Una mirada parcial y sesgada sobre el conflicto de Oriente Medio, y una lamentable movida sin sentido efectivo salvo como mensaje de apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Son un par de hechos a sola vista contradictorios frente a la serie de contactos con Europa que desplegó Alberto Fernández pidiendo comprensión política para resolver el grave problema de la negociación de la deuda con el FMI y con el Club de París. Problema serio: línea no significa alineamiento sino estrategia elaborada y sostenida sin fisuras. Pero la política exterior, fruto de la interna del poder, no muestra eso sino en qué dirección avanza el conflicto doméstico. Tema de lectura para el seguimiento del caso argentino.
No son los únicos hechos. Y en rigor, coronan una semana en la que además hubo una clara “proclama” del kirchnerismo duro para marcar el terreno de las negociaciones por la deuda. Justo en un momento crucial para la apuesta a un aval mínimo del Fondo que permita acordar la postergación y luego la reprogramación de los compromisos con el Club de París.
Fuera de los más evidente, pero nada inadvertido, también esta semana el kirchnerismo duro desatendió el renovado y expreso pedido presidencial para aprobar el pliego del juez Daniel Rafecas como nuevo jefe de los fiscales. El avance con el proyecto para reformar la ley orgánica del Ministerio Público -con motor de Cristina Fernández de Kirchner y nuevo impulso a cargo del ministro Martín Soria- provocó como reacción opositora el gesto o desafío de consagrar ya al candidato de Alberto Fernández. Hasta ahora, silencio frente a la oposición y ante Olivos.
El Presidente retomó y cerró en videoconferencia con Angela Merkel el viaje que lo había llevado a cuatro capitales europeas. El Gobierno calificó como positiva las gira, con especial mención al encuentro con Emmanuel Macron y sin dejar de destacar las citas con Antonio Costa, Pedro Sánchez y Mario Draghi. Y por supuesto, dándole especial relieve a la audiencia concedida por el Papa Francisco y el primer diálogo “presencial” con Kristalina Georgieva. Eso, y las señales a Washington.
Visto así y destacado de ese modo por voceros propios, podría ser entendido como una “estrategia” con eje en el referido pedido de aval para renegociar la deuda, pero con obvio sentido de política exterior en un tablero internacional complejo y expuesto dramáticamente por la pandemia. El Gobierno también en el terreno de la provisión de vacunas modificó su línea inicial, por deficiencias del cálculo y otros problemas que incluyeron evidentes pulseadas internas.
Hubo en paralelo con las tratativas por la deuda dos hechos que por su contenido y los momentos elegidos dibujaron con claridad la intención del kirchnerismo duro de avanzar o condicionar lo que se denomina “centralidad” presidencial. En el Gobierno, se advirtió y se buscó amortiguar la gravedad de los gestos, que Martín Guzmán asume como una carga en su diálogo con el FMI.
Con Alberto Fernández en Europa, el bloque de senadores del Frente de Todos, formalmente presidido por el formoseño José Mayans y efectivamente conducido por CFK, impuso un proyecto de declaración indicando a Economía el destino que debería tener el desembolso extraordinario del FMI. Y casi al mismo tiempo que la videoconferencia presidencial con Merkel, fue difundida la “Proclama del 25 de Mayo”, planteando la suspensión de pagos por capital e intereses con el Fondo y con el Club de París.
En el plano más amplio del frente externo, el Gobierno anotó dos mensajes que en rigor no son absolutamente nuevos y que exponen la profundización de una mirada que, como en otros terrenos, no era la que compartía y difundía el Presidente, pero que ya insinuaba con el giro que marcó su coronación como candidato a presidente.
La posición frente al conflicto de Oriente Medio -no sólo ante la escalada de tensión tras los ataques de Hamas a Israel y su contraofensiva- ya venía cambiando. Y ahora llegó al punto de avalar la utilización de los derechos humanos no como una concepción de fondo, integral y sin límite de fronteras también en este caso, sino como un instrumento atado un juego parcial en el tablero de la política internacional. Si hay tema en que el debería asumir posiciones de principios, al margen incluso de lecturas sobre alineamiento estratégico, es este. No lo fue.
En esa línea, el último capítulo sobre Venezuela, previo a esta semana pero anotado por su difusión en este contexto, es quizá el más descarnado de una historia que comenzó hace meses. El Gobierno decidió retirarse de la demanda sobre graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. No altera la marcha de ese proceso, porque sigue sostenido por los otros cinco países que le dieron impulso ante la Corte Penal Internacional. Es sí un gesto político fuerte, destacado por Caracas.
La denuncia que respalda esa demanda es terminante y tiene respaldo de credibilidad y ético suficientes. Registra ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, muertes en protestas y presos políticos. En conjunto, elementos que confluyen en la calificación de terrorismo de Estado. Imposible ignorarlo.
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