Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de izquierda en el Gobierno: “Hubo un ataque muy virulento después de la conquista del aborto”

Entre el ruido del tren y una formación de vagones abandonados y oxidados, cerca de un centenar de mujeres forma fila al aire libre. Están en el galpón agroecológico Mutual Sentimiento, un predio al lado de la estación de ferrocarril Federico Lacroze del barrio porteño de Chacarita, a metros del vecindario popular Playón de Fraga. El sitio es el lugar donde, antes del coronavirus, se organizaban las asambleas del movimiento feminista. Es jueves y a las interesadas las esperan un grupo de jóvenes del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), que le tomarán sus datos y les harán algunas preguntas personalísimas. Todas sufren violencia de género en sus hogares y buscan un subsidio que les ayude a superar su situación.

Poco antes de las 15.30 llega la responsable del operativo, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Se reúne en círculo con las presentes y debate sobre el programa “Acompañar” y las políticas de género en curso.

“El común denominador es que son mujeres solas en situación de violencia de género, jefas de familia con varios chicos, sin trabajo, que sostienen sus hogares y cobran en su mayoría la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, describió Gómez Alcorta.

Hasta el momento, la cartera ministerial cumplió su primer objetivo, la legalización del aborto, pero mantiene abierto uno de los problemas más urgentes y estructurales que afectan a las mujeres y diversidades sexuales. El encierro sanitario agravó las condiciones de vida de las mujeres y la cantidad de mujeres asesinadas por la violencia machista. Parte de la agenda de Gómez Alcorta incluye reuniones con madres y familiares de víctimas. El último caso de impacto mediático fue el de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años que permanece desaparecido desde que salió a una entrevista de trabajo en la localidad bonaerense de Alejandro Korn.

— Te habrá sucedido que, ante cada femicidio, aparecés como la cara visible y la principal funcionaria responsable. En el caso de Úrsula Bahillo, fue muy fuerte el reproche en las redes sociales sobre lo “qué está haciendo la ministra” para enfrentar la violencia de género. ¿Cuál es la respuesta frente ante ese tipo de críticas?

— Las críticas, el enojo y la indignación son siempre válidas. Me parecen sanas, porque son el motor que hace mover a los Estados y a la política. Lo que creo es que hay muchísima gente que subestima el problema. Lo decimos siempre: nos matan y nos violentan desde hace siglos. Nos matan y nos violentan porque nos resignan a un lugar en nuestros hogares, porque cobramos menos, porque nos cuesta más trabajar y nos cuesta llegar mas a los cargos políticos, sindicales y jerárquicos en empresas y universidades. Aunque tuviésemos todos los recursos del mundo, suponer que estas desigualdades se pueden solucionar en un año es subestimar el problema. Parte de las críticas estuvieron mal intencionadas y hubo un ataque muy virulento vinculado a la enorme conquista que fue el aborto. Es un derecho de los más importantes para las mujeres y personas gestantes y apunta al corazón del patriarcado. La inmediatez entre las críticas y esa tremenda conquista es imposible de desligar.

El año pasado se registraron un total de 253 femicidios directos, 29 femicidios vinculados, 8 personas trans y 5 suicidios femicidas, de acuerdo a un relevamiento del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN). Fueron cinco asesinatos de violencia de género por semana. En lo que va del primer cuatrimestre de 2021, hubo 92 femicidios, según lo recolectado por la ONG La Casa del Encuentro. El registro más fiable sobre las víctimas en la pandemia, sin embargo, tendrá que esperar. Esa sistematización está a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

— ¿Crees que el Ministerio de Mujeres aún tiene que justificar su existencia frente a los planteos de ciertos sectores que reniegan de la política feminista?

— Este Ministerio está hace nada en términos históricos. Seguimos remodelando nuestro edificio, si no fuera por eso hoy no tendríamos computadoras ni dónde sentar a las compañeras. Hay una enorme dificultad para comprender lo que implica construir un Ministerio de cero. ¿Se necesita justificar un Ministerio de Salud? No. ¿Se necesita hacerlo para uno de Ciencia y Tecnología? Bueno, si hablás con un macrista, quizás sí lo necesitás justificar. Nosotras dejamos de hacerlo porque tenemos una enorme cantidad de agenda de políticas que a partir de este segundo año empezamos a poner en marcha y gestionar muy fuerte.

Descoordinación estatal y violencia de género

El femicidio de Úrsula Bahillo generó una ola de indignación social. Efectivamente, el malestar por la muerte de la joven de 18 de años de Rojas, ocurrida el 8 de febrero pasado, “movió a la política y al Estado”. El episodio impulsó la creación de dos nuevas instituciones: el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidio y el Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG). Junto con el registro URGE de denuncias policiales, a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, las tres instituciones buscan coordinar esfuerzos en todo el país para sistematizar los protocolos y formas de intervención.

“Las policías y los poderes judiciales son autónomos, dependen de cada provincia. La mayoría de los dispositivos de asistencia a las víctimas son provinciales o municipales. Nosotros veíamos las intervenciones del Estado como archipiélagos, con fiscales y jueces haciendo cosas distintas en las mismas causas. No había forma de conectar. Necesitábamos un ámbito como el Consejo Federal para la Prevención de Femicidios, para poner pautas y lineamientos en 15 puntos que aspiramos que todo el país promueva y adopte en cuestiones como seguridad, justicia y sistemas de información”, relató Gómez Alcorta.

Según la ministra, hasta el momento unas 13 provincias adhirieron a la propuesta Sistema Integrado de casos de violencia de género, junto al Poder Judicial de Tucumán y el Ministerio Público de Salta. “Todas las semanas estamos incorporando”, agrega. Recuerda de memoria la larga lista de reuniones mantenidas con distintas autoridades federales y provinciales del ámbito judicial. Cita, además, dos renuncias llamativas: la de los jueces Francisco Pisa y Jorge Alberto Videla, quienes fueron cuestionados en su desempeño por su responsabilidad en los femicidios de la docente Paola Tacacho y Guadalupe Curual.

“Los poderes judiciales empezaron a tener una predisposición a dialogar con el Poder Ejecutivo que hasta ahora no había sucedido. Si no estamos todos pensando en una misma mesa, las respuestas van a seguir fragmentadas, incompletas e insuficientes. Y eso sucedió centralmente a partir del femicidio de Úrsula. Fue un parte agua”, planteó.

— ¿Cuánto falta para tener un sistema de alerta temprana que responda adecuadamente ante la primera denuncia de una mujer por violencia de género?

— Lo que ya está sucediendo es el sistema único de denuncias URGE, del ministerio de Seguridad de la Nación, que está en licitación. El URGE tiene la intención de unificar, en un mismo formulario, preguntas e indicadores de riesgo, las denuncias policiales que lleguen sea en Perico o Santa Cruz. Este sistema va a dialogar con el Sistema Integrado (SICVG), que es más amplio y que ya no incluye solo las denuncias policiales, sino a los poderes judiciales, la línea 144 y todos los programas a los que las mujeres acuden, sean de cualquier municipio o provincia, y que hoy ya sirve para el programa “Acompañar”. Cada vez tiene que haber más organismos y provincias que lo integren. Para nosotras ésta es la política más ambiciosa, más difícil y que más cambios puede generar en el mediano y largo plazo. Si o sí se tiene que convertir en una política de Estado para que, cuando nosotros nos vayamos (siempre decimos que “somos turistas” en esto), hay que asegurar que siga creciendo. Esto es lo que efectivamente va a poder cambiar los tipos de intervención.

Pandemia de cuidados sobrecargados

— El año pasado fueron muchos meses de aislamiento y de cierre. Muchas mujeres se hicieron cargo del grueso de las tareas familiares y de cuidado, incluso en lo educativo. ¿Cuál fue tu planteo en el Gobierno para hacer frente al desborde que vivieron millones de mujeres en sus hogares?

— Tal cual decís, la pandemia profundizó la crisis de los cuidados. Cuando empezamos a trabajar en nuestras casas nos quedamos sin esa red de apoyos que son las escuelas, de quienes iban a trabajar a las casas particulares y nos quedamos sin las abuelas, que en Argentina ocupan un lugar de cuidadoras que permite el funcionamiento familiar. Trabajamos mucho con el Ministerio de Trabajo para las licencias de los que tenían hijos e hijas en edad escolares, en la Ley de Teletrabajo junto a Vanesa Siley, para que incorpore la idea de la compatibilidad de los cuidados; y en la Mesa Interministerial de Cuidados, donde se trabajaron una cantidad de acciones concretas. También acompañamos a quienes trabajaban en las casas particulares, y que fueron sumamente afectadas porque han dejado de cobrar y que les quisieron descontar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Hicimos una campaña muy grande de corresponsabilidad y sensibilización de cuidados.

— Es claro que el problema es, primero, cultural. Aún así, ¿hubiese sido posible otro tipo de herramienta a corto plazo que libere a las mujeres de estas nuevas cargas que sufrieron en el peor momento de la cuarentena?

— Salvo lo de las licencias, que exceptuaban del trabajo a quienes realizaban tareas de cuidado, en los meses más duros se vivió una marca de la cultura en la organización dentro de cada familia. La política tiene capacidad de modificar (y es lo que estamos haciendo) pero la cultura no cambia en lo inmediato. Con una norma o una disposición no se puede modificar quién se encarga y quién no de las cosas dentro de una casa.

— La Ley de Contrato de Trabajo establece un “sistema de cuidados” arcaico, con licencias por paternidad y de cuidados familiares acotada. ¿Habrá alguna medida o avance legislativo para equiparar las corresponsabilidades familiares?

— Si, estamos trabajando en eso. Hay varios proyectos en el Congreso nacional y hemos tenido varias reuniones. Es uno de los temas de agenda del Gobierno, no es para ahora por la pandemia.

— ¿Se acercó alguien de la CGT a plantear el tema?

— Por decisión del Presidente, el Gobierno conformó una comisión para la redacción de un anteproyecto de ley del Sistema Integral de Cuidados con integrantes del sector de primera infancia, discapacidades y de amas de casa. Hace dos meses tuvimos una reunión con representantes de las tres centrales sindicales, junto con el ministerio de Trabajo, Claudio Moroni. Son temas que se vienen charlando.

La izquierda en el Gobierno

Del gabinete actual de Alberto Fernández, Elizabeth Gómez Alcorta es la única funcionaria con rango ministerial que proviene de agrupaciones de izquierda.

“Eli” -como la llaman sus allegados y sus compañeros de militancia de la organización Vamos- reivindica en sus redes sociales los símbolos de su imaginario político, como la Revolución Cubana. Antes de su llegada al gabinete, la abogada de derechos humanos patrocinó a la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala, litigios de demandas de pueblos originarios y causas vinculadas a las víctimas del terrorismo de Estado. Un universo distinto al de la revista The New York Times, que esta semana resaltó su rol junto a la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y a Mercedes D’Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.

El escándalo de la “vacunación VIP”, que eyectó del Gobierno al ministro de Salud, Ginés González García, interpela de manera directa a su pensamiento de “militancia popular”.

“Comparto la decisión que tomó el Presidente, que fue un modo de responder desde la política y sobre todo teniendo en cuenta el rol que llevaba adelante el Ministro de Salud. La decisión del Presidente habla de la contundencia de la mirada de los privilegios. Como feminista y como militante lo viví con la preocupación que un bien tan preciado no sea de acceso privilegiado para todos y para todas”.

— Te considerás una militante de izquierda...

— Soy una militante de izquierda. No me considero (risas).

— ¿Cuál es la agenda que lleva una militante de izquierda en un gobierno tan heterogéneo como es el Frente de Todos, donde convive la Iglesia y sectores que están a la “derecha” como Sergio Berni?

— Primero esto, no despegar los pies sobre la tierra. Y después trabajar en contra de cualquier privilegio: los de clase, los de género y los de la política. Hay que demostrar que uno cuando está en la función pública, en definitiva, también es un trabajador o trabajadora. Soy madre y trabajadora. Cuando uno se considera así, entiende que todos los que trabajan con uno debe pensarse por fuera de la lógica de las jerarquías. Hay algo de pensar la horizontalidad y de no alejarse de la realidad que es lo que nos permite ser militantes de izquierda. Cuando eso lo disociás y rompés, te despegaste. Sigo siendo muy usuaria de lo público: mi hijo va a escuela pública, mi lugar del fin de semana es el parque de mi barrio y hasta la pandemia seguía yendo dos o tres veces en el subte siendo ministra. Decido seguir manejando mi auto para ir y volver a trabajar. Es lo que corresponde, esto es un trabajo. Vos no sos ministro, trabajás de ministro. Y ese es un cambio fundamental. Si te lo crees, el rol te come. Y eso es una diferencia de las transformaciones que tenemos que inyectar para el Estado.

FOTOS Y VIDEO: Matías Arbotto

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