El Gobierno focaliza su estrategia electoral en la ayuda económica y en los resultados sanitarios del confinamiento contra el COVID-19

Pocas veces Alberto Fernández lidera su gabinete económico. En general delega esa tarea en su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Pero esta semana la dinámica fue distinta. Mientras se registraba un récord de casos de coronavirus y el Ministerio de Seguridad controlaba de cerca el acatamiento del confinamiento, el Presidente pidió trasladar el encuentro, excepcionalmente, a la residencia de Olivos.

Junto a Cafiero y su vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, acudieron los funcionarios habituales: los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Producción, Matías Kulfas; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el del Banco Central, Miguel Pesce. Pero, además de la llamativa presencia del Presidente, a la reunión se incorporaron otras figuras inusuales, entre ellos, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello.

Se analizaron y se debatieron las ayudas sociales a los sectores vulnerables, las asistencias a empresas, y las políticas para paliar la inflación. Pero, con más fuerza que nunca, la mirada del oficialismo, a instancias del Presidente, traspasó la frontera de la política económica, y se abordó la mayor preocupación del Gobierno hoy: la performance en las elecciones. “Empezamos a trabajar con perspectiva electoral en serio”, dijo un hombre cercano a Alberto Fernández que participó el jueves de la cumbre económica.

Con el conflicto social controlado, pero latente, y una suba de precios cada vez mayor, en un contexto de altas cifras de pobreza, a tres meses de los comicios hay alarma por el deterioro que pueda causar en la base electoral del Frente de Todos la delicada situación económica.

La trilogía

Mientras el Ministerio del Interior, que conduce Eduardo “Wado” de Pedro, pule los detalles del protocolo para los comicios en pandemia -las PASO están previstas para el 12 de septiembre-, el informe “Trilogía: unidad, vacunas, recuperación”, elaborado el año pasado por la Jefatura de Gabinete como pauta de la estrategia para el año electoral, tomó nuevo protagonismo en estos días.

El balance de aquel paper, seis meses después de su puesta en marcha, evidencia claroscuros para el oficialismo. En términos de unidad, admiten fuentes oficiales, las internas por las cuestiones económicas, en especial con el kirchnerismo y los movimientos sociales, están a la orden del día, con las tarifas, el gasto público y el modelo de los planes en el centro de las disputas. Pero, destacan, “hasta ahora todos siguen dentro”, y no registran señales de que alguien vaya a “cortarse”.

En cuanto a la vacunación, después de meses de incertidumbre y tropiezos -con la negociación con Pfizer a la cabeza-, en las últimas semanas hubo un respiro con la llegada de las primeras tandas de las demoradas dosis de AstraZeneca. Y recientes estudios de opinión pública que llegaron a la Casa Rosada mostraban que un 68 por ciento de los vacunados tenían una mirada positiva de la administración nacional. También, que hubo un aumento en la adhesión en el reticente rango etario de los mayores de 60 años. Hoy, el Gobierno considera que cada dosis es un potencial voto.

Sin embargo, admiten que, en un contexto de crisis económica grave, con la vacunación no será suficiente para imponerse en las urnas. En especial entre los rangos etarios más bajos, cuya principal preocupación no gira en torno a la salud, sino a los bolsillos. El problema, que se presenta como principal para el oficialismo, es lograr la compleja “recuperación económica”.

La deuda y la cuestión social

Alberto Fernández, aseguraron fuentes oficiales, se mostró proclive en Olivos a una mayor inyección de capital para paliar la situación económica local, cuando ya logró que la negociación se dilate hasta después de la campaña. “El Presidente pidió sensibilidad para los sectores sociales y eso se hace con plata”, resumió una fuente del entorno presidencial al tanto de las conversaciones en la residencia oficial. A la pregunta sobre el origen de los fondos para hacer frente a un sostenido aumento del gasto público, que ya fue engrosado en concepto de erogaciones sociales por la crisis del COVID-19, contestó: “Es la guita del Fondo”.

La orientación es un desvío definitivo del rumbo económico hacia los márgenes de la hoja de ruta del ministro Guzmán, que también estaba en la reunión, debilitado después de los embates del kirchnerismo duro por la política tarifaria, y cuestionado por su reticencia a “patear” un acuerdo por la deuda pública internacional para el año que viene. ”Martín está haciendo las cosas bien y puede tener otros logros. Llevó a cabo un fuerte y necesario ajuste del gasto público”, dijo un asesor presidencial.

Uno de los ejes principales es el segmento de “cuentapropistas” que no son alcanzados por los planes sociales, donde el termómetro del Gobierno registra un fuerte descontento. En la Casa Rosada calculan que se trata de 6 millones de personas, un número significativo que inquieta en términos electorales. Los describen como aquellos que hacen “changas” para mantenerse, o que tienen pequeños emprendimientos, pero no pueden ser considerados como empresarios. El año pasado no recibieron la asistencia del ATP, y en la primera parte de este año no fueron alcanzados por las ayudas sociales.

“Pensamos en el gasista o el plomero que hace trabajos puntuales de manera informal, o en el kioskero, o el mozo que se puso un boliche no registrado con dos amigos y ahora no está teniendo clientes por las medidas sanitarias”, ilustró una fuente al tanto de las políticas que están bajo evaluación.

Si bien creen que se logró abarcar a una parte de ese universo con la ampliación del alcance del programa Repro 2, evalúan que no son todos, y se piensa en modificar mecanismos para alcanzarlos. El Gobierno sigue firme en el plan de ampliar las medidas vigentes, pero no descartan resoluciones adicionales. Por ahora hay hermetismo sobre los detalles de esas posibles políticas “extra”. “Vamos a ver cómo evoluciona la situación en términos económicos con las restricciones intermitentes”, deslizan.

Además, a pesar de la paz que se registra en las calles durante el confinamiento, sigue la preocupación por el conflicto social después de los fuertes encontronazos públicos con los movimientos sociales y la izquierda, hace dos semanas. “Dialogamos mucho y no registramos marchas sociales desde el 27 de abril. Eso no significa que no puedan volver más adelante”, dijo una fuente de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, en referencia a la multitudinaria convocatoria de movimientos sociales y piqueteros al Consejo del Salario hace un mes para protestar por los ingresos “de miseria” para ocupados y cooperativistas.

El descontento de las organizaciones continúa, pero por ahora la conflictividad en la calle está en un período de gracia. Además de considerar que sirvió, para paliar la crisis, el incremento en los montos y alcance de programas como Potenciar Trabajo, la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, en el Ministerio ven “mucha conciencia” en los barrios sobre la delicada situación sanitaria. Sin embargo, no descartan que vuelvan a surgir focos de conflicto cuando se aflojen las restricciones y la mirada estará orientada a contenerlos con mayor expansión del gasto público.

Impasse sanitario

La agenda sanitaria, que lo abarcó todo con la irrupción de la segunda ola a partir de abril, brindó una tregua esta semana. Aunque hubo un fuerte aumento de casos, con más de 40.000 contagios por día, el Gobierno endilga el récord a los comportamientos de hace dos semanas y cree que los resultados de las medidas sanitarias más duras se verán reflejados en la curva de casos recién hacia el final de la semana próxima. Mientras tanto, reposa en el último DNU, que ordenará las restricciones por otros ocho días, hasta el 7 de junio.

En un contexto de máxima preocupación por la situación económica en el año electoral, siguen los pases de factura por la reticencia de los distritos para aplicar políticas más duras, pero tras el consenso con los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para imponer un confinamiento estricto por 9 días, el período actual es un impasse en términos político-sanitarios.

La decisión de la Ciudad de reabrir las escuelas a partir del lunes no causó el resquemor de semanas anteriores en la Casa Rosada, donde la veían como una postura “esperable”. A pesar de que no están de acuerdo, después del fallo de la Corte Suprema a favor de las clases presenciales el Gobierno no tiene margen para otras acciones, más que machacar públicamente sobre la “irresponsabilidad” de las autoridades de la CABA al no cumplir con el DNU, y cultivar voluntades para que avance en el Congreso el proyecto para regular las medidas sanitarias, que ya tuvo media sanción en el Senado y se encamina al debate en Diputados.

Con el frente económico en el centro, en el plano sanitario el Gobierno buscará contrarrestar la antipatía con la capitalización de la esperada merma en los casos, la semana próxima; defenderá la campaña de vacunación ante los embates de los sectores duros de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich al frente de las críticas por la negociación con Pfizer; e insistirá en enviar a Larreta un solo mensaje: “Te lo dije”.

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