Tierra del Fuego, la provincia afín al Gobierno que pide que no se la considere de “alto riesgo”

El conflicto entre la Nación y los gobernadores por la incidencia de las medidas nacionales a nivel local afecta las relaciones del Gobierno con los principales dirigentes de distritos opositores -con la pelea con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la cabeza-, pero también genera roces con jefes provinciales afines. El gobernador de Tierra el Fuego, Gustavo Melella, referente peronista cercano a la administración de Alberto Fernández, mantiene hace semanas una disputa, por lo bajo, con el gobierno nacional, por la aplicación del semáforo sanitario en su provincia.

Según pudo reconstruir Infobae, la gobernación le pide insistentemente al Ministerio del Interior y al de Salud que no se considere a la provincia como área en “alto riesgo epidemiológico”, según la clasificación definida por el Gobierno para aplicar restricciones contra los contagios de coronavirus, a través del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que se basa en la “incidencia” de casos cada 100.000 habitantes.

“La Nación se basa en el censo de 2010 (que el año pasado debió suspenderse por la pandemia), pero nuestra población se duplicó en los últimos diez años, y la cantidad de casos que tenemos por semana, en relación con la cantidad de habitantes, pero también la ocupación de camas, no amerita que tengamos todo cerrado a rajatabla”, dijo una fuente provincial a este medio. Según el último registro del INDEC, Tierra del Fuego tiene 126.000 habitantes. Hoy, en la provincia aseguran que rondan los 230.000.

En el informe semanal, que la provincia emite todos los martes, se registró que en la última semana se detectaron 182 nuevos contagios de coronavirus en Ushuaia, 166 en Río Grande y 5 en Tolhuin; que actualmente hay 14 pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva en toda la Provincia. Hasta el martes había 272 casos activos en Tierra del Fuego, y 28.159 casos confirmados acumulados desde el comienzo de la pandemia.

La oposición provincial, crítica de la gestión local de la pandemia el año pasado, se muestra en sintonía con la gobernación. Si bien hay cuestionamientos a la falta de decisión de las autoridades locales para resistir las medidas nacionales, Juntos por el Cambio acompaña, en la Legislatura, la postura de la provincia. “Estamos preocupados. Se están planteando muchas dificultades económicas y no vemos horizonte de que vayan a mejorar. Más allá de la voluntad, o falta de voluntad del gobierno de la provincia, los están condicionando en cuestiones económicas y los están obligando a aplicar medidas con las que no están de acuerdo”, dijo un legislador opositor fueguino.

Ante el reclamo, el oficialismo local recibió una negativa de la Nación y se vio obligado a aceptar acompañar las medidas nacionales, pero a medias. Durante el confinamiento estricto por 9 días, si bien se prohibieron las reuniones sociales en espacios abiertos y cerrados (privados); se cerraron los gimnasios y centros deportivos; y se restringió la circulación entre las 18 y las 6, la actividad comercial y gastronómica funcionó de manera “casi” normal (con atención dentro de locales, restaurantes, y confiterías hasta las 18); y las obras públicas y privadas, así como las actividades industriales estuvieron activas, aunque con protocolos.

Sin embargo, permanece la preocupación por la actividad turística. La vida económica de Tierra del Fuego depende en buena parte de la temporada invernal, a nivel doméstico, y de la llegada de visitantes internacionales que llegan en verano, por ejemplo, en cruceros que desembarcan turistas varios días en Ushuaia.

Este año esperan una segunda tanda de cierre de los centros invernales, que se sumará a la cuarentena de seis meses que tuvo lugar en 2020 y a la restricción de ingresos de turistas desde el exterior. “Nos piden que nos solidaricemos, y así lo hicimos. Pero nos tenemos que adelantar y tener en cuenta la baja que, ya sabemos, vamos a registrar en las vacaciones de invierno. El sector del turismo está muy golpeado y tenemos poca espalda para seguir subsidiando la crisis”, dijo una fuente provincial.

La principal preocupación el perjuicio para la actividad turística en la zona sur de la provincia, donde el sector hotelero está particularmente complicado. “Con esto de los cierres intempestivos, no se avizora un buen panorama para la temporada invernal. Va a ser el sector más afectado de nuestra economía”, sostuvo un dirigente de PRO.

En la Nación tomaron nota de la desobediencia de la provincia. “Todos los gobernadores tienen presiones de los sectores económicos de sus provincias. En Tierra del Fuego protestan, pero terminaron abriendo bastante. El fin de semana largo (del 25 de Mayo) en Ushuaia estaban abiertos hasta los shoppings ”, dijo un vocero de la Casa Rosada a Infobae, con evidente molestia. De todas formas, la reacción fue mínima si se compara el pase de factura con los cuestionamientos públicos a la Ciudad de Buenos Aires, a Mendoza -que gobierna Rodolfo Suárez- y a Córdoba -de Juan Schiaretti- por las clases presenciales.

A partir del lunes, Tierra del Fuego volvió a la fase previa al confinamiento, pero de cara a las medidas “intermitentes” que planea la Nación para el invierno, mantendrán en pie el reclamo de que se tenga en cuenta la población estimada actual, y no la registrada hace once años, para clasificar la situación epidemiológica de la provincia.

Por ahora, aseguraron en el Gobierno, descartan eximir a la provincia de las restricciones nacionales. “Se tienen que plegar, no están en verde. Su acumulado de casos supera a provincias que tienen poblaciones más extensas”, argumentaron. En la Nación está latente el malestar que escaló hace tres semanas, cuando el grueso de los gobernadores se mantenía reticente a aplicar medidas más enfáticas para bajar los contagios, a pesar de la insistencia de Alberto Fernández. Buscaban evitar el daño social, político y económico en sus distritos. Finalmente, para la última tanda de medidas, hace doce días, todos se plegaron al pedido de Alberto Fernández y hubo consenso. Sin embargo, algunos reclamos continúan, y otros renacen, sin distinción de color político, por la preocupación de cada jefe provincial sobre la situación local.

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