Vacunas: la Auditoría General de la Nación espera un informe del Ministerio de Salud para avanzar en la revisión de los contratos

En medio de los cuestionamientos de la oposición al Gobierno por la demora en la llegada de las vacunas, las negociaciones con los laboratorios, y el ritmo del plan de vacunación, la Auditoría General de la Nación (AGN) comenzó el mes pasado a revisar el cumplimiento de los cinco contratos firmados por el Gobierno nacional, a partir de lo dispuesto por la ley de vacunas sancionada en noviembre del 2020. Entre otras cuestiones, este organismo de control externo quiere saber por qué Argentina contrató el mínimo de vacunas con el fondo COVAX que coordina Naciones Unidas, cuál fue la estrategia de aprovisionamiento de dosis, y verificar si los criterios de distribución recibidas fueron los adecuados.

Bajo la presidencia del radical Jesús Rodríguez, la AGN aprobó realizar esta auditoría en una sesión plenaria a fines de febrero pasado, aunque recién se puso en marcha el mes pasado. Cuatro de los siete auditores responden al oficialismo y los restantes tres son de Juntos por el Cambio.

Para avanzar en la supervisión de los contratos de adquisición de vacunas, la AGN está a la espera de una respuesta del Ministerio de Salud de un pedido con puntos específicos que elaboraron tres auditores. La Comisión de la AGN que le envió el pedido de mayores precisiones sobre los contratos a esa cartera es la de Control de Gestión del Sector No Financiero. La preside el oficialista Juan Ignacio Forlón. Los otros dos integrantes son la ex senadora formoseña Graciela De la Rosa, también del Frente de Todos, y el opositor Miguel Pichetto, de Juntos por el Cambio.

La solicitud, enviada el 13 de mayo, incluye precisiones sobre la cantidad de vacunas solicitadas a los distintos laboratorios y estados, y las arribadas a la fecha, así como cronograma de entrega. También, el costo de cada dosis, y el detalle del monto de dinero adelantado y pagado, entre otros puntos. Asimismo, Forlón De la Rosa y Pichetto le solicitaron en el oficio dirigido a Mauricio Monsalvo, subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, copia de todos los contratos celebrados para la provisión de vacunas contra el Covid-19, y cualquier otro preacuerdo carta de intención, traducidos oficialmente al castellano, ya que por ejemplo, la copia que ya tiene el organismo del acuerdo firmado con Sinopharm, está en chino mandarín. Si bien en la nota se pide una respuesta dentro del lapso de 15 días, la información aún no llegó.

Esa información es necesaria, además, para responder un oficio enviado a la AGN por el fiscal Guillermo Marijuán, en el marco de la causa en la que investiga el presunto incumplimiento del AstraZeneca con el Gobierno argentino. La administración de Alberto Fernández adquirió el año pasado 22,4 millones de dosis de este laboratorio, de los cuales ya deberían haber llegado para mayo 10,4 millones. De la elaboración de esta vacuna participa el laboratorio argentino de Hugo Sigman, mAbxcience, que fabrica el principio activo y lo exporta a México, donde se realiza el procesamiento final. Pese a los compromisos asumidos por el laboratorio anglo-sueco, recién el 24 del mes pasado arribaron las primeras 843.600 vacunas de AstraZeneca. A la fecha, son 3 millones las que desembarcaron en Ezeiza.

Sin embargo, que llegue esa respuesta del Ministerio de Salud no implica que la AGN responda en forma inmediata el oficio de Marijuán. Es factible que prevalezca la posición del oficialismo de informarle al fiscal federal que hay una auditoría en curso sobre el contrato de AstraZeneca, y dilatar una respuesta hasta que la revisión esté terminada. El trabajo tiene como fecha de culminación el 30 de marzo de 2022. “La Auditoría no hace entrega de informes parciales”, le adelantó Forlón a Infobae.

El tema tiene una sensibilidad especial por las críticas de la oposición a la apuesta que el Ministerio de Salud - a cargo en ese momento de Ginés González Garcia- hizo a AstraZeneca, en detrimento de otros laboratorios, como el norteamericano Pfizer. Esta decisión derivó en que los primeros cuatro meses de la campaña de vacunación, el ritmo de inoculación fuera muy lento por la escasez de dosis. En la causa judicial no están imputados funcionarios nacionales, y de hecho Vizzotti fue citada como testigo, ya que el Ministerio de Salud sería un eventual damnificado.

Los cinco contratos - que tienen carácter confidencial - fueron firmados por el Ministerio de Salud de la Nación y los laboratorios de AstraZeneca, el Fondo Ruso de Inversión Directa, el fondo COVAX, el Serum Institute of India, y Sinopharm International. Fueron remitidos a la AGN bajo la condición de que sean mantenidos en reserva, e involucran tres tipos de vacunas: AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

De un primer análisis, según precisó Rodríguez, surge que implican unas 50 millones de dosis por un monto total de USD 380 millones. Al 31 de mayo se recibió el 35% de la cantidad comprometida y se pagó el 58% del total.

El Plan de Vacunación bajo la lupa

A pedido de Rodríguez y Picheto, en la sesión del 24 de febrero, la oposición pidió la inclusión en el Plan Anual para el 2021 de la Auditoría, la revisión del Plan Estratégico de Vacunación aprobado en diciembre del año pasado por el Ministerio de Salud de la Nación. Si bien este punto no fue específicamente votado, y quedó en una suerte de “zona gris”, Rodríguez presentó en abril una nota con 50 preguntas a sus colegas en la Auditoría para avanzar en ese sentido. “Todavía no se aprobó”, le dijo Forlón a Infobae, algo que desmiente el presidente de la AGN, quien aseguró que “está aprobada e incorporado en el plan de acción de este año”.

En una carta con 50 ejes temáticos que Rodríguez le envió como presidente del cuerpo en abril al resto del cuerpo, sostiene que el objetivo de ambas auditorías es “evaluar el grado de eficacia, eficiencia, economía y equidad alcanzados por el Ministerio de Salud en la implementación del Plan”, en función de su cumplimiento y la cobertura alcanzada.

También se evaluará si el Ministerio de Salud adquirió vacunas de modo razonable y económico en cuanto a sus costos, y si el Plan sigue criterios de equidad, es decir si las dosis fueron distribuidas con “proporcionalidad y federalismo”, entre otros puntos.

Esta segunda auditoría implica revisar los criterios de distribución y asignación de vacunas a los distritos, las prioridades de vacunación establecidas en el Plan y su cumplimiento, así como su ejecución. “Puede pasar, por ejemplo, que la distribución de vacunas no tenga en cuenta la población objetivo, entonces que un distrito reciba una determinada cantidad de dosis cuando tiene una mayor proporción de población joven no prioritaria”, explicó Rodríguez a Infobae.

Esta auditoría toca inevitablemente al escándalo del llamado “vacunatorio VIP” por el cual González García fue echado del Ministerio. Este episodio está siendo investigado por la jueza María Eugenia Capuchetti, para determinar si se montó una estructura dentro del Ministerio de Salud para la provisión irregular de vacunas a funcionarios, amigos, familiares y dirigentes políticos, sin razón epidemiológica alguna.

Por este motivo, mientras que la oposición en la AGN busca “activar” esta auditoría del Plan de Vacunación sin dilaciones, el oficialismo parece no tener apuro. Además de Forlón y Dela Rosa, están alineados con el Gobierno el histórico integrante peronista Javier Fernández y Gabriel Mihura Estrada.

“Es del interés de los auditores auditar el Plan de Vacunación, pero no estaba planificado para este año”, agirmó Forlón ante la consulta de este medio. “Vamos a auditar todo el tema vacunas. Pero nosotros auditamos ex post, no en forma concomitante a la gestión, y el Plan de Vacunación está todavía en curso”, sostuvo. Y recordó que el organismo tiene abierta otra auditoría sobre “4 millones de vacunas que se dejaron vencer en un galpón durante la gestión anterior “.

Forlón había tenido en cruce con el otro auditor de la oposición, el radical Alejandro Nieva, en febrero pasado, cuando éste acusó al oficialismo de una “discrecionalidad alarmante” por parte del Gobierno en el reparto de vacunas contra el COVID-19. “Lamentablemente esta propuesta fue rechazada por los auditores justicialistas. Es evidente que hacen falta controles, con esto podrían haber evitado los manejos discrecionales constantes que vemos hoy”, sostuvo en la red social Twitter el ex diputado por Jujuy.

Forlón no se le dejó pasar, y le dijo en el plenario de auditores: “No sé si nos acusa o nos achaca al bloque de auditores oficialistas –dice- la imposibilidad de auditar ciertas cuestiones referentes a las vacunas”. Y agregó: “Esta Auditoría se está abocando al tema salud, se está abocando al tema vacunas y se está abocando al tema COVID, siempre dentro de las competencias que le asignan la ley y la Constitución”.

En su réplica, Nieva respondió que “toda auditoría que se inicia debe comprender, en el período auditado, hasta un mes antes del inicio de la auditoría”. Y así la justificó: “Hay una gran incertidumbre en la población sobre cómo va a avanzar o cómo va a ejecutarse todo el plan de vacunación. Sabemos que hay mucha demora en la llegada de las vacunas, que no se ha cumplido lo previsto inclusive por el propio Poder Ejecutivo. Entonces, el órgano de control por excelencia somos nosotros”.

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