Inversión multimillonaria y críticas de la oposición: el plan de Axel Kicillof para descentralizar la administración pública

Axel Kicillof retoma parte de la agenda que tenía en mente cuando asumió en diciembre de 2019 y que se vio condicionada por la pandemia de COVID-19. En medio de la segunda ola de contagios, el Gobierno bonaerense avanzó con el proyecto que prevé la construcción de Casas de la Provincia en todos los municipios. La iniciativa que apunta a descentralizar la administración pública generó cruces entre el oficialismo y la oposición sobre la utilidad y el costo que implica en medio de la crisis sanitaria y económica que transita Buenos Aires.

Con excepción de La Plata -donde se concentra las oficinas estatales provinciales- el Poder Ejecutivo prevé que haya Casas de la Provincia en las 134 intendencias restantes. El objetivo es descentralizar las dependencias del Gobierno como el Registro de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Juzgado de Faltas de Tránsito, los Ministerios de Trabajo y de Mujeres, IOMA y ARBA, entre otras, y que las mismas atiendan al público en un único edificio en cada una de las localidades bonaerenses y así evitar el traslado hacia la capital provincial para la realización de determinados trámites administrativos.

Además de “agilizar trámites”, el proyecto prevé “optimizar recursos y crear una identidad provincial”. La construcción de los edificios estará a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que conduce Agustín Simone. Mientras que la ministra de Gobierno, Teresa García, gestionará la parte política y operativa del proyecto.

Kicillof dio el visto bueno para “ordenar” en el territorio las dependencias provinciales y fue García quien le propuso organizar la idea desde las Casas de la Provincia, pero la pandemia postergó el proyecto. Luego de un primer año en el que volcó gran parte de la gestión al plano sanitario, el gobernador habló con Simone y comenzaron a diagramar en los municipios -en terrenos provinciales y en lotes ofrecidos por los intendentes- los lugares donde comenzar la construcción de los edificios.

Esta semana la Subsecretaría de Obras Públicas, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, licitó las primeras cuatro Casas de la Provincia en los municipios de Baradero, Chascomús, Olavarría y Ezeiza.

El presupuesto oficial para las Casas de Chascomús, Ezeiza y Olavarría, que se edificarán en tres plantas, fue superior a los 182 millones de pesos cada una. Por su parte, el edificio contemplado para Baradero, de dos plantas, implica una inversión de más de 146 millones de pesos por parte del gobierno bonaerense.

Hay otros 20 municipios en proceso de apertura de un total de 80 licitaciones previstas para este año. Desde el Ministerio de Infraestructura indicaron que en total se construirán 100 edificios. En las 34 comunas restantes se remodelarán propiedades ya existentes. Hasta el momento hay 75 municipios confirmados: 47 son gobernados por el Frente de Todos y 28 por Juntos por el Cambio.

Las licitaciones fueron divididas en dos grupos sobre la base del mismo proyecto, algunas Casas se diseñan en dos plantas (700mts2 aprox. c/u) y otras en tres plantas (1000mts2 c/u). Por ello el presupuesto para cada edificio varía de acuerdo a la localidad donde se realice y el número de empleados que hoy están distribuidos en las dependencias provinciales.

El proyecto contempla que las Casas de 700 mts2 alberguen a 70 trabajadores y tengan capacidad para atender a 120 vecinos. Mientras que las de 1000 mts2 tendrán capacidad para 100 empleados y para que 180 personas puedan realizar los trámites en simultáneo.

Según el documento oficial al que accedió Infobae, la inversión total es de $14.671.800.000 a ejecutar en 2021, 2022 y 2023. Este año se estima ejecutar $2.900.000.000.

El costo de más de 14 mil millones de pesos -aclararon en el Gobierno- es de acuerdo a “valores al día de hoy”, por lo que en los próximos años podría variar a raíz del aumento inflacionario.

Juntos por el Cambio consideró que la medida es “inoportuna” y reclamó a la Provincia destinar los fondos a los temas “urgentes”

El costo del proyecto y la finalidad del mismo han sido los puntos objetados por la oposición. La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Anahí Bilbao, instó al Gobierno de Kicillof a que “antes de hacer un gasto semejante reflexione y reconsidere esta acción, ya que en tiempos de pandemia, sumado a la pobreza de la provincia, los recursos deberían ser usados en emergencias y en necesidades reales”.

La legisladora radical oriunda de Laprida firmó un documento en el que calificó la medida de “inoportuna” y advirtió que uno de los objetivos que persigue el Gobierno es “generar un poder paralelo en cada distrito”. También apuntó contra el destino de esos fondos a la construcción de oficinas “en tiempos en los que la virtualidad va ganando su espacio”. “Construir 134 mini-gobernaciones en medio de la pandemia, y entre tanta desigualdad y pobreza, es otro despropósito de Kicillof”, sintetizó Bilbao.

El diputado bonaerense Guillermo Bardón, que responde políticamente a Emilio Monzó, presentó un proyecto de solicitud de informes al Ejecutivo sobre cuáles han sido los criterios de “oportunidad, razonabilidad y conveniencia” que tomó el Ministerio de Infraestructura para lanzar las licitaciones.

En ese sentido exigió precisiones sobre el criterio utilizado para la construcción de edificios con diferencias en la cantidad de metros cuadrados. Y, considerando que uno de los ejes del proyecto es “evitar el traslado de ciudadanos a la ciudad de La Plata”, se solicitó información sobre “la necesidad de licitar Casas de la Provincia en municipios como Berisso, Ensenada, Berazategui, Magdalena, Brandsen y/o Cañuelas”, localidades que se encuentran a “distancias razonables de la capital provincial”.

En la misma línea, senadores de la oposición como Gabino Tapia, Daniela Reich, Felicitas Beccar Varela, Lucrecia Egger y Juan Fiorini firmaron un comunicado cuestionando que no utilicen esos fondos en “la compra de vacunas o de equipamiento para el sistema de salud”.

En la Gobernación provincial defienden el costo del proyecto amparándose en el gasto que implica para el Estado el alquiler, el pago de servicios y de mantenimiento de las diferentes oficinas distribuidas en distintas localidades. “El primer punto es hacer eficiente el gasto”, argumentó Teresa García.

El gasto es relativo ya que hay oficinas como IOMA y el IPS que son autónomas, pero en Provincia estiman que se destinan 1.500 millones de pesos anuales en pago de alquileres. A ese número hay que agregarle el mantenimiento y las refacciones que se realizan “todo el tiempo en locales tan viejos”.

En diálogo con Infobae, la ministra de Gobierno de Kicillof, le restó importancia a las críticas de la oposición y explicó que “la idea es tener un solo lugar para que el ciudadano vaya a hacer los trámites”.

“No entiendo las críticas de algunos, habría que preguntarles si están en contra de que la gente resuelva en un único lugar todo el tramiterio”, dijo. “Lo que hay en la provincia tiene olor a viejo, la gente anda con carpetas con fotocopias por la calle, es una locura”, remarcó al tiempo que agregó que la iniciativa “va de la mano de la digitalización de los trámites”. “Son Casas de la Provincia para unificar trámites, modernas y ágiles, hay que salir del pozo administrativo en el que estamos”, enfatizó.

Consultada sobre el contexto en el que lanza el plan, explicó que “recién se están abriendo las licitaciones, no las vamos a poder terminar este año así que no digan que no es el momento ideal porque nunca para hacer transformaciones son los momentos ideales”. Consideró que las críticas de la oposición son “chicanas” que no tienen “buen razonamiento”: “No existen mini gobernaciones, existe un criterio para no tener que pagar en un distrito 15 alquileres, 15 lugares de servicio y mantenimiento y donde la gente que transitar por esas 15 oficinas”.

Teresa García defendió que “el proyecto le imprime agilidad y cercanía a la gente para resolver los problemas”. “Hay gente que sigue tomando encomiendas en los distritos para venir a La Plata a presentar los trámites, falta que vengan en carretas”, ironizó sobre lo arcaico de la organización estatal.

“No sé si vamos a terminar los 134 distritos antes del final de la gestión, y las Casas que se hagan será patrimonio de la Provincia para cualquier gestión”, concluyó su respuesta a los planteos de Juntos por el Cambio.

El ministro de Infraestructura, Agustín Simone, justificó que se nucleen las dependencias provinciales en cada municipio. “Necesitamos que la gente pueda ir caminando hasta esas oficinas, ¿por qué la gente tiene que viajar hasta La Plata para realizar trámites?”, replicó.

En declaraciones a este medio, el funcionario provincial explicó que los edificios serán aptos para que discapacitados se puedan mover por todo el establecimiento sin dificultades extras y que serán “mucho más sustentables”: “Están pensados para que haya ventilación natural en todos los ambientes, bajar al máximo el costo de refrigeración y calefacción, que sea mínimo el gasto de mantenimiento, que tengan máxima conectividad, paneles solares para consuman menos energía y un sistema de recuperación de agua de lluvia”.

Al respecto de las críticas que lanzó la oposición por el gasto de las obras, Simone respondió con una comparación que alude a la gestión de María Eugenia Vidal: “Un kilómetro de ruta son 40 millones de pesos, la construcción de un edificio de una planta son menos de cuatro kilómetros de ruta. No le quito importancia a hacer rutas pero en la relación de impacto versus costo me parece más interesante hacer Casas de la Provincia”.

En Olavarría, uno de los distritos donde se abrió la licitación, su intendente Ezequiel Galli, de Juntos por el Cambio, manifestó que “es un buen proyecto pero poco oportuno”. En sintonía con los legisladores opositores, el jefe comunal declaró que “hay otras prioridades” para atender, pero vio el costado positivo de la iniciativa que en la localidad que gobierna la creación de una Casa de la Provincia servirá “para darle vida a un lugar que necesita más circulación de gente”.

Pero insistió: “No me parece que sea el momento para destinar esos fondos a una obra como esta, se podrían hacer muchas otras cosas más necesarias y más urgentes”.

Ezequiel Galli fue uno de los dirigentes que teme que el proyecto esconda la contratación de mayor personal por parte del Estado. “Que no sea un generador de nuevos empleos públicos cuando tenemos que priorizar el empleo privado y darle importancia a las pymes que generan trabajo genuino”, planteó.

En Provincia juran que solo se “reordenará el personal”. “Es la gente que ya está”, respondieron ante la consulta de este medio.

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