debido a que el proyecto sostiene que si los casos no bajan en un determinado distrito que esté en la categoría “Alarma Epidemiológica” y los gobernadores no toman decisiones a tiempo, el Poder Ejecutivo puede actuar en consecuencia, intervenir y decidir.

Los tres espacios legislativos consideran que la ley interfiere en la autonomía de las provincias y que no tiene futuro. “Bali” Bucca, Enrique Estevez, Luis Contigiani y Andrés Zottos no acompañarían el proyecto tal cuál está. “No hay más diputados”, reconoció uno de los legisladores oficialista que está inmerso en la rosca política parlamentaria. No hay más. Entonces, hay que convencer a los que tienen otra postura o asumir que la ley se desgranará con el paso de los días.

“El proyecto pasa por encima de las facultades que son propias de la provincia. Deberían intentar construir un pacto federal de emergencia por el Covid-19 con todos los gobernadores y después buscar su aprobación en el Congreso”, reflexionó uno de los legisladores del peronismo disidente. Así, entiende, sería la única forma de avanzar con el proyecto.

“Es una farsa. No combaten a fondo la pandemia ni ponen los recursos”, indicaron desde la Izquierda. En Juntos por el Cambio observaron que el Gobierno “persiste en un camino de confrontación institucional” y aseguraron que “el Congreso no podría, aunque quisiera, delegar facultades propias de las provincias”. Todos dicen que no.

Con ese escenario, el oficialismo se encuentra con todos los caminos parlamentarios cortados. Un legislador del peronismo que sigue de cerca las negociaciones consideró en las últimas horas que “es poco probable que esos sectores cambien de parecer” y aseguró que en la Cámara baja no van “a llevar al recinto una ley del Presidente para perder”.

Es un laberinto sin salida. A la falta de votos se le suma la falta de voluntad política de los gobernadores, quienes nunca estuvieron demasiados convencidos de avanzar con ese proyecto debido a que es de difícil cumplimiento. Si la ley se hubiese aprobado el viernes, 21 de las 24 provincias estarían, según el promedio de casos que tienen, en Alarma Epidemiológica, debido a que superarían los 500 casos cada 100.000 habitantes que marca la categoría más grave.

Axel Kicillof no podría haber anunciado el regreso de las clases presenciales y Horacio Rodríguez Larreta estaría obligado a demorar las aperturas que avaló desde este fin de semana. Tucumán no tendría que tener mayores restricciones en la circulación y Córdoba debería aplicar un confinamiento similar a la Fase 1. Ejemplos.

Solo Tierra del Fuego, Misiones y Jujuy no superan ese promedio. Los datos epidemiológicos revelan otro problema que tiene el oficialismo para sacar la ley. A pocos meses de las elecciones ningún gobernador está dispuesto a cerrar todas las actividades después de un año y medio de pandemia. Nadie lo dice en voz alta. Ningún mandatario se propuso militar públicamente la ley, teniendo en cuenta la importancia que tiene para el Presidente poder sacarla. Cada cual atiende su juego.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, es una de las principales impulsoras del proyecto y tiene el apoyo explícito de Alberto Fernández. Pero en los gobiernos provinciales reconocen que la gestión en el territorio es compleja con todas las actividades restringidas. Sufren presiones de los sectores comerciales más afectados que ya no pueden aguantar más tiempo cerrados. “No es lo mismo la gestión en la silla del Ministerio de Salud que en el sillón de un gobernador”, apuntó la mano derecha de un mandatario peronista.

En el kirchnerismo más duro asumen las dificultades de tratar el proyecto de ley a pocos meses de las elecciones. Es un condicionante. La ley, que fue enviada hace un mes por el Poder Ejecutivo, llegó tarde. O, tal vez, llegó a destiempo. Porque está condicionada por un proceso electoral y por una segunda ola que sigue golpeando y restringe los tiempos de negociación. El proyecto cayó en el centro del Congreso y, pese a los esfuerzos de las espadas legislativas del oficialismo, no avanza.

“La ley no va a salir porque está desnaturalizada”, sostuvo ante Infobae un diputado que tiene diálogo fluido con Máximo Kirchner. Si la proyección se cumple, el Presidente tendrá que seguir renovando los DNU cada dos o tres semanas, con el desgaste que implica para la gestión.

Algunos legisladores del peronismo creen que elevar el promedio de casos de las categorías podría ser una herramienta de negociación con los bloques opositores más pequeños. Por ejemplo pasar de 500 a 800 casos cada 100.000 habitantes. “Así les reducís los argumentos a los que no quieren cumplir con la ley”, explicó un diputado con anclaje en la provincia de Buenos Aires. Una opción que no encuentra apoyo en las escaleras del Parlamento.

El problema parece ser mayor porque no solo se trata de destruir el argumento de los gobernadores opositores como Rodríguez Larreta o Rodolfo Suárez, sino de convencer a los propios de que gestionen la aprobación de la ley. La bolilla ya fue tirada varias veces a la ruleta y siempre cayó en 0.

El futuro de la “ley pandemia” es un misterio que, puertas adentro del Congreso, algunos legisladores parecen haber resuelto. Quizás, cuando el oficialismo encuentre la luz verde que le permita avanzar, las restricciones ya no sean tan necesarias como en el presente.

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