El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se refirió a los violentos episodios de ayer entre la policía de esa provincia y vecinos del barrio Los Silos, en la localidad de General San Martín, que culminaron con la muerte de Josué Florentín Lago, un joven de 23 años perteneciente a la etnia Qom. A través de un comunicado, el mandatario puntualizó sobre el accionar policial, dijo que “un episodio de violencia es inadmisible” y exigió el esclarecimiento de lo sucedido.
El mandatario contó que desde Gobernación se contactaron con los familiares de la víctima, “respetando su duelo y poniendo a disposición todas las herramientas del Estado para garantizar la transparencia y el cumplimiento de todos los protocolos en la investigación del hecho”.
En esa línea, apoyó la detención de cinco agentes dispuesta por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña y decidió la “separación inmediata del director de zona y supervisores de la Dirección Regional de la localidad y la designación de un interventor” en el área. Además, ordenó que el Estado provincial se constituya como querellante particular en la causa y que haya una supervisión por parte del Comité de Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nacional y provincial.
Ayer por la mañana, dos patrulleros se dirigieron al barrio Los Silos, después de un llamado al 911 por “un conflicto vecinal”, informó a la prensa el comisario General Ariel Acuña. Sin embargo, de acuerdo al relato del jefe de policía, la presencia de los agentes no calmó la situación sino que, por el contrario, alteró los ánimos de quienes estaban manteniendo una discusión. Aún no está claro cómo se desarrolló el conflicto. Lo cierto es que en un momento dado comenzaron los disparos y, en medio del descontrol, Lago fue impactado por las balas. El joven falleció en plena calle.
Después de eso, la tensión y los incidentes se incrementaron. Un grupo de vecinos enfurecidos fue hasta la comisaría y arrojó piedras y prendió fuego en el interior del edificio. Algunos manifestantes aprovecharon la ocasión para saquear el lugar: en videos viralizados en redes sociales se observa cómo se llevaron un televisor y hasta unas ollas, mientras los oficiales trataban de contenerlos.
En paralelo, otro grupo de manifestantes se reunió sobre la Ruta 96 para protestar y reclamar justicia. Producto de los enfrentamientos frente a la comisaría, al menos 17 policías resultaron heridos. En tanto, los presos que se encontraban dentro de la dependencia tuvieron que ser momentáneamente liberados.
El caso es investigado por la fiscalía especializada en Derechos Humanos de Roque Sáenz Peña. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar si la bala salió de un arma reglamentaria de algún efectivo policial o de un manifestante, ya que la versión policial indica que algunos de ellos estaban armados.
“En medio de tanta tragedia por esta pandemia que nos interpela cotidianamente, no es posible soportar un acción alevosa que viola los principios establecidos en la ley 2011-J de nuestra provincia”, consideró Capitanich.
Y sostuvo: “Un episodio de violencia es inadmisible. No podemos ni debemos admitir en la Policía de la provincia un un integrante que cometa semejante acto de barbarie. La medida disciplinaria de exoneración debe ser automática y la aplicación del Código Penal debe ser rigurosa”.
En sintonía, también remarcó: “La diferencia entre un policía y cualquier otro agente no es solo la portación de un arma, sino contar con conocimientos y entrenamientos especiales para intervenir y manejar estas situaciones, por lo que se espera su accionar siempre sea superior al accionar de un ciudadano común. A mayores conocimientos especiales, mayor responsabilidad. Los valores que debemos defender son precisamente la vida, la libertad, el patrimonio y el honor”.
SEGUIR LEYENDO: