Cuando aún no cesa la crisis en el sector pesquero desatada por la ola de contagios y muertes por Covid-19 a bordo de los buques, la singular movida legislativa en “defensa de los derechos de mujeres y trans”, produjo desconcierto y preocupación, tanto entre los empresarios del sector como en el seno de las entidades gremiales de los pescadores e incluso entre autoridades de la Armada Argentina y la Prefectura Naval.
El proyecto de la senadora chubutense Nancy González -ya con media sanción de la Cámara Alta, por 52 votos contra sólo 3 en contra- propone modificar el artículo 40 de la ley 24.922 que regula en forma general la actividad pesquera nacional. En la parte ahora sujeta a reforma se establece la manera en la que se deberán integrar las tripulaciones de los pesqueros que navegan con pabellón nacional. “En modo alguno el art. 40 habla de conformación por sexo o género o cualquier otro tipo de segregación. El espíritu del legislador en este punto fue el de fijar la reserva de determinados puestos para ciudadanos argentinos o naturalizados en resguardo de la mano de obra nacional. En esos términos se fija que la totalidad de la oficialidad debe ser de nacionalidad argentina y que por lo menos el 75% de la marinería deberá integrarse con argentinos o extranjeros con al menos 10 años de residencia en el país”, indicó a Infobae uno de los especialistas en pesca de la Liga Naval Argentina.
“Por otra parte, en caso de requerirse personal extranjero por falta de argentinos, estos embarcos serán extraordinarios y transitorios y deberán cesar en cuanto haya mano de obra nacional disponible. La modificación propuesta por la senadora González resulta peligrosa, porque agrega una cuestión de género en un actividad en la que la mujer tiene las puertas abiertas desde hace años, pero a la que no accede en mayor proporción simplemente por falta de interés o vocación”, afirma el entrevistado.
Distintas fuentes consultadas por este medio, manifestaron con énfasis su rechazo a la medida por considerarla innecesaria y altamente condicionante para el futuro de la actividad. Entre los argumentos más contundentes se cuentan los siguientes:
- Desde el año 1978, la Armada Argentina habilitó el ingreso de personal femenino a la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano formadora de los Oficiales con mayor jerarquía profesional de la Marina Mercante Nacional, ya que son los únicos aptos para conducir todo tipo de buques sin ninguna limitación.
- A partir de ese primer paso se fueron abriendo las vacantes femeninas para la escuelas Nacional Fluvial y Nacional de Pesca, sin límite de cupo por género, hombres y mujeres ingresan indistintamente hasta que se completan las vacantes generales previstas cada año.
- En la actualidad, la Escuela Nacional de Pesca cuenta con 100 alumnos en sus aulas, sólo 3 son mujeres y todas revistan en la especialidad cubierta, “no hay interés femenino en ser maquinistas”, dicen los docentes. Y agregan: “Considerando el nivel de deserción habitual, lo más probable es que sólo una egrese”. Autoridades de la Armada aclaran que para el caso particular de esta escuela todos sus alumnos ya tienen experiencia a bordo como marineros pescadores; al egresar se transformarán en oficiales. “Es una escuela de capacitación, no de formación, no podemos salir a buscar candidatos a la calle, aquí llegan quienes ya tienen varios años a bordo”. Aclaran.
Uno de los máximos referentes del sindicalismo pesquero sostiene: “Es realmente preocupante el nivel de desconocimiento de nuestra actividad que ha demostrado la ideóloga de esta estrafalaria modificación a la ley de pesca. Además, está claro que sólo puede haber sido aprobada por una ignorancia análoga en la materia por parte del resto de los senadores. El proyecto habla de la creación de un programa de capacitación especial que dictará la Prefectura Naval junto con el Ministerio de las Mujeres. Parece que nadie tuvo en cuenta que toda la formación, capacitación y habilitación del personal embarcado ya está delegada en distintos organismos, entre ellos la Armada y la Prefectura siendo que la autoridad de aplicación y contralor del sistema de formación es la Subsecretaria de Marina Mercante del Ministerio de Transportes. Todo está inventado, normado y legislado y comenzar a tocar reglamentos en forma innecesaria puede traer más complicaciones que soluciones”.
A su turno, desde el sector empresario van más allá al sostener que “la actividad pesquera está siendo castigada como pocas veces, las cargas fiscales sobre el sector son muchas veces confiscatorias, las cada vez más exigentes reglamentaciones nos obligan a constantes inversiones y la pandemia está diezmando la flota sin que las autoridades atinen a brindarnos una solución. Ahora, obligarnos a tripular nuestros buques con un 30% de mujeres, cuando la porción de personal femenino no pasa el 2% en toda la marina mercante es casi demencial. En cuanto a establecer un cupo trans, es como establecer un cupo para ciudadanos de distintas etnias. Lo primero que debe hacer quien quiera embarcar en un buque es estudiar, formarse, capacitarse, rendir decenas de exámenes teórico prácticos, sortear rigurosos chequeos médicos y finalmente soportar la dura vida a bordo. Si es capaz de cumplir con todos esos requisitos, a nadie se le ocurrirá preguntar o cuestionar su raza, religión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia personal. No se entiende qué es lo que están queriendo legislar”.
Vale destacar que Argentina es miembro activo de la Organización Marítima Internacional (OMI) dependiente de las Naciones Unidas. Este organismo ha bregado en los últimos años por una mayor participación de la mujer en la actividad marítima, estando la Argentina considerada como uno de los países pioneros en la materia. En todos los estamentos de la Marina Mercante de ultramar, fluvial y pesquera hay personal femenino. De la misma forma casi todas las entidades gremiales del sector cuentan con mujeres en sus órganos de conducción, las planas mayores y cuerpo docente de las distintas escuelas están integradas por un alto porcentaje de mujeres e incluso cámaras empresarias del sector son integradas o directamente conducidas por mujeres. Además, doce marinas mercantes participaron activamente de las operaciones militares desarrolladas durante la guerra de Malvinas.
Desde la comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros de la Cámara de Diputados dejaron trascender que procurarían bajarle el tono al proyecto del Senado evitando modificar la legislación vigente en materia de conformación de tripulaciones pero manteniendo algún incentivo económico para los armadores que fomenten el embarco femenino.
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