Pfizer: la historia de una misteriosa y accidentada negociación que empezó hace un año y no prosperó

El 10 de julio del año pasado, Pfizer, el mayor laboratorio farmacéutico del mundo, anunciaba que comenzaría a testear su vacuna -que en ese momento se encontraba en una fase clínica avanzada- en la Argentina. Había pasado apenas un mes del comienzo de las pruebas iniciales en Estados Unidos y en Alemania. Y el laboratorio festejaba la reciente aprobación de la Administración Federal de Drogas (FDA), la agencia del gobierno estadounidense encargada del control de los medicamentos, para avanzar a pruebas de eficacia.

Cuando comenzó la relación con el consorcio farmacéutico internacional, a mediados de mayo, había muchos países interesados. En el proceso de seleccionar a Argentina por sobre otros países para probar esta vacuna, intervinieron directivos del laboratorio y un médico argentino. Las conversaciones telefónicas y por Zoom habían comenzado en mayo y conectaban a los hombres y mujeres de la compañía farmacéutica con el doctor Fernando Polack, director de la Fundación Infant, quien realizaba por entonces un estudio sobre plasma contra el coronavirus.

“Muchas veces, si tenés el privilegio científico de participar en la evaluación de una vacuna, contribuís a posicionar potencialmente mejor a tu país en la fila de espera de la distribución”, explicaba en ese momento Polack, quien también mantenía informado a Alberto Fernández sobre los detalles. “De otro modo hay que aguardar que -en caso de que la vacuna sea eficaz- la fabricación escale y esperar detrás de países con más fuerza comercial o estratégica”.

En ese momento, el Presidente estaba entusiasmado con Pfizer, que está integrado por empresas de Estados Unidos y Alemania, y era optimista sobre la posibilidad de tener 3 millones de dosis de la vacuna en diciembre. Por eso envió al canciller Felipe Solá a la embajada de Estados Unidos y le pidió que facilitara la eventual importación de las vacunas.

En paralelo, logró que el Congreso aprobara una ley a la medida del consorcio farmacéutico. Pfizer entendió el gesto presidencial y anunció que las primeras vacunas en la Argentina se aplicarían al mismo tiempo que en los Estados Unidos. Se trató de una actitud muy valorada en la Casa Rosada.

Sin embargo, los meses pasaron y las negociaciones no prosperaron. Llegó diciembre, y las primeras vacunas de Pfizer empezaron a aplicarse en Estados Unidos y a llegar a Chile. Al cumplirse la fecha prometida, entre cuestionamientos por la incipiente falta de vacunas, Alberto Fernández y su ministro de Salud, Ginés González García -el principal encargado de las negociaciones-, salieron a brindar argumentos jurídicos basados en la responsabilidad penal del Estado.

“Pfizer nos pidió una Ley de Vacunas, y nosotros cumplimos. Ahora nos piden otra ley para evitar responsabilidades penales si las vacunas causan daños físicos. Esa inmunidad jurídica no se la vamos a dar. Ellos son responsables de las vacunas. No es el Estado nacional. El Estado compra y ellos venden. No entiendo por qué tenemos que darles una norma que los pone al margen de las responsabilidades civiles y penales”, explicó Alberto Fernández, en Olivos, cuando se acercaba Navidad.

Mientras tanto, Pfizer explicó que no se había producido un acuerdo, en buena parte, porque la Argentina no quería pagar los costos del transporte que ejecutaría la compañía transportadora global DHL, en donde el laboratorio deposita buena parte de sus operaciones (fue DHL quien llevó las dosis a buena parte del mundo, incluidos Israel y Chile). Como las dosis se transportan a 70 grados bajo cero, el consorcio farmacéutico no aceptaba la mínima excepción al momento de evaluar las condiciones de carga, descarga y almacenamiento de sus propias vacunas.

Las dudas sobre los motivos del fracaso de la negociación con Pfizer empezaron a crecer. La gran pregunta era qué había pasado realmente, después del empujón inicial, de la participación de la Argentina en las pruebas iniciales, del interés de Alberto Fernández.

Una de las primeras pistas surgió en febrero pasado, cuando el diario La Nación publicó una serie de mails entre el entonces ministro de Salud, Ginéz González García, y Pfizer, enviados entre el 11 y el 15 de diciembre, y que mostraban cierto grado de tensión.

En una de las misivas, el ministro le recordaba al gerente general del laboratorio en la Argentina que el gobierno nacional había manifestado tempranamente “interés en el acceso oportuno a la vacuna contra la COVID-19”. Y remarcaba que el Gobierno había ofrecido “remplazar condiciones de indemnidad por una póliza o seguro de caución en Nueva York, pero éstas no fueron aceptadas por Pfizer”. “En este contexto, se pretendió imponer al Gobierno Argentino que aceptara firmar el contrato en un plazo de una semana, sin contemplar los principios que deben primar en toda la actuación de la Administración Pública”, expresaba el ministro en su mail.

Por último, el funcionario reiteraba el interés y compromiso por adquirir la vacuna, que definía como “de amplio prestigio y trayectoria en el país”. “Mantengo nuestra disposición para encontrar un acuerdo factible y legalmente válido que garantice la provisión de un insumo fundamental para la salud de la población argentina”, terminaba.

Las incógnitas siguieron, entre acusaciones cada vez más fuertes de la oposición, que insistía en remarcar la falta de acuerdo y las actitudes, al menos, negligentes del Gobierno en las negociaciones. Pero la semana pasada, una de las máximas referentes opositoras fue más allá. La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, alertó en TV de que el ex ministro de Salud, González García, había pedido “un retorno”, es decir, coimas, al laboratorio, que el presidente Alberto Fernández “no ignoraba”, y que por este motivo el acuerdo con el consorcio se había complicado.

La denuncia causó un cimbronazo y tanto Pfizer como el Gobierno salieron a negarla públicamente. El laboratorio emitió un comunicado en el que sostuvo que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento” y añadió que “la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19”. El Ministerio de Salud y la Presidencia fueron más allá, e iniciaron acciones legales contra la ex ministra de Mauricio Macri para demostrar lo contrario. Vizzotti pidió que investiguen las declaraciones de Bullrich porque podrían configurar un delito, “ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña, y además, podrían impactar en las negociaciones en curso”. Por su parte, el ex ministro González García le envió una carta documento a Bullrich para que se rectifique.

Sin embargo, Bullrich se mantuvo firme. ”No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”, sostuvo en Twitter. El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, reafirmo mis dichos”, siguió.

En ese contexto, Pfizer aseguró a Infobae durante una entrevista exclusiva que “los canales de diálogo para que la vacuna llegue a la Argentina siguen abiertos”. La directora regional de Investigación Clínica para Europa, Canadá y Latinoamérica de Pfizer, Gabriela Dávila Loaiza, agregó que los argentinos “fueron muy importantes” en el ensayo clínico de la Fase III para probar eficacia y seguridad de la vacuna, la prueba de mayor envergadura de América Latina, con cerca de 4.500 voluntarios”. La relación con la Argentina, más allá del ruido político, seguía en pie.

Poco después del escándalo por la denuncia, Alberto Fernández sostuvo públicamente el argumento oficial sobre la falta de acuerdo con Pfizer. En una entrevista emitida en YouTube con Pedro Rosemblat, el mandatario nacional sostuvo que es “un delirio” pensar que la Argentina no quiere adquirir las dosis de Pfizer “por cuestiones ideológicas” -como también apuntó la oposición- . Y agregó: “¿Por qué dicen que no la quiero comprar? Sucede que las condiciones (de Pfizer) me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije ‘esto no lo puedo firmar, porque me están pidiendo cosas desmedidas”, precisó.

También aseguró que “la negociación” con este laboratorio “nunca se interrumpió” y advirtió que la empresa “cumplió en parte (de los países) e incumplió en muchos” otros con los que había sellado contratos. “Siento que hubo más obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato que los que pusimos nosotros”, señaló el primer mandatario, aunque destacó que la vacuna que produce esta firma “es muy buena, como la Sputnik, la AstraZeneca o la Sinopharm”.

Cuando todavía latía el escándalo por las acusaciones de Bullrich, que tendrá a partir de ahora su correlato en la Justicia, anoche se disparó una nueva polémica, cuando el director para América Latina del Fondo Covax - el mecanismo creado por la OMS para distribuir de manera equitativa vacunas contra el coronavirus en todo el mundo-, Santiago Cornejo, dijo al pasar que el gobierno de Alberto Fernández le solicitó que no mandaran dosis de Pfizer entre los cargamentos destinados al país.

La diputada nacional por Mendoza Claudia Najul (Juntos por el Cambio) le consultó a Cornejo sobre el vínculo de la Argentina con el mecanismo COVAX y el directivo respondió: el Gobierno argentino rechazó la oferta de dosis de Pfizer puestas a disposición a través de esta iniciativa, que es impulsada por la OMS y apoyada por 190 países.

“Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otro de compra opcional. Argentina es una compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”, explicó el director del fondo COVAX para América Latina.

El mensaje trascendió hacia la noche y, al enterarse, las autoridades del gobierno nacional, en especial el Ministerio de Salud, pusieron el grito. Esta mañana, en conferencia de prensa, Carla Vizzotti negó que el Gobierno haya desistido de recibir vacunas del laboratorio de Estados Unidos contra el coronavirus y pidió “bajar la obsesión con Pfizer”. “Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer y Pfizer quiere vender su vacuna a la Argentina y estamos trabajando en eso. (...) Es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna. No nos van a correr un centímetro de nuestro trabajo”, señaló la funcionaria, visiblemente afectada.

También el propio Cornejo aclaró el tema, a través de una carta que envió a Vizzotti y que el Gobierno hizo pública. La aclaración fue relativa: “En mi respuesta utilicé la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así. Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX”, sostuvo el representante del mecanismo.

Hace meses el Gobierno intenta hacer pie entre su propia reserva sobre las negociaciones, las acusaciones de la oposición y los trascendidos que llegan por ángulos, nacionales e internacionales, con respecto a Pfizer. Pero, sobre todo, debe hacer frente al hecho incontrastable de que la Argentina no logró consensuar la compra de vacunas de ese consorcio, a diferencia de países, tanto del primer mundo, como de América Latina, que hace seis meses inoculan a su población con las dosis del consorcio farmacéutico.

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