La ley que establece el nuevo cronograma electoral a raíz de la situación epidemiológica que atraviesa la Argentina fue promulgada este viernes por el Gobierno. De esta forma, por única vez, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el segundo domingo de septiembre, mientras que las generales para votar el recambio de legisladores tendrá su lugar el segundo domingo del mes de noviembre.
El presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro firmaron el Decreto 357/2021 que promulga la Ley N° 27.631 sancionada por el Congreso Nacional el pasado 2 de junio.
Con la publicación de hoy en el Boletín Oficial se completó el paso formal para oficializar la modificación de las fechas de los comicios “por única vez en contexto de pandemia por COVID-19″.
La iniciativa del Frente de Todos, que contó con el aval de la oposición, establece que las PASO se llevarán a cabo el 12 de septiembre y las elecciones generales el 14 de noviembre. Originalmente, las Primarias estaban previstas para el 8 de agosto y las generales para el 24 de octubre, por lo que el retraso sería de cinco semanas en el primer caso y de tres en el segundo.
En esas fechas se votará para renovar la mitad de la Cámara de Diputados (127 de 257 bancas) y un tercio del Senado (24 de 72). Las provincias que eligen senadores son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
El artículo 3 de la norma también modifica “por única vez”, “con carácter de excepción” y “solo para las elecciones nacionales 2021″, el plazo previsto para el registro de candidatos y pedido de oficialización de listas, que será “de hasta 45 días anteriores a la elección”.
Mientras que el plazo previsto para el inicio de la campaña electoral será de 45 días antes de la fecha de las elecciones generales.
En el artículo 6 se estableció que la presente ley “no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso”. La redacción de este punto surgió como respuesta a planteos de la oposición que expresó su desconfianza para con el oficialismo con respecto a la posibilidad de volver a modificar el calendario electoral. Es un hecho que, tras transitar los meses más fríos del año y lo que se supone será el pico de la segunda ola de contagios de COVID-19, las elecciones serán el segundo domingo de septiembre y de noviembre. Los gobiernos nacional y provinciales buscarán aprovechar este tiempo para avanzar con la campaña de vacunación.
Durante el debate legislativo, Consenso Federal puso sobre la mesa el pedido para que además del cambio de fecha se apruebe el uso obligatorio de la Boleta Única de papel. Desde el Gobierno nacional consideran que no hay margen temporal para aplicarla este año, sin embargo desde el lavagnismo presentaron un nuevo proyecto para que se instrumente a partir del 2023, pero que sea aprobado este año. El Frente de Todos y Juntos Por el Cambio acordaron “formar un comisión” para tratar el tema que hasta el momento no prosperó.
Finalmente la ley fue sancionada el pasado 2 de junio por el Senado de la Nación. En sus fundamentos, se planteó que “el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios”.
La iniciativa también hace referencia a que “durante ese lapso de tiempo adicional se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las veinticuatro jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico”.
En los últimos días se confirmó que la empresa española Indra ganó la licitación pública internacional para la contratación del “diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de digitación, procesamiento y publicación” del escrutinio provisorio de las PASO y de las elecciones legislativas de este año, por la suma total de $1.594.702.340.
Qué se va a votar
En el caso de la Cámara de Diputados de los 127 lugares que se ponen en juego 60 pertenecen a Juntos por el Cambio y 51 al Frente de Todos. Con este escenario, el oficialismo tiene un panorama más favorable ya que arriesga 51 de los 119 legisladores de su bancada, lo que le permitiría alcanzar quórum propio si realiza una elección parecida a la del 2019, con 129 bancas propias.
Por su parte, Juntos por el Cambio pone en juego 60 bancas de las 115 que tiene en Diputados y para mantener los mismos números, debe repetir la elección de medio término de 2017, cuando la misma coalición era Gobierno.
De esas 115 bancas, el PRO pone en juego 26 de sus 53 escaños, la UCR 26 de 46 y la Coalición Cívica 7 de sus 14 miembros. En tanto, el Frente Cívico y Social revalida uno solo.
Por su parte, el interbloque Federal que preside Eduardo Bucca tiene 11 miembros y pone en juego 7, ya que Córdoba Federal tiene que revalidar tres de sus cuatro bancas, el bloque Justicialista sus dos lugares, Consenso Federal un sitio mientras que el Frente Progresista busca sostener su única representación.
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