El gobierno de Alberto Fernández no desaprovecha la oportunidad en difundir cada vuelo que aterriza con los embarques de Sputnik V y Sinopharm. Se alegra porque “se alcanzó el récord diario con más de 304 mil aplicaciones en todo el país”, y porque ya ingresaron 18.450.150 dosis. También remarca que se aplicaron 13.079.195 dosis. Datos positivos pero que llegan con al menos un cuatrimestre de retraso, según las previsiones realizadas por el entonces ministro de Salud Ginés González García y su grupo de infectólogos expertos. De ese núcleo formaba parte Carla Vizzotti, la actual titular de la cartera y una autoridad en el tema vacunas.
El Plan A que tenía el gobierno nacional para contener el avance de la pandemia era la inoculación contra el COVID-19. Israel fue un ejemplo de ellos.
Para esta época, la proyección de la Casa Rosada era tener inoculadas a más de 25 millones de personas, como mínimo.
Tal era la confianza de lograr ese cometido que en el Presupuesto Nacional -tampoco en el de la provincia de Buenos Aires- no se tomó el recaudo de disponer de partidas adicionales para la compra de insumos para salud. Sí se había hecho en el presupuesto elevado al Congreso un año antes.
Esta carencia ya se hace sentir. Hay intendentes que le aseguraron a Infobae que, ante la falta de dinero para afrontar la segunda ola, debieron comprar con fondos propios insumos esenciales, barbijos, kits de protección, combustibles y repuestos para ambulancias para los hospitales provinciales que funcionan en sus distritos.
“Es una barbaridad que no se haya puesto ni una línea en el Presupuesto para la compra de insumos y ampliación de camas de terapia ante la segunda ola”, le confirma a este medio el economista Miguel Ponce y agrega: “Por esa razón dije públicamente que esto se incluya en el último punto del Impuesto a la Riqueza que destina el 25% a la exploración petrolera; pero tampoco se destinó un solo centava para la pandemia”, amplió.
La demanda es altísima. Los pacientes saturan las guardias, shockrooms, salas comunes y de terapia intensiva de los hospitales.
En hospitales del AMBA se abrieron salas especiales para pacientes graves con COVID-19 sin bocas de oxígeno, sin respiradores, solo para que no mueran en una camilla. Así de brutal es la realidad que golpea al país, aunque se intente ocultar.
Esto no ocurre solo en el conurbano, provincias como Formosa, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, entre otras, además de la región del Área Metropolitana de Buenos Aires, tienen su sistema de salud, tanto público como privado, colapsado.
El fracaso del único plan del Gobierno para contener la segunda ola de coronavirus -además del aislamiento- se traduce en la saturación de camas UTI y la altísima cifra de muertes que cada 24 horas registra el ministerio de salud de la Nación.
Según esos partes diarios, el número de internados graves en las unidades de cuidados intensivos de todo el país no paró de crecer ni un solo día.
Los últimos diez días, entre el 25 de mayo y el 3 de junio es una muestra de esto. La evolución (como se observa en el gráfico) es contundente:
En el feriado patrio del 25 de mayo los pacientes en las UTI de la Argentina era 6.552, al otro día ya se habían incrementado a 6.644, el 27 de mayo eran 6.802; a las veinticuatro horas la cifra creció a 6.872; el 29 de mayo era de 6.909 y el 30 de mayo ya se había superado a los siete mil internados, 7.206; el último día del mes, los internados ya eran 7.325.
En junio la suba de pacientes graves siguió en ascenso: el día 1, los pacientes se incrementaron a 7.417, el 2 de junio eran 7.614 y el jueves pasado 7.698, el más alto desde que comenzó la pandemia.
Es decir que entre el 25 de mayo y el 3 de junio, 1.146 nuevos pacientes ingresaron a las camas de cuidados intensivos de la Argentina
En ese mismo período las muertes notificadas por el ministerio de Vizzotti fueron 5.402.
Las estadísticas son dramáticas: 7 de cada 10 mayores de 60 años que ingresan a las UTI mueren, así lo reconoció Daniel Gollan, el ministro de Salud bonaerense.
Claudio Santa María, médico, docente y rector de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud explica de esta manera la relación entre los fallecidos y los ingresados a las camas UTI: “Que mueran más pacientes de los que ingresan quiere decir que el colapso ya está, y que se acumulan los muertos sin parar porque no llegan con las bocas de oxígeno, los respiradores no alcanzan, los pacientes están muriendo fuera de terapia. Los profesionales y los insumos no dan abasto, no alcanzan”.
La inoculación masiva contra el nuevo coronavirus siempre fue la solución. El Gobierno lo sabía, se lo recomendó el equipo de expertos que al menos al comienzo de la pandemia asesoraba a Fernández, pero las medidas adoptadas fueron insuficientes; o no se tomaron las previsiones adecuadas, como sí lo hicieron otros países de la región.
El propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció en el Senado de la Nación, por ejemplo, que no se compraron todas las vacunas disponibles para el país ofrecidas por el Fondo Covax.
El país decidió realizar una alianza “ideológica” para la adquisición de un bien escaso en el mundo, con Rusia y China, en vez de gestionar una canasta de varios laboratorios como hicieron otros países de la región, basta observar del otro lado de la cordillera.
Terapias desbordadas
El bajo porcentaje de vacunados en el país cuando impactó la segunda ola, las nuevas cepas que tienen mayor contagiosidad, y la incidencia de la enfermedad en los grupos etarios que no habían sido inmunizados tuvo incidencia directa en las unidades de cuidados intensivos.
Así lo refleja el último informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicado por Infobae. De todos los pacientes internados en las UTI, el 86,2% no estaban vacunados. En contrapartida, el 12,3% de los pacientes en UTI con COVID-19 fueron vacunados con una dosis al menos 15 días antes de la internación, y un 1,5% con dos dosis.
El mismo trabajo remarca que: “Hay un 8% de pacientes con ventilación mecánica asistida en salas comunes” porque ya no hay disponibles camas de cuidados intensivos en clínicas y hospitales.
Pablo Figueroa, el gerente médico de una red de prestadores de clínicas del conurbano bonaerense le confió a este medio que ya tuvieron que aplicar el ‘Protocolo de última cama’. Fue un día que llegaron cuatro pacientes graves en un corto lapso, todos necesitaban ser internados en terapia y recibir respiración mecánica.
El jueves 3 de mayo, en un hospital de la zona oeste del conurbano, un paciente de 45 años en estado desesperante esperaba una derivación desde hacía 24 horas y no se conseguían camas. Finalmente falleció.
Infobae no publica el nombre del hospital público ni el municipio por pedido del director del lugar que teme ser sancionado si se divulga el caso.
“Diez millones de vacunas entre enero y febrero”
La demora en la llegada de las vacunas al país queda reflejado en las palabras que el propio mandatario expresó el 10 de diciembre pasado y que fueron subidas a la web de Presidencia de la Nación dos días después.
“El presidente Alberto Fernández anunció el 10 de diciembre, desde Casa Rosada, que el Gobierno nacional firmó el acuerdo con la Federación Rusa para la llegada al país de la vacuna Sputnik V que permitirá inmunizar, entre enero y febrero, a 10 millones de personas, en el marco de las medidas que se llevan adelante contra el coronavirus COVID-19”.
En ese anuncio, el mandatario dijo: “En el día de ayer (9 de diciembre) hemos suscripto el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina”.
Fue en la Sala de Conferencias, donde estuvo acompañado por su entonces ministro González García.
Sobre ese punto Fernández detalló: “Vamos a poder contar con las dosis suficientes para poder vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas. Los tiempos de entrega se estiman en una primera remesa de 600 mil dosis para vacunar a 300 mil personas antes de fin de año, en enero con dosis suficientes para 5 millones de personas, y en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para alcanzar la vacunación de las 10 millones de personas que estamos previendo”.
Pocos lo recuerdan pero el embajador argentino en China, Luis María Kreckler, fue desplazado por Fernández por la demora en la negociación para obtener 30 millones de dosis de la vacuna china contra el COVID-19 fabricadas por el laboratorio chino Sinopharm.
En su lugar fue designado Sabino Vaca Narvaja, uno de los tres hijos de Fernando, uno de los líderes de la organización Montoneros durante la década del ’70 y hermano de Camilo, ex pareja de Florencia Kirchner.
No fue todo, cuando llegaron las primeras remesas se descubrió que había vacunas que no se inyectaban en los brazos de los grupos vulnerables, o entre el personal de sanidad.
Había vacunados VIP, que se salteaban la fila, y que el vacunatorio para los privilegiados funcionaba en el edificio del ministerio de Salud de la Nación. El escándalo terminó con la gestión de González García.
Hay datos oficiales que explican la tensión del sistema de salud. Cinco provincias con sus terapias intensivas en un 90% de su capacidad, siete al 80% y nueve al 70%.
El reporte de ayer del ministerio de Salud de la Nación reflejaba que la ocupación actual de camas UTI en el país es del 78,2% y en el AMBA, 75%, el porcentaje más alto desde el inicio de la pandemia.
Un informe reservado del Ministerio de Salud de la Nación de marzo del año pasado proyectaba que, si en el país no se hacían las cosas bien, la pandemia del nuevo coronavirus podía infectar a 2.200.000 personas y matar a 60.000.
Las previsiones fueron largamente superadas: los infectados al día de ayer ascienden a 3.915.397 casos positivos y los fallecidos 80.411. Cifras que interpelan las decisiones políticas y sanitarias que asumió Alberto Fernández para contener al COVID-19.
Al confrontar estos datos con funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires consideraron en aconsejarle a Infobae “mirar hacia adelante”, sin embargo, solo mirando “hacia atrás”, se pueden encontrar las razones por las cuales se llegó a la trágica situación sanitaria que viven la mayoría de las regiones sanitarias del país.
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