Rafael Bielsa: “La información que da el actual sistema de inteligencia de la Argentina es berreta”

Organizado por el departamento de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella y por la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia, los autores del anteproyecto de ley de Inteligencia expusieron sobre los principales lineamientos de la iniciativa.

Del encuentro -moderado por Vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Toklatian- participaron el ex canciller y actual embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa; el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Alberto Binder; la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche y la directora ejecutiva del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Paula Litvachky.

El primero en exponer fue Bielsa, quien habló sobre la importancia de que la AFI produzca información de inteligencia estratégica que sea puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a fin de ser tenida en cuenta al momento de decidir. El ex titular del Palacio San Martín explicó que el anteproyecto prevé que la Agencia de Inteligencia sea de naturaleza civil cuya finalidad debe ser la producción de insumos que sean de uso y de utilidad para la toma de decisiones del Presidente de la Nación y de algunas otras ramas de la administración, como pueden ser las Fuerzas Armadas, pero a pedido y con una finalidad específica.

Bielsa explicó que existen tres tipos de inteligencia. Una de fuentes humanas, que está en retroceso; otra que es la que obtiene información a través del uso de medios tecnológicos, también conocida como “digint”. El ex canciller señaló que esta modalidad ha venido creciendo mucho, sobre todo en los últimos 10 años, teniendo como principales herramientas big data, machine learning y la inteligencia artificial. Y en tercer lugar, la inteligencia de señales -“sigint”- que es la obtención de información por medio de la interceptación de señales. “Estos conceptos son importantes para empezar a entender qué tipo de inteligencia debe empezar a producir un organismo civil como la AFI”, dijo.

Otra cuestión a tener en cuenta, según destacó, es el modo en que se van a utilizar esos datos que se obtienen. Detalló que hay una inteligencia que se llama operacional que se relaciona con “qué vamos a hacer”, una inteligencia táctica -cómo, cuándo y dónde lo vamos a hacer- y una inteligencia estratégica que tiene que ver con el objetivo de la decisión que se va a tomar, “para qué voy a hacer esto”. La inteligencia estratégica obliga a tener “una visión del mundo y de cómo va a ser la inserción de la Argentina en el mundo y debe brindar información de calidad”, explicó Bielsa.

“La AFI que hemos pensado”, sostuvo el ex canciller, “se ocupa de amenazas externas. La Argentina no puede incidir en la política interna de terceros países pero el Presidente no se puede enterar de un golpe de estado en Bolivia por los diarios. No puede ignorar lo que pasa en el vecindario”.

Como ejemplo de la importancia de la inteligencia estratégica el embajador argentino en Chile mencionó el episodio que terminó con el embargo de la Fragata Libertad por pedido de un fondo buitre. “En ese momento no había un sólo informe que alertara sobre lo que podía pasar.” En ese sentido remarcó que el producto que da la estructura actual del sistema de inteligencia de la Argentina “es berreta”. “¿Para qué está una agencia de inteligencia estratégica?” se preguntó, y agregó “para ayudar al Presidente a tomar decisiones y para que esas decisiones no sean instintivas, que sean decisiones fundadas.”

Otro de los expositores, Alberto Binder, cuestionó el abuso en la participación central de agentes de inteligencia en la investigación de delitos importantes. Esto provocó debilidad y afectó la calidad de las funciones específicas de la inteligencia estratégica. Binder habló de una supuesta corrupción de la justicia penal federal y criticó los vínculos entre abogados, jueces, fiscales y operadores informales vinculados a la AFI. “Esos efectos significan una hecatombe institucional de este sector”, sostuvo el especialista. Asimismo resaltó la necesidad de que alguien tiene que poner alertas tempranas en manos de quienes toman decisiones políticas y agregó que para eso la AFI necesita un plantel de analistas de información que tengan una “altísima formación”.

Al momento de exponer, Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación remarcó la importancia que se le ha dado en el anteproyecto a la protección de datos personales y de la relevancia de los mecanismos de control de la Agencia Federal de Inteligencia y de acceso a la información.

Por último, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky alertó sobre la capacidad de desestabilización institucional que tuvo el sistema de inteligencia en los últimos años por lo que señaló la necesidad desarmar esa lógica de funcionamiento. En ese sentido, Litvachky también remarcó la importancia que se le ha dado al control legislativo en el anteproyecto de reforma de la Ley Nacional de Inteligencia.

El Consejo Consultivo fue creado con el objetivo de asesorar a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y presentó en el mes de octubre del año pasado un anteproyecto para reformar la Ley Nacional de Inteligencia. Según se afirma en la exposición de motivos, la iniciativa busca “dotar al país de una herramienta indispensable para mejorar la calidad de las decisiones, en el contexto de la configuración de las relaciones internacionales y la preservación de sus intereses en un mundo en transformación”.

Según el texto, la nueva ley establece el marco jurídico que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia nacional que desarrollará la AFI conforme a la Constitución Nacional y a los tratados de Derechos Humanos suscriptos y que suscriba la Argentina. Las actividades de inteligencia nacional sólo podrán ser desarrolladas por la AFI. La norma prohíbe la creación, conformación y funcionamiento de cualquier otro organismo o entidad ya sea nacional, provinciales o municipales que planifiquen o ejecuten cualquier tipo de actividad de inteligencia ya sea de un modo permanente o transitorio.

Asimismo, dispone que la producción de inteligencia nacional comprende únicamente actividades de recolección, producción, gestión y análisis de conocimiento orientadas a brindar apoyo a la toma de decisiones de los organismos del Estado encargados de la planificación, formulación, concreción y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad o desarrollo integral. Estas tareas se pueden desarrollar tanto dentro como fuera del país.

Asimismo señala que lo relacionado con la inteligencia criminal será regulado por la ley de Seguridad Interior, la legislación penal y procesal respectiva, y los tratados de cooperación judicial internacional. Por otro lado, las actividades de inteligencia vinculadas directamente a la Defensa Nacional serán reguladas por la ley de Defensa Nacional y los tratados específicos sobre esa materia.

Según el anteproyecto los lineamientos estratégicos y los objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional serán fijados por el Presidente de la Nación, quien podrá convocar a un Consejo Interministerial para que lo asesore y podrá nombrar un Consejo Nacional de Inteligencia formado por expertos o personas de reconocida experiencia en la materia, que podrá funcionar de manera permanente o para un asunto en particular. Estos Consejos no podrán realizar ninguna actividad de inteligencia.

Además prevé la creación, con rango de ministro, del cargo de Asesor Nacional de Inteligencia quien será nombrado y removido por el Presidente de la Nación. Este funcionario actuará como coordinador de los Consejos asesores mencionados si éstos se llegaran a formar y en forma anual deberá presentar un informe de gestión a la Comisión Bicameral de Control de la AFI y al Presidente.

La iniciativa establece que la Agencia Federal de Inteligencia será el organismo encargado con exclusividad del desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia nacional. La AFI será conducida por un Director Nacional que tendrá rango de ministro y será designado por el titular del Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado. El Presidente de la Nación podrá hacerlo cesar en sus funciones y deberá enviar una nueva propuesta a la Cámara Alta en el plazo máximo de un mes.

Asimismo, tendrá como funciones específicas formular un plan de inteligencia nacional, diseñar y ejecutar los programas y presupuestos previstos en el citado plan, planificar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la información para la producción de la Inteligencia Nacional y de la Contrainteligencia. También deberá producir los informes y alertas necesarios para que las instituciones con competencia operativa, puedan realizar medidas preventivas de riesgos, disuadir o conjurar esos riesgos, o iniciar acciones de represión o persecución penal. Estos informes serán presentados exclusivamente al presidente de la Nación, al Jefe de Gabinete, a los Ministros de Seguridad, Defensa y al Procurador General de la Nación, según corresponda. En ningún caso el personal de la AFI podrá participar en actividades de prevención, conjuración, investigación criminal o persecución penal.

Deberá requerir a todos los órganos de la Administración Pública Nacional la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y la cooperación de los gobiernos provinciales cuando fuera necesario, y elaborar el informe anual de actividades de inteligencia para presentar a la Comisión Bicameral, al Asesor Nacional de Inteligencia y a los Consejos Asesores. Se encargará a su vez de la formación, capacitación, entrenamiento y actualización del personal perteneciente la agencia a través de la Escuela Nacional de Inteligencia.

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