La carta data del 11 de diciembre de 2020. La firma el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Está dirigida al Gerente General de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer. El primer párrafo impone un recuerdo: “Me dirijo a usted a fin de recordarle la secuencia de acciones que el Estado argentino realizó para facilitar la compra a Pfizer de la vacuna BNT162 de ARNm contra el SARS-COV2 para prevenir la infección COVID-19 en los seres humanos”.
Este intercambio entre el funcionario argentino y el laboratorio fue revelado en el programa La Cornisa que conduce el periodista Luis Majul y se emite por La Nación +. En su misiva, el ministro dice que el gobierno nacional “manifestó tempranamente interés en el acceso oportuno a la vacuna contra la COVID-19”, afirma haber favorecido y promovido la realización de ensayos clínicos de vacunas candidatas y que la primera autorizada fue la de Pfizer. Señala que los borradores iniciales de la negociación estimaban una primera entrega de un millón de unidades durante el último trimestre de 2020, y entre dos y cinco millones durante el primero y segundo trimestre de 2021.
“Sin perjuicio de ello y de las condiciones especiales de la oferta y el pliego, incluyendo aspectos logísticos y de mantenimiento de la cadena de frío en pleno desarrollo, se ofreció remplazar condiciones de indemnidad por una póliza o seguro de caución en Nueva York, pero éstas no fueron aceptadas por Pfizer. En este contexto, se pretendió imponer al Gobierno Argentino que aceptara firmar el contrato en un plazo de una semana, sin contemplar los principios que deben primar en toda la actuación de la Administración Pública”, reza la carta.
El gobierno argentino ensaya una lectura de las condiciones de la negociación en la compra de vacunas que había iniciado a mediados del año pasado. Argentina, de hecho, había sido el país que había aportado la mayor cantidad de voluntarios para realizar las pruebas de la vacuna en el Hospital Militar. Argumenta un cúmulo de imposiciones de parte de la compañía farmacéutica estadounidense. Dice: “Distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad. Entre ellos, Pfizer reclamó además condiciones de inmunidad que exceden las que brinda el Estado argentino a organismos internacionales o programas de organismos multilaterales. Debido a ello, se trabajó ardua y velozmente en obtener los consensos necesarios para que el Congreso sancionara la ley 27.573, que recibió el apoyo de todos los sectores políticos y fuera sancionada por amplia mayoría parlamentaria”.
“Revisando estrictamente los hechos -expresa Ginés González García en su carta-, puede observarse que las exigencias de Pfizer fueron modificadas sucesivamente, al tiempo que diluía los compromisos de entrega de vacunas en cantidad y plazo. El Estado cada vez asumía mayores compromisos y la empresa hacía cada vez más inciertos los suyos”. El párrafo siguiente manifiesta que el gobierno argentino siempre se mostró dispuesto a allanar el camino y ofrecer soluciones, mientras que “los representantes de Pfizer fueron poniendo condiciones inesperadas y diluyendo los compromisos que asumían”.
Por último, el funcionario repite el interés y compromiso por adquirir la vacuna de Pfizer, empresa a la que define como “de amplio prestigio y trayectoria en el país”. “Mantengo nuestra disposición para encontrar un acuerdo factible y legalmente válido que garantice la provisión de un insumo fundamental para la salud de la población argentina”, es la última oración del comunicado.
La respuesta de Pfizer es de cuatro días después. La firma el propio Vaquer y tiene como remitente al por entonces ministro de Salud argentino. El argumento es la demora en la respuesta. El descargo empieza por la fecha en que realizaron la primera propuesta: “Desde el 28 de julio, día en que hicimos nuestra primera oferta anticipada para proveer al Gobierno con dosis de la vacuna candidata contra COVID-19, con entregas programadas comenzando en 2020, desde Pfizer hemos hecho el mayor esfuerzo para mantener la asignación de dosis para Argentina a pesar de las sucesivas demoras en el proceso de comunicación con el Ministerio”.
A su vez, explica que “la demora en la negociación del contrato y otros factores -incluyendo el retraso en el programa de desarrollo clínico- afectaron el número de dosis globales disponibles para 2020 y principios de 2021, haciendo que no fuera posible entregar dosis antes de febrero de 2021”. Y advierte, en aquel diciembre de 2020, que el cronograma de la potencial entrega de dosis se ha retrasado para el segundo trimestre de 2021.
Nicolás Vaquer reconoce, en su respuesta, los esfuerzos del gobierno nacional para adaptarse al marco legal de las condiciones, pero destaca que hay dos puntos que siguen pendientes de resolución: “el supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en la ley y la limitación de bienes, que tornan prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad”. En su despedida, se muestra dispuesto a alcanzar un acuerdo y expresa “el profundo deseo y compromiso de contribuir a traer una solución para la población argentina”. Desde entonces, sin embargo, las conversaciones se discontinuaron.
En las últimas semanas, las negociaciones truncas entre el Estado argentino y la empresa farmacéutica estadounidense regresaron al centro de la escena mediática. El reclamo de la oposición ante la necesidad de más vacunas contra el coronavirus obligó al presidente Alberto Fernández y al ex ministro de Salud a explicar su posición ante la polémica. “¿Por qué dicen que no la quiero comprar? Sucede que las condiciones me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije ‘esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas’”, precisó el mandatario.
Afirmó, también, que las charlas con el laboratorio “nunca se interrumpieron” y expresó, en diálogo con Pedro Rosemblat: “Siento que hubo más obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato que los que pusimos nosotros”. Por su parte, Ginés González García dijo en diálogo con Radio Rivadavia: “Les ofrecimos algo hasta indigno, una firma de responsabilidad individual, de cada uno de los vacunados diciendo que no iban a hacer ningún reclamo. Pfizer consideraba que con la ley vigente no estaba protegido. Se hizo una ley especial, se le agregaron algunas cuestiones, y esto lo tengo por nota, contestado por ellos”.
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