Algunos lo llaman “el juego de la silla”, otros la “calesita judicial”. Lo cierto es que la Cámara Federal porteña vive una serie de marchas y contramarchas que postergan las definiciones en las causas judiciales que más interés concentran en la política. ¿Por qué? Porque en el segundo piso de Comodoro Py no paran de aparecer recusaciones y excusaciones por “temor de parcialidad” contra los integrantes del tribunal. La puja está hoy en establecer quiénes serán los jueces que revisarán esos expedientes en vez de qué decisiones se toman.
La mayoría de las presentaciones se concentran en la Sala II de la Cámara Federal. Es el tribunal que preside el juez Martín Irurzun y que se completó este año con el regreso de Eduardo Farah y la llegada de Roberto Boico.
Irurzun es uno de los jueces que quedó en la mira del oficialismo. Farah se había ido de Comodoro Py en 2018 luego de la polémica que se armó con el fallo firmado por el caso Oil Combustibles que en su momento liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, pero el fallo que dictó la Corte Suprema sobre el carácter transitorio de los traslados le abrió la puerta para volver. Boico, ex abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Memorándum, desembarcó a principios de abril luego de convertirse por concurso en el nuevo integrante del tribunal.
En la Sala II es en donde recayeron hoy las causas más sensibles para el macrismo y que el kirchnerismo quiere agilizar: el caso por la llamada mesa judicial del gobierno de Mauricio Macri, la investigación por la que terminó prófugo el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el megaexpediente por el espionaje político que nació en Lomas de Zamora y ahora tramita en el edificio de Retiro.
Pero no son las únicas causas. Y en la Sala I, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, tampoco están ajenos a esta clase de presentaciones. Los dos primeros, que tuvieron en sus manos la explosiva causa de los cuadernos, también fueron blanco de distintos cuestionamientos al inicio de su arribo al tribunal, por su calidad de jueces traslados en épocas del macrismo. Ya hay un concurso en marcha para que sean reemplazados, aunque los magistrados llevaron su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando al Estado argentino.
Muchos de esos planteos de apartamiento no prosperaron. Cuando un juez recibe una causa tiene la potestad de excusarse si entiende que ese expediente que avanza con su intervención pueden ponerlo en riesgo de un juicio político. Allí aparecen razones tales como la amistad o enemistad con alguna de las partes del proceso o el interés personal en el pleito. Pero además alguna de las partes también puede pedir su apartamiento si tiene sospechas sobre cómo podría ser la actitud del magistrado en ese expediente. Tanto como cuando un juez se excusa como cuando lo recusa una parte y éste se niega a apartarse, es otro magistrado el que decide sobre ese pedido de alejamiento. En el caso de la Cámara Federal, es uno de sus pares. Solo un repaso de las últimas presentaciones permite ver el escenario que se genera en el segundo piso cada vez que llega un planteo en revisión.
El caso de Boico es un ejemplo de esas ideas y vueltas. Por su trabajo como abogado previo a ser nombrado juez, Boico ya se excusó de intervenir en una seguidilla de causas. Allí aparece la causa del Memorándum, por haber representado a CFK y al hoy senador Oscar Parrilli, pero también la causa de los cuadernos o la causa conocida como la “ruta del dinero K”. Pero en otras causas fue recusado y entendió que no debía apartarse. Y su suerte fue diversa.
En la causa por la llamada mesa judicial, a Boico lo recusó el ex secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, y el juez Bruglia rechazó el pedido por entender que no correspondía. Pero ahora también lo recusó el ex ministro de Justicia Germán Garavano, algo que está en estudio. A Farah también lo recusaron en ese expediente, y el decidió apartarse.
El argumento fue lo que Farah había dicho en su audiencia ante el Senado de la Nación cuando se debatían los traslados. En ese momento dijo que había sido víctima de un “ataque virulento e injusto” tras su fallo en la causa Oil y en donde las críticas vinieron por parte del entonces presidente Macri.
Otro de los puntos de conflicto es la llamada causa Indalo, en donde la jueza María Servini investiga la denuncia del empresario De Sousa contra el ex presidente Mauricio Macri y varios de sus allegados. Allí De Sousa acusó a Macri de haber encabezado una asociación ilícita para meterlo preso junto a Cristóbal López y desapoderarlo de sus empresas. En ese expediente quedó prófugo Rodríguez Simón, quien solicitó ser considerado un refugiado político en Uruguay.
Ahí, “Pepín” recusó a Farah, quien ya había decidido excusarse antes de que lo corrieran. También recusó a Boico, quien negó su apartamiento. El juez Irurzun no aceptó la recusación contra su colega. Para esa altura “Pepín” ya estaba prófugo y sus argumentos no eran suficientes. Ahora, sin embargo, llegó un planteo similar por parte de la defensa de Garavano.
Del otro lado, De Sousa también recusó a Irurzun. Hablaron de esa foto en la que el juez aparecía con Rodríguez Simón en un bar y que fue conocida a través de una publicación en “El Cohete a la Luna”. El juez explicó que no era amigo ni enemigo de ninguna de las partes y rechazó el pedido. A Bruglia le tocaba definir. Pero Beraldi también recusó a Bruglia. Sobre la recusación de Bruglia, tuvo que opinar Bertuzzi. Resultado: se convalidó a Irurzun en la causa. Ahora, la querella insistió con otro planteo de apartamiento sobre el presidente de la Cámara Federal y volvió a rechazarse, pero Beraldi aún tiene posibilidades de llevar el caso ante Casación.
De la causa de Lomas de Zamora, en tanto, Irurzun está apartado. La inclusión que hizo el ex juez de la causa Federico Villena al sumarlo entre las víctimas del espionaje lo dejó afuera de entender en ese expediente. La revisión de ese expediente quedó en manos de los jueces Farah, Llorens y Bertuzzi. Llorens se quiso excusar cuando se plantearon inhibitorias porque su primo, Rafael Llorens y ex funcionario del kirchnerismo, estuvo preso en la causa de los cuadernos y se constituyó en víctima del caso. Sin embargo, los argumentos fueron rechazados.
No es un dato menor: a la Cámara Federal le tocará revisar los procesamientos que se dictaron en Lomas de Zamora contra los ex jefes de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el ex jefe del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco y un grupo de espías, policías y penitenciarios por integrar una asociación ilícita que espió a políticos propios y opositores, jueces, gremialistas y periodistas, además de presos en la cárcel. En esa causa recibió falta de mérito Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri.
Precisamente, Nieto radicó una denuncia como víctima de la filtración de datos de su teléfono celular, secuestrado en la causa de espionaje. Allí Nieto pidió el apartamiento de Boico por la vinculación que tenía con la ex presidenta y Boico lo rechazó. Pero el juez terminó apartado por Llorens. El macrismo también pidió el apartamiento de Farah, pero en ese caso Llorens entendió que no había suficientes argumentos.
En la Sala I también tienen sus planteos recusatorios. A Bruglia lo recusó el ex funcionario de la AFIP Angel Toninelli por la presentación que hizo el juez junto a su colega Bertuzzi en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el fallo de la Corte y sus traslados. También el abogado Carlos Beraldi buscó apartarlo de la causa de la mesa judicial, por entender que allí podría ser convocado como testigo. Al juez Llorens, lo terminó recusando el juez Juan Ramos Padilla, en el marco de la causa conocida como “Operación Puf” cuando se debatía si se revocaba el archivo de ese expediente, un planteo que no prosperó.
Así las cosas, con este revuelo de composiciones, en varias de las causas terminan trabajando otros magistrados que también quedan en la mira a ser recusados. Según dijeron a Infobae en el segundo piso de Retiro, nunca antes se había visto este “nivel de calesita”. Las causas se convirtieron en una suerte de fixture en donde a los que más se les complica es a los secretarios para tratar de traducir quién es juez en cada causa.
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