En medio de un contexto global y particular de pandemia y crisis económica y social, el gobierno nacional puso la mira en el desarrollo de un negocio que creció exponencialmente en los últimos años en el resto del mundo -y que promete todavía más para el futuro-: el de la industria del cannabis para todos los usos, excepto el psicoactivo (por lo que al abordaje del Estado al fin de la persecución a consumidores y cultivadores es aún una materia pendiente).
Lo cierto es que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, acompañado por sus pares Carla Vizzotti (Salud), Roberto Salvarezza (Ciencia, Tecnología e Innovación) y Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca), presentaron este miércoles junto al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Béliz, y la secretaria de este organismo, Cecilia Nicolini, un proyecto de ley para que Argentina se meta de lleno en la producción de derivados de la planta milenaria, desde medicamentos hasta cosméticos, de ropa a ladrillos ecológicos, alimentos y autopartes, entre otros.
Después de muchos años de militancia y activismo de organizaciones sin fines de lucro y especialistas de diversas áreas, a quienes en el último tiempo se les sumaron empresarios interesados en jugar en este negocio millonario, el gobierno de Alberto Fernández apunta a la oportunidad de que Argentina se convierta rápidamente en un líder regional en el prometedor universo del cannabis industrial, confiado en las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas del país. Algo que, paradójicamente, había imaginado el prócer Manuel Belgrano en 1797 cuando redactó un memorándum sobre los provechos del cultivo de cáñamo en el suelo de lo que todavía era el Río de la Plata.
Por eso, después de la presentación en sociedad de este miércoles en el Museo del Bicentenario, el proyecto viajará inmediatamente hasta el Congreso para que ambas Cámaras lo traten y aprueben lo más rápido posible. Desarrollo Productivo trabajó durante gran parte de 2020 junto a especialistas del Conicet y legisladoras propias en la confección del borrador de la ley, basado en recomendaciones internacionales y lecciones de aquellos países pioneros a nivel global y regional.
Se verá en los próximos días cómo repercute esta idea en la oposición y qué margen existe para que la ley se sancione. En principio, varias provincias gobernadas por partidos alternativos al Frente de Todos, como Jujuy y Corrientes (cuyos gobernadores asistieron “virtualmente” al evento encabezado por Kulfas), ya iniciaron sus proyectos productivos con cannabis, por lo que se intuye un principio de acuerdo tácito en los representantes legislativos de estos distritos.
El aspecto sobre el que Poder Ejecutivo insistirá para aprobar esta iniciativa tiene su base en la evidencia empírica: las consecuencias positivas sobre la economía local son notables en países que ya regularon el negocio, como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Israel y Uruguay, entre otros: creación de empleo, aumento de las exportaciones, acceso a la salud y desarrollo de PyMES y cooperativas en todo el país, y en el norte, la reconversión de la industria tabacalera hacia la cannábica. Argentina tiene muchas zonas de clima y tierra ideales para el cultivo de esta planta originaria de Asia Central, cuyos primeros usos se remontan a hace 10.000 años.
“La experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal. Vemos un mercado mundial en expansión y que en Argentina hay capacidad e infraestructura. Es necesaria una ley que permita escalar la producción de cannabis y cáñamo”, dijo Kulfas en la presentación.
“Esta ley apunta a darle un ordenamiento, regulación e impulso que permita una transformación productiva con enormes potenciales exportadores y de generación de fuentes de trabajo”, agregó Gustavo Béliz.
En Casa Rosada miran lo que pasó en otros países y proyectan un futuro inmediato venturoso para el país. Según cálculos “conservadores” del equipo de trabajo de Kulfas, estiman que para 2025 la industria del cannabis ya podría haber generado en Argentina 10.000 nuevos empleos (con un 20% estimado de trabajadores calificados en investigación, desarrollo e innovación), US$ 500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$ 50 millones de exportación por año, que se sumarán a los cerca de 45 mil millones de dólares que generan todas las cadenas productivas.
“Teníamos una ley que encorsetaba derechos y que tenía una mirada punitiva. Desde el día que asumimos sabíamos que teníamos una deuda pendiente en estos derechos, de los cuales ya se había empoderado la sociedad civil. Tener una ley que amplíe esta mirada y ponga en valor el desarrollo y facilite los pasos que se fueron dando es muy importante. Nos encontrará trabajando en la Agencia para mejorar el acceso al cannabis. Está pasando en Argentina”, celebró la titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti.
El proyecto de ley que enviará Kulfas al Congreso también contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá como funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva, otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización y coordinar acciones necesarias con organismos reguladores para el desarrollo del sector. “Habrá preferencias para cooperativas, PyMES, con perspectiva de género y diversidades y atención en la economía”, agregó el ministro.
Según detalló, la Agencia diseñará políticas activas de financiamiento, “un acompañamiento especial para asociaciones de sociedad civil y autorizaciones flexibles para el cáñamo y derivados”. Desarrollo Productivo será uno de los ministerios que integre la ARICCAME, junto a Salud, Agricultura, Ganadería y Pesca, Ciencia y tecnología y Seguridad.
“Hay un interés global y Argentina tiene todas las condiciones para aprovechar esta oportunidad. Esta industria contribuye a un objetivo sustantivo, que es diversificar la matriz productiva de la Argentina. Y un punto central: nuevas oportunidades de innovación desde la etapa de la genética hasta las investigaciones. Es una industria que tiene todo por delante y la Argentina, las condiciones para llevarla de una manera eficiente”, consideró Andrés López, investigador del Conicet, que diseñó un informe que fue una de las bases del proyecto de ley.
En el aspecto del uso medicinal, la ley diseñada por el ministerio que comanda Kulfas prevé complementar la actual 27.350, con un nuevo marco para un ítem que hasta ahora no está contemplado: las inversiones públicas y privadas en toda la cadena de la producción de fármacos, fitosanitarios y cosméticos, es decir, aceites, tinturas y derivados para aplicación en diversas patologías y dolencias. “Buscamos ampliar la oferta de cannabis medicinal para garantizar un mejor acceso a la salud, con productos nacionales de calidad, trazabilidad y validaciones”, explicó Kulfas.
En relación con el desarrollo de “cáñamo industrial” (”cáñamo” y “cannabis” son la misma planta, lo que cambia es su forma de cultivo) la legislación regulará los eslabones productivos y de comercialización de los subproductos, como textiles, papel, alimentos o materiales para la construcción. En ese sentido, en el Gobierno también se ilusionan con el desarrollo del sector de proveedores de la industria: creadores de genéticas de semillas, desarrolladores del “agro 4.0″ (creación de tecnología y datos para mejorar los cultivos), equipamiento y más.
En la presentación, Matías Kulfas hizo hincapié en que Argentina podría convertirse en un importante productor en la industria del cannabis porque cuenta con “ventajas” como el liderazgo en la producción agropecuaria, la red de investigación científica, el entramado de laboratorios públicos y privados, las experiencias de las ONG cannábicas y las iniciativas legislativas y productivas que ya están en marcha en 22 provincias y 80 municipios.
El caso más difundido es el de Cannava, la empresa estatal jujeña creada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, y comandada por su hijo Gastón. También existen otros emprendimientos 100% públicos, como los que llevan adelante las provincias de Misiones y San Juan; empresas mixtas, como la del gobierno de La Rioja o la Municipalidad de San Pedro (provincia de Buenos Aires), iniciativas como las de la agrupación cannábica Ciencia Sativa en conjunto con el INTA Río Negro; o totalmente privadas, como las de la Droguería ABP o Pampa Hemp.
La diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT), que trabajó en la redacción del proyecto, consideró que esta ley “completará la 27350 de uso medicinal” ya que ahora “las familias podrán acceder a productos” y se fomentará la “matriz productiva”.
“El cannabis es un gigante de escala planetaria que está despertando y abre grandes oportunidades para nuestro país. Argentina debe hacer de su regulación una ventaja competitiva. En pocos años podría generar ingresos por miles de millones de dólares. El mundo nos está mirando, tenemos todo para transformar a la Argentina en un actor relevante en un mercado global”, agregó Pablo Fazio, de la Cámara Argentina de Cannabis.
“Es un compromiso con la vida de nuestro Gobierno. Es una promesa cumplida del presidente (Alberto) Fernández, que hizo el anuncio en el Congreso. Estamos al borde de normalizar la producción de cannabis en la Argentina”, comentó Ariel Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La diputada Mara Brawer, que a fines del 2020 había presentado un proyecto de similares características, celebró la presentación del proyecto. “Estamos recuperando el sueño de Belgrano con la tecnología del siglo XXI”, comentó. Y explicó que el cannabis “es una industria sustentable que cumple con los requisitos de la época; es reparador del suelo, extrae minerales pesados y se usa en Chernobyl para recuperar el suelo. Toda la industria tiene la huella de carbono negativa, tan importante. Se inicia una etapa para nuestro país donde la prohibición y la censura se termina”.
Sin embargo, la ley, de aprobarse, no regulará sobre los permisos para uso médico o terapéutico, que dependen de ANMAT y Salud, ni el autocultivo medicinal, y tampoco para el uso adulto, mal llamado “uso recreacional o recreativo”. Una nueva ley de drogas que deje de perseguir a los usuarios y cultivadores es una de las grandes deudas que reclama el colectivo cannábico. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos dos años crecieron 500% las detenciones o aprehensiones a consumidores de drogas.
En ese sentido, los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, quienes participaron de la presentación de manera virtual, remarcaron la necesidad de un cambio de la ley penal para dejar de castigar a los consumidores y cultivadores. “El capítulo que viene es un abordaje en la legislación penal”, dijo Morales. “Es necesario despenalizar el consumo”, agregó el jefe de gobierno puntano.
De aprobarse la ley, Argentina integrará un grupo de más de 50 países que ya cuentan con algún tipo de regulación de los usos medicinal e industrial del cannabis. La producción de cannabis para uso medicinal creció de 1,4 toneladas en el año 2000 a 468 toneladas en 2018. El movimiento de dinero en el mercado internacional proyecta un incremento de diez veces superior respecto de lo que generaba hace una década: para 2024 diversas consultoras especializadas en esta industria proyectan una generación de USD 42 mil millones.
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