Confirmaron el procesamiento del intendente de Malvinas Argentinas por una defraudación millonaria con los planes Progresar

Leonardo Nardini es intendente del partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, desde diciembre de 2015. En aquella elección encabezó la boleta del Frente para la Victoria. En 2019 lo reeligieron por la lista del Frente de Todos. Antes de ser intendente tuvo un cargo vital en el que basó su campaña electoral: estuvo desde 2013 al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Malvinas Argentinas, la estratégica oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el municipio. Varios dirigentes kirchneristas hicieron pie en la oficina de ANSES para, a fuerza de entregas de distintas prestaciones sociales, disputar las elecciones frente a los viejos “barones del Conurbano” del peronismo provincial. Nardini derrotó en 2015 a Jesús Cariglino que había gobernado Malvinas Argentinas desde 1995.

En 2015, cuando Nardini fue candidato a intendente por primera vez y estaba a cargo de la UDAI de Malvinas Argentinas, manejó las inscripciones para variados beneficios sociales destinados a los habitantes del municipio como las del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar). El programa -que se había presentado en 2014- entregaba una suma de dinero mensual a jóvenes sin trabajo que, para cobrar la ayuda social, se comprometían a estudiar. El certificado de estudios era condición para el cobro.

Cuando cambiaron las autoridades nacionales en 2015 se hizo una auditoría en la UDAI de Malvinas Argentinas. Se detectaron entonces decenas de trámites irregulares en la inscripción de estudiantes como beneficiarios del Progresar. Se abrió un sumario administrativo en el que se demostró que en el segundo piso de la oficina pública de ANSES funcionaba una “UDAI paralela” que atendía especialmente los trámites del Progresar. Trabajaban allí militantes de la agrupación kirchnerista Kolina -que integraba Nardini- que no eran empleados de ANSES y algunos funcionarios de planta.

Como resultado del sumario administrativo tres funcionarios de ANSES fueron despedidos con causa. De haber seguido trabajando en la UDAI, a Nardini lo habrían despedido. Luego del sumario administrativo se hizo la denuncia penal para que se investigara si los ex funcionario de ANSES habían cometido delito al ingresar al sistema las autorizaciones para los beneficiarios del Progresar.

En diciembre de 2019 Alicia Vence, jueza federal de San Martín, había procesado a Nardini por el delito de fraude contra la administración pública cometido en 596 casos de personas que fueron mal inscriptas en el Plan Progresar. También fueron procesados los empleados de ANSES y los colaboradores “externos” que estuvieron involucrados en la maniobra encabezada por el actual intendente de Malvinas Argentinas.

En el expediente judicial se acumularon testimonios de empleados de ANSES, entre ellos los de limpieza y seguridad que confirmaron la existencia de la oficina paralela que manejaba Nardini en la que trabajaban personas que no pertenecían al organismo. Además quedó demostrada la falta de exigencia de las constancias educativas y la omisión en la confección de los legajos de los que aspiraban a la ayuda social. También se corroboró que se ingresaron pedidos de la ayuda sin haber sido solicitados y que fueron ingresados trámites con “documentación recibida” en lugares externos a la UDAI. Se comprobó además que se usaba la clave personal de Nardini para el ingreso de trámites, pese a su ausencia en gran del parte del 2015 debido a que –entre otras cosas- estuvo en campaña electoral.

Cuando firmó el procesamiento en diciembre de 2019 Vence había dicho sobre Nardini: ”El nombrado resultó ser durante el periodo cuestionado -2015-, el Jefe la UDAI de Malvinas Argentinas y, en ejercicio de ese rol, tenía cierto margen para disponer los movimientos de personal que estimare necesarios. Claramente, en base a su objetivo, fue que dio la directiva en torno a ‘Progresar’, relativa a que esos trámites se recibirían directamente en el segundo piso, donde se había instalado la cuestionada estructura paralela, es decir, prescindiendo de los operadores naturales del sector correspondiente y, evitando, de esa forma todo el mecanismo de contralor”.

Al momento de su indagatoria Nardini negó los hechos por los que fue procesado. Cuando se le preguntó por la estructura paralela que funcionaba en el segundo piso de la oficina de ANSES en Malvinas Argentinas, el intendente respondió: “…Otra de las imputaciones que se me formulan aparece como la creación de una UDAI paralela para la atención de público….entendí que debía apartarme de la burocracia…. y dispuse, de lo que no sólo no me arrepiento sino que volvería a hacer, que se atendiera a toda la gente que se acercara….no es ningún secreto el alto grado de ausentismo de la UDAI de Malvinas Argentinas…..llevé colaboradores que son personas que desinteresadamente intentaban ayudar para que la atención a la gente con necesidades mejorara sustancialmente”.

En el procesamiento la jueza había contestado a aquella defensa ensayada por el intendente: “Su argumento resulta endeble y absurdo. Por el contrario, la conducta de los imputados y, en particular la de Nardini y sus empleados de planta, lejos de ser dirigida al resguardo de los bienes e intereses patrimoniales del Estado, cuya administración y custodia les había sido confiada, tuvo por objeto defraudar al erario nacional”.

Para la jueza “quedó corroborado que Leonardo Nardini, en su calidad de Jefe de la Unidad de Atención Integral de ANSES de Malvinas Argentinas, tenía a su cargo la administración de los beneficios sociales que aquél organismo dispone para los distintos ciudadanos”. Y que “Nardini utilizó el plan Progresar con el objeto de procurar un beneficio indebido, quebrantando el deber de cuidado del patrimonio nacional. En consecuencia dicho accionar, ocasionó un perjuicio al Estado Nacional por la suma de $6.224.403”.

Nardini y los otros seis procesados apelaron la decisión de Vence que fue revisada por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. A fines de abril los camaristas Néstor Barral, Alberto Lugones y Marcos Morán confirmaron el procesamiento de los imputados y dejaron al intendente de Malvinas Argentinas más cerca de un juicio oral y público por un caso de corrupción. Aunque redujeron a la mitad el monto del embargo que Vence le había fijado a Nardini: pasó de 30 a 15 millones de pesos.

Al confirmar el procesamiento los camaristas señalaron que: “Lo actuado en sede administrativa y judicial, advierte sobre la presencia de una multiplicidad de operaciones destinadas a burlar los mecanismos de control establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social y que propendieron a la asignación de la prestación “Progresar” a particulares que no cumplían con los requisitos previstos por la ley para su otorgamiento, desplegadas en principio con la acreditada actuación mancomunada de los justiciables; habida cuenta los aportes personales y las calidades funcionales de los imputados dentro de la estructura organizativa de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Malvinas Argentinas, punto de inicio común de las indebidas percepciones, generando de ese modo un perjuicio patrimonial a las arcas de la ANSES”.

En la resolución -a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales- agregaron que: “De modo que no se trata aquí de meros defectos de índole administrativa o desgobierno de una oficina estatal, en tanto la cantidad de casos irregulares que convoca esta pesquisa, la repetida y calcada modalidad irregular de otorgamiento –con suficiente poder ardidoso- a personas que requirieron expresamente la prestación –sin tener derecho a ello- y aquellas que no lo hicieron –pues no prestaron su consentimiento- y la concentración de casos en la dependencia aludida, imponen que las inconductas verificadas se reputen enderezadas a la afectación patrimonial estatal”.

Barral, Lugones y Morán explicaron que: “Así, se advierte que las afirmaciones de los testigos no configuran versiones artificiosas sino que coadyuvan a la reconstrucción de circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas que en el marco de este proceso adquieren relevancia penal. Pues, colocan en directa vinculación a los imputados con una determinada organización interna de la UDAI Malvinas Argentinas, predispuesta para la tramitación del beneficio Progresar, al margen de los estándares establecidos normativamente y funcionales”.

Los camaristas al confirmar el procesamiento de Nardini concluyeron que: “En este contexto, luego de analizar conglobadamente las pruebas acumuladas, consideramos que la hipótesis investigada y la intervención de los encartados en los sucesos pesquisados, se encuentran corroborados con los alcances exigidos para esta etapa del proceso”.

El caso que tiene a Nardini como el principal imputado se encamina a un juicio oral y público. Tal vez comience después de 2023 cuando termina el actual mandato de Nardini en la intendencia de Malvinas Argentinas.

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