La ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri al rechazar las imputaciones en la causa que fue elevada a juicio oral por el juez Julián Ercolini sobre supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la nueva sede del organismo judicial.
En un nuevo descargo, Gils Carbó señaló que entre las dos razones principales que la procesaron por ese expediente fue que había comprado el inmueble “para beneficiar a su ex marido” y que, tras descartarse esa hipótesis, se la acusó porque “direccionó la licitación del inmueble porque quería para mi despacho un ‘edificio señorial’”.
“Más allá de que no existe ese delito, son dos argumentos absolutamente misóginos. Es increíble e intolerable en el siglo XXI”, sostuvo hoy en diálogo con Radio 10. “Son gente que solo se hablan entre ellos mismos. No se dan cuenta que esto implica una acusación por violencia de género contra la primera procuradora mujer”, remató.
La ex procuradora se presentó ayer a una declaración testimonial vía Zoom en la causa en la que se investigan las presiones de la denominada “mesa judicial” de Juntos por el Cambio sobre jueces y fiscales no alineados con la Casa Rosada durante el gobierno anterior. El disparador de la convocatoria fue la declaración del fiscal de la seguridad social Gabriel De Vedia, quien relató bajo juramento un encuentro con el operador judicial del macrismo Fabián Pepín Rodríguez Simón, con quien tenía un parentesco en 2017, durante la máxima tensión contra la ex jefa de los fiscales. En ese contexto, De Vedia le planteó que terminaran con la persecución y la respuesta de Pepín fue que si no renunciaba, irían presa ella y sus hijas.
En su declaración testimonial, Gils Carbó acusó al ex presidente Mauricio Macri ante el fiscal federal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, por haber ejercido violencia en su contra desde el aparato del Estado para obtener su renuncia. Y reconstruyó como fueron “aprietes” de los que dijo haber sido víctima.
“Tuve a (Claudio) Bonadio acusando a mis hijas, solo por tener un portal de noticias, por los delitos de asociación ilícita, coacción, defraudación a la administración pública y violación de secretos. Eran delitos que sumaban como 10 años de prisión. A mi hija mayor le mandaba oficios a todos sus trabajos pasados, presentes y futuros, con el fin de provocar daño”, remarcó en la entrevista radial.
Además, Gils Carbó señaló que la supuesta persecución se inició antes de que Macri asumiera la Presidencia. La ex procuradora planteó que como las presiones no dieron resultado, el tema pasó luego al Poder Judicial, donde a través de una denuncia anónima se la involucró en la supuesta compra irregular de un edificio en la calle Perón al 600 para la Procuración.
“Yo tenía el antecedente de haber frustrado el intento de Mauricio Macri de crear una especie de IGJ porteña, lo cual era un escándalo, violando la ley porque ya había una nacional”, recordó Gils Carbó sobre las razones de la supuesta persecución, y planteó que su perfil como procuradora “experta en delitos económicos y denuncia de fraudes” no era el más conveniente para el oficialismo de turno tras el caso “Panama Papers”, que salpicó al propio ex presidente y su entorno. “El gobierno de Macri le dio prioridad a los negocios, negocios que tenían que ver con empresas poderosas que quedaban a grupos allegados”, manifestó.
En la previa a su renuncia, Gils Carbó reconstruyó que el macrismo “había conseguido un juez Contencioso que dictó como sentencia de que el Procurador se podía remover de cualquier manera”. “Salieron también con un proyecto de ley apoyado por varios bloques que decía que el Poder Ejecutivo podía suspender al Procurador por decisión fundada, y luego se resolvía en la Cámara por mayoría de votos, sin juicio político ni posibilidad de defensa”, rememoró.
“Las instituciones tenían un grado de degradación que hacía imposible tener elementos para permanecer en el cargo”, sentenció Gils Carbó al justificar su salida.
El juez federal Julián Ercolini envió ayer a juicio oral a Alejandra Gils Carbó en la causa por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la nueva sede de la Procuración, tras el rechazo a un planteo de la defensa para apartar al magistrado del expediente por “temor de parcialidad”. El magistrado dio por terminada la instrucción y dispuso su sorteo ante un Tribunal Oral.
La ex Procuradora de la Nación se encuentra procesada por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública” en la causa que investiga la compra de un edificio en la calle Perón al 600 pagado en $43.850.000, en la que 3 millones fueron para una comisión que cobró el hermano de un subdirector de la propia Procuración. Ercolini la había procesado por presunta “administración fraudulenta”, un delito más grave, pero la Cámara Federal redujo la calificación a “negociaciones incompatibles” .
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