Políticos, sindicalistas y referentes de la cultura ligados al kirchnerismo le explican en una proclama a Alberto Fernández cómo debe negociar la deuda

Un numeroso grupo de políticos, sindicalistas, empresarios, actores y periodistas identificados con el kirchnerismo más duro difundió la “Proclama del 25 de mayo”, que pretende presionar al presidente Alberto Fernández en la negociación que encabeza para la reestructuración de la deuda externa argentina.

El escrito representa también un fuerte condicionante para el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien está avanzando en las conversaciones con el FMI con el objetivo de poder afrontar los próximos pagos.

El documento fue impulsado por el ex juez Raúl Zaffaroni y por la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos, muy cercanos a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Aparecen, además, sindicalistas como Pablo Moyano (Secretario General Adjunto del gremio de Camioneros), Héctor Daer (Secretario general de la CGT), Hugo Yasky (Secretario general de la CTA) y Pablo Micheli (dirigente de la CTA de los Argentinos).

También suscriben gobernadores como Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ) y Gildo Insfran (Formosa), ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina, entre ellos Felisa Miceli (ex-ministra de Economía), Amado Boudou (ex vicepresidente), Rafael Bielsa (ex-Mtro. Relaciones Exteriores), José “Pepe” Sbatella (ex-Pte. Unidad de Información Financiera, UIF), Roberto Feletti (ex viceministro de Economía) y Alicia Castro (ex Embajadora en Venezuela y Reino Unido), el senador Sergio Leavy y los diputados nacionales, Lucía Corpacci, Itaí Hagman, Juan Carlos Alderete, Héctor “Gallego” Fernández, Carolina Moisés, Liliana Schwindt, Marcelo Koening y Verónica Caliva.

También aparecen en esa extensa lista Guillermo Moretti (vicepresidente de la Unión Industrial Argentina), Víctor Hugo Morales (periodista), María Teresa García (ministra de Gobierno, Provincia de Buenos Aires), Miguel Ángel Estrella (pianista), Rita Cortese (actriz), Liliana Herrero (cantante), Mario Secco (intendente de Ensenada), Sonia Alesso (Secretaria General de CTERA), Roberto Baradel (Secretario General de SUTEBA), Atilio Borón (sociólogo), Ricardo Forster (filósofo), Hugo “Cachorro” Godoy (Secretario General de ATE), Juan Ramos Padilla (juez), Eduardo Barcesat (constitucionalista), Mario Kestelboim (ex Decano Facultad de Derecho UBA), Marcelo Figueras (escritor), Mempo Giardinelli (escritor y periodista), Mónica Peralta Ramos (socióloga), Angélica Graciano (Secretario General de UTE), Roberto “Beto” Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP /Metrodelegados), Ricardo Peidró (CTA Autónoma), Adriana Aredez (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora), José Schulman (presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), Víctor Carricarte (secretario de la Asociación de Empleados de Farmacia), Víctor de Gennaro (dirigente gremial y social), Eduardo De la Serna (sacerdote de la Opción Popular por los Pobres), Francisco “Paco” Oliveira (sacerdote de la Opción Popular por los Pobres), Milagro Sala (dirigente social), Jorge Elbaum (Llamamiento Argentino-Judío), Juliana Di Tullio (Directora BAPRO), Sandra Russo (periodista), Ricardo Rouvier (sociólogo), Pedro Biscay (ex-Director - BCRA), Claudio Lozano (economista, Director BNA), Sandra Russo (periodista) y Gabriel Mariotto (ex vicegobernador PBA), entre otros.

Los firmantes le exigen al jefe de Estado “investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina”.

Y “exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país”.

También proponen “reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país”.

En otros párrafos afirman que se debería “impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria”. Este es uno de los puntos de difícil cumplimiento ya que el FMI nunca va aceptar la refinanciación de los intereses corrientes. Argentina ya está abonando esos intereses.

Para apoyar el proyecto de declaración que se aprobó recientemente en la Cámara de Senadores de la Nación consignan que se debería “utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, aliviando las restricciones que limitan la atención de los graves problemas derivados de la pandemia Covid-19 y privilegiando la salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros y no al pago de la deuda por capital , intereses o gastos”.

Para que esto pueda realizarse “sostenemos el criterio enunciado por el bloque de Senadores oficialistas en el Proyecto de Declaración recientemente presentado donde se señala que esos recursos deben destinarse a compensar los impactos negativos de la pandemia y no al pago de las deudas”.

“El FMI debería no sólo adoptar un plazo en el que sea posible acotar el servicio de deuda del país, sino que sería justo que reconozca una quita de capital, a manera de compensación por las faltas cometidas en el otorgamiento del préstamo, sin desmedro de las consecuencias fácticas en que pueda derivar la auditoría”, reza otro tramo de la proclama.

Sobre este punto no existe en los estatutos del FMI una posibilidad de negociar una quita del capital adeudado. En las diferentes reuniones que el ministro Guzmán mantuvo con las autoridades del FMI y con su titular Kristalina Georgieva, este reclamo ya fue desestimado.

La proclama completa:

En épocas de crisis las sociedades se ponen a prueba. La defensa del interés general debe prevalecer por sobre los intereses individuales, y el uso de los recursos públicos debe priorizar el bienestar general, velando por la protección de los sectores más vulnerables.

Una pandemia, de la magnitud como la del COVID 19, que hoy sufre la humanidad, exige que todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales y, su superación, garantizando la atención médica de los enfermos y la vacunación.

En plena pandemia, los desequilibrios y las desigualdades en el mundo se han profundizado, ya que los poderosos y quienes especulan con la crisis incrementan sus riquezas mientras, sobre las mayorías, recae el costo más alto de esta conmoción mundial que deriva en más pobreza, más desempleo, más marginalidad, más hambre. También se posterga la atención de la salud y la imprescindible y urgente vacunación universal.

Lamentablemente, no ha habido una respuesta vital y vigorosa por parte de los líderes mundiales ni de los organismos multinacionales. El apoyo internacional para contrarrestar los efectos devastadores de la pandemia y la extensión de la vacunación son marginales, y no se brindan alternativas a países periféricos que se encuentran ya empobrecidos y endeudados, sino, por el contrario, se exige a éstos mayores ajustes regresivos.

En Argentina, la pandemia del COVID-19 no da respiro y amenaza con detener la recuperación económica en curso. Los contagios y las muertes se han espiralizado. La economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio Macri y, con la pandemia, se ha profundizado aún más la emergencia económica y social.

Nuestro país se encuentra en una situación de “estado de necesidad” que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población.

Es por eso, que:

Estimamos imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis.

Con esa idea central es que proponemos:

• Impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria.

• Reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país.

• Renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes.

• Utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, aliviando las restricciones que limitan la atención de los graves problemas derivados de la pandemia Covid-19 y privilegiando la salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros y no al pago de la deuda por capital , intereses o gastos.

• Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI.

• Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina.

• Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país.

Ya en perspectiva, superada la pandemia:

• Destinar prioritariamente los recursos del país a impulsar el desarrollo integral de nuestro pueblo y de las fuerzas productivas de forma sostenida en el tiempo, para que se recomponga el tejido social, hoy profundamente deteriorado.

Deuda: responsabilidades, prioridades y alternativas

Como es de público conocimiento, el gigantesco crecimiento del stock de deuda externa (1), no fue generado por el gobierno del Presidente Alberto Fernández sino por la actuación irresponsable del gobierno anterior (cuanto menos, irresponsable, ya que en sede judicial se está debatiendo sobre el carácter delictivo que le podría alcanzar).

La deuda, resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina.

En menos de tres años, el gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos endeudó vertiginosamente al país, tanto con capitales privados como con el FMI, suscribiendo con éste, el acreedor más condicionante de todos, un préstamo que es el mayor tomado por Argentina y el mayor otorgado por ese organismo en toda su historia.

A partir del proceso de apertura financiera y colapso especulativo, en poco tiempo empeoraron todos los indicadores de endeudamiento (relación deuda/PBI, deuda/exportaciones, perfil de vencimientos, composición de endeudamiento por tipo de moneda y por acreedor), a tal punto que el gobierno de Macri fue el primero en no pagar su propia deuda en pesos, incluso, batiendo el que tal vez sea un récord mundial: defaultear la deuda en la propia moneda nacional.

El gobierno del presidente Alberto Fernández renegoció la deuda con los acreedores privados externos y locales, en moneda extranjera y doméstica. Sin embargo, ese esfuerzo de reestructuración de deuda con el sector privado no produjo los resultados esperados en términos de disminución del riesgo país y del ingreso de divisas esperado.

En ese marco, las negociaciones con el FMI afrontan un complejo panorama, ya que éste propone únicamente un acuerdo a 10 años, por lo cual se transformaría en un auditor permanente de las cuentas del Estado Nacional e impondría sus condicionantes, perjudiciales para el presente y el futuro de Argentina. No podemos obviar la corresponsabilidad del Fondo en el endeudamiento de Argentina, violando sus propias normas (art. 6° del Convenio Constitutivo) y facilitando la fuga de capitales.

El acuerdo “stand-by” de Argentina en 2018 por 57.000 millones de dólares fue el resultado de una decisión política sesgada de las autoridades de ese organismo, completamente alejada de los criterios técnicos habituales y los objetivos de esa institución.

Existen explícitas evidencias que, en el corto plazo, el apoyo del FMI tuvo como objetivo el garantizar la reelección de Mauricio Macri, lo que no pudo lograr. Pero en el mediano y largo plazo la finalidad de este gigantesco endeudamiento impagable es tener a la Argentina encadenada por años a la supervisión y auditoría del FMI, para que ningún gobierno de signo popular pueda desarrollar su programa y deba resignarse a los ajustes permanentes.

Ante serios indicios de irregularidades y corrupción en el proceso de endeudamiento del país que llevó adelante la gestión de Cambiemos, el presidente Alberto Fernández ha impulsado una querella criminal por la comisión del delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio del erario público” contra los funcionarios de ese entonces. Es un paso positivo importante que pone en la agenda pública, tanto nacional como internacional, un problema que por su envergadura y magnitud impactará también en las próximas generaciones.

Y, particularmente, en relación al gigantesco “stand by” del FMI de 2018, cuyo proceso irregular fue puesto en clara evidencia por el bloque oficialista de Senadores del Frente de Todos (2), desde el Gobierno se impulsa que “se determine si el préstamo en cuestión implicó un perjuicio para el Estado y en ese caso estime el monto de ese perjuicio”.

Proyecciones fundadas muestran que, con una renegociación a 10 años con un Plan de Facilidades Extendidas y una tasa de interés reducida, del 2% anual, contemplando los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa nacional con acreedores privados, con el FMI, con otros organismos internacionales y la correspondiente a las provincias, el país necesitaría destinar unos 15.000 millones de dólares por año para cancelar esos vencimientos.

Otras proyecciones estirando los plazos hasta 20 años y reduciendo la tasa de interés mejoran la situación, pero no resuelven la imposibilidad de pago de todos estos vencimientos.

¿Cuánto debiera ser el superávit fiscal primario para hacer frente a los intereses? ¿Cuántos los excedentes económicos para repagar los vencimientos de capital? ¿Cuánto el saldo de la cuenta corriente para proveer las divisas necesarias?

Claramente, nos encontramos en presencia de una situación de insolvencia estructural, autoprovocada en connivencia con el Fondo y no de iliquidez transitoria.

En esta perspectiva, seguir en este curso de acción lleva a resignar prioridades sociales y de crecimiento económico. No es difícil prever un sendero tortuoso como el impuesto a Grecia, o el fuerte recorte del gasto público en el Ecuador, o la inagotable sucesión de crisis en Egipto, o en estos días el propósito de imponer mayores impuestos regresivos al pueblo de Colombia.

Todo ello promovido y aprobado por el FMI.

La realidad se impone: no se puede seguir manteniendo los pagos de una deuda pública que no fue contraída para satisfacer necesidades del pueblo ni del país, que no sirvió para construir hospitales, puentes o escuelas o recuperar la infraestructura, sino para enriquecer al puñado de poderosos que consumó la fuga de capitales que el préstamo del FMI financió y consintió con pleno conocimiento de su malversada utilización. Así lo demuestra acabadamente el estudio “Formación de Activos Externos 2015-2019” (3), que realizó el Banco Central de la República Argentina, y la acción posterior de la Oficina Anticorrupción.

Consideramos indispensable que se complete la auditoría y, ya con evidencias puntuales, extender las querellas a los responsables, para que pueda plantearse el levantamiento de secretos bancarios y societarios, tanto a nivel nacional como internacional. Para que se pueda poner al descubierto y conocer cómo se concertaron esas operaciones y quiénes son las personas físicas y jurídicas comprometidas, y que sean ellos, los verdaderos beneficiaros del endeudamiento con el FMI, quienes devuelvan esos fondos.

En este sentido, entendemos necesario exigir al FMI y otros organismos internacionales que brinden todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que colaboren en encontrar y restituir los fondos fugados del país.

Si alguien debe pagar, que sean los jugadores especulativos devolviendo el dinero y los funcionarios de entonces, solventando con su patrimonio las irregularidades cometidas, para que el pago no sea a costa del pueblo trabajador, de la salud de los argentinos, de los jubilados, los maestros, los necesitados.

Es insoslayable que el FMI modifique radicalmente sus criterios y estructuras de préstamos en el marco de un cambio imprescindible de la arquitectura financiera internacional que reclaman la mayoría de los países del mundo, tal como lo reflejó la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución de setiembre 2015 “Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana”(4).

En ese rumbo, resulta imprescindible, avanzar en efectivizar la vigencia plena de ésta, como así también es insoslayable que frente a la grave situación creada a la Argentina por enfoques equivocados e inaceptables injerencias en su política interna, el FMI adopte flexibilidades que prevean que el repago del préstamo mal concedido se haga sin afectar la calidad de vida, ni la posibilidad de desarrollo, ni la irrestricta autonomía del gobierno argentino para disponer de su política económica.

El FMI debería no sólo adoptar un plazo en el que sea posible acotar el servicio de deuda del país, sino que sería justo que reconozca una quita de capital, a manera de compensación por las faltas cometidas en el otorgamiento del préstamo, sin desmedro de las consecuencias fácticas en que pueda derivar la auditoría.

El caso argentino no es uno más, sino que constituye una bisagra de fin de época. El FMI es un organismo que no debería fomentar ni planes de ajuste ni modelos económicos que condicionen los derechos políticos de las ciudadanías a darse sus proyectos económicos, ni los derechos sociales de los sectores vulnerables de las economías periféricas.

Tal como fuera ya señalado al FMI “parafraseando al ex Secretario del Tesoro de los EEUU, Paul O ́Neill, que, durante la crisis de la convertibilidad del 2001/02 supo decir que “los plomeros y carpinteros de los EEUU no deberían pagar la irresponsabilidad de quienes prestaron fondos a la Argentina sin tomar los recaudos pertinentes”, hoy podríamos afirmar que los trabajadores de Argentina no deberían ser los perjudicados por la devolución de los préstamos del Fondo”(5).

Actualmente, y en medio de la crisis pandémica global, los países del G-20 han propuesto que el FMI realice una emisión de Derechos Especiales de Giro por un monto equivalente a 650.000 millones de dólares, que se distribuiría de acuerdo a la participación societaria de los países-miembro, previéndose que a Argentina le corresponderían unos 4.350 millones de dólares. Estos fondos no deberían ser utilizados para sostener la regresividad financiera, pagando deuda a países ricos que no lo necesitan. Deben ser destinados a la salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, y no al pago de la deuda por capital e intereses o gastos que el país mantiene con este organismo o el Club de París.

Así lo señala también el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado argentino (6) y el de legisladores del Partido Demócrata en el Congreso de EEUU (7).

No se nos escapa que el FMI se suma así a la política de la administración del presidente estadounidense Joe Biden de expandir la masa monetaria. Pero también lo hace para evitar la suspensión o condonación de pagos que han sido propuestos en varios foros internacionales y evitar así la necesaria y urgente reforma del sistema financiero internacional.

Sostenemos el criterio enunciado por el bloque de Senadores oficialistas en el Proyecto de Declaración recientemente presentado donde se señala que esos recursos deben destinarse a compensar los impactos negativos de la pandemia y no al pago de las deudas (8).

En el marco de la actual situación de crecimiento desmesurado de las deudas soberanas, especialmente en nuestra América Latina, siendo Argentina “un caso testigo”, es indispensable trazar una política exterior que tienda a fortalecer lazos para lanzar e impulsar una campaña internacional de esclarecimiento de la situación del endeudamiento de los países periféricos y proponer alternativas y acciones conjuntas para impulsarlas.

El mundo, no solo Argentina, se encuentra ante una crisis excepcional que requiere respuestas acordes a las prioridades de una emergencia sanitaria, social y económica inédita y no que profundicen aún más los enormes e injustificables desequilibrios que ya padece la humanidad.

El presente y el futuro están en juego.

Buenos Aires, 25 de Mayo 2021