El microclima del oficialismo, desde hace varias semanas, viene girando en torno a la necesidad de bajar el ruido de la interna -disimularla, porque está planteada en todos los temas sensibles de gestión- y definir un par de ejes claros, también obvios, para colocarse a la ofensiva política. Un esbozo de campaña, aunque ese término sea tachado formalmente de la agenda frente a las restricciones por el coronavirus, con su impacto social y económico. En ese bosquejo se destacan dos rubros: la necesaria aceleración del plan de vacunación y la ecuación ingresos y salarios. La llegada de embarques a mejor ritmo generó en los últimos días un entusiasmo propio de microclimas. Y en sentido contrario, el proceso inflacionario repuso las complicaciones en el frente gremial.
Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ya empezaron a exponer algunas pinceladas de la intención básica del oficialismo: colocarse como abanderado de la vacunación y descargar la responsabilidad por el dramático cuadro de contagios y muertes en la oposición y, si hace falta, en los gobernadores incluso al límite de lastimar más la relación con algunos del PJ. Es un recurso discursivo difícil frente a la realidad. Pero es una línea de trabajo en los encuentros entre el Presidente, Sergio Massa, Eduardo Wado de Pedro y en algunos casos, Máximo Kirchner. También, en la mesa bonaerense que reúne al parecer cada vez más regularmente a varios de ellos y Axel Kicillof.
Por supuesto, nada es lineal. Y hay cuestiones en las que además el Gobierno se enreda sólo. El caso más ruidoso es sin dudas el hasta ahora frustrado contrato con Pfizer. Han dado explicaciones a veces contradictorias y siempre poco precisas desde el Presidente hasta la ministra Carla Vizzotti y su antecesor, Ginés González García. Ahora se suma la información sobre el rechazo a la vacuna de ese laboratorio incluso como parte del fondo Covax. El Gobierno salió a desmentir lo dicho por el funcionario de ese programa internacional. Un punto que suma voltaje a la presentación de Cafiero en el Senado. Si no hay contramarcha, será mañana, con foco y cruces entre oficialismo y oposición asegurados.
El microclima referido se nutre de lo que algunos voceros no se cuidan en festejar como una “lluvia de vacunas”, frente a un cuadro social y cifras de víctimas que demandarían un perfil al menos más cuidado. El Gobierno no expresa autocrítica alguna sobre los problemas para adquirir vacunas, incluso para hacer cumplir contratos con diferentes proveedores, que en conjunto suman caso 400 millones de dólares. Lo presenta como una batalla desigual -lo cual es un dato cierto- pero que otros países de similar o menor peso internacional libraron con mejores resultados.
El Gobierno contrapone entonces cada embarque casi como un éxito de escala mundial. No repara en los costos sanitarios, en algunos casos irreparables, de la crisis agudizada además por cuestiones al menos discutibles de la administración de las restricciones. Por el contrario, insiste con colocar las culpas en la responsabilidad o irresponsabilidad de los gobiernos locales, de algunas provincias en particular -últimamente Santa Fe además de Córdoba, entre las gestiones de signo peronista- y con especial énfasis en la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
Cafiero sostuvo en declaraciones radiales que el objetivo de bajar los registros de contagios depende en buena medida de la aplicación de los decretos presidenciales y dijo que los distritos que no las cumplen rigurosamente son “los que están teniendo los casos más altos”. El foco incluye a la Ciudad de Buenos Aires pero se extiende a Córdoba y Santa Fe, que desplazaron a la Capital al cuarto lugar en el lista del país. Las cifras en términos brutos se corresponden bastante con la expansión nacional de la “segunda ola” y con la población de cada provincia. Esa proporcionalidad no cuadra, por ejemplo, con uno de los “modelos” elogiados hasta hace poco, Formosa.
El Presidente fue más lejos y cargó sobre los distritos que decidieron mantener o volver a las clases presenciales. Dijo que juegan con fuego y que ese fuego “va a quemar a la gente”. Una manera fuera de registro para descargar culpas sobre posibles picos de contagios. Con todo, Olivos advierte que mantener el confinamiento severo es un problema grave frente al agotamiento social y la crisis económica. En cambio, desde el kirchnerismo duro y en especial desde la provincia de Buenos Aires se tensa la interna con el reclamo de una restricción dura y prolongada para vacunar y frenar los contagios más allá de los costos. Prevalece la idea de que el camino del desgaste podría ser desandado más cerca de las elecciones.
La preocupación presidencial por el factor de la crisis es alimentada además por la persistencia de los altos niveles de inflación. A pesar de limitar aumento de tarifas -decisión destacada por Alberto Fernández, aunque tratando de no afectar más a Martín Guzmán-, del dólar “pisado” y de las advertencias y presiones para frenar los precios, el IPC sumó en el primer cuatrimestre un 17,6%. Las proyecciones para el cierre de mayo se ubican apenas por debajo del 4%, con lo cual los cinco primeros meses del año rondarían los 22 puntos.
Esos niveles dejarían fuera de juego las proyecciones presupuestarias, tema que seguramente también deberá enfrentar Cafiero en el Senado. Pero además, ha colaborado, mucho, a tensar el frente sindical, una pieza central del Gobierno, junto a los movimientos sociales, para contener la situación en medio de la crisis y en la perspectiva electoral.
Se cruzan dos elementos. Uno es de carácter doméstico, tradicional aunque potenciado por las exigencias a que fueron sometidas las obras sociales sindicales en esta larga pandemia. La pelea por el control o la influencia en la Superintendencia de Servicios de Salud es un clásico. Esa disputa reapareció luego de la designación de Daniel López, del sector de Ginés González García, en reemplazo del fallecido Eugenio Zanarini. Pero de golpe, volvió a circular la versión de un desembarco de La Cámpora, en las principales gerencias del organismo.
Cafiero fue el encargado de hacer llegar a los jefes de la CGT la promesa de que no se produciría tal movida camporista. Y por otras vías, habría circulado el mismo mensaje. No se trata sólo de una preocupación de la conducción cegetista, con Héctor Daer, los gordos e independientes como principales socios. La preocupación cruza a otros sectores, enfrentados por el manejo de la CGT, pero que también demandan el control de la superintendencia, como el moyanismo.
El otro problema tiene que ver de manera directa con los ingresos. Y era previsible con sólo observar el grueso de las paritarias que se fueron firmando desde que el Gobierno pidió a los jefes sindicales no ir mucho más allá del 29% fijado en el “programa” -el Presupuesto- elaborado por Economía. La cláusula de revisión fue el mecanismo para reemplazar a la cláusula gatillo frente a la inflación. Hoy, distintos gremios advierten que está claro que se irá más allá de los acuerdos en torno del 30 por ciento. Otra señal para las mesas de análisis que empiezan a dibujar estrategias de campaña.
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