La relación está quebrada. No hay vínculo cotidiano. La única línea de contacto que mantienen viva es para discutir y, en una segunda instancia, instrumentar las restricciones para enfrentar la pandemia. La buena relación que tenían Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se desvirtuó el día en que el gobierno nacional le quitó un punto de coparticipación al gobierno porteño para dárselo a la provincia de Buenos Aires.
Después de ese momento nada volvió a ser igual. Solo queda en pie un trato amable cuando se hablan por teléfono o se sientan frente a frente. Una fría cordialidad institucional. Frente a los micrófonos, Fernández es más virulento que Larreta y mezcla críticas con ironías. El jefe de Gobierno porteño se siente más cómodo en el rol de opositor duro que ahorra las frases rimbombantes.
El Presidente logró esta semana lo que no había podido en el último mes: encolumnar a todos los gobernadores y al Jefe de Gobierno porteño detrás de una medida sanitaria de altísimo impacto en la economía y en la vida social de las personas. Necesitaba respaldo y consenso político para construir una Fase 1 de nueve días. Lo obtuvo en 48 horas.
El motivo por el cuál Fernández logró el cambio de aptitud de los mandatarios es puramente sanitario. La segunda ola de coronavirus les llegó a todos y, tal como suele decir el Papa Francisco, y repite el Jefe de Estado, nadie se salva solo. A los gobernadores se les acabó el margen para especular. Los sistemas de salud empezaron a correr riesgo de saturación y la gravedad del escenario epidemiológico los obligó a actuar.
En la Casa Rosada aseguran que lograron que Rodríguez Larreta acompañe al Gobierno en las medidas porque si el gobierno porteño no profundizaba las restricciones, el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires no iba a poder tolerar, en el corto plazo, el ritmo de contagios que se está registrando. Es por conveniencia y no por vocación política.
Desde hace largos días que en el Gobierno se quejan por la falta de medidas más estrictas en el territorio porteño. Y, sobre todo, la ausencia de controles. Un reclamo que fue para todos los gobernadores por igual, sin distinción de bandera política y amiguismos.
Fernández tiene en claro que es el que más costo político debe asumir en esta instancia de restricciones. Lo tiene digerido. Lo que no entiende es cómo los mandatarios, incluido Rodríguez Larreta, no se dieron cuenta que, tarde o temprano, tendrían que pagar un costo si no instalaban medidas que restringieran la circulación.
El Presidente repite en privado y en público una frase que intenta avalar su hoja de ruta y los sucesivos DNU con una continuidad de medidas duras: “Yo les avisé. Se los vengo diciendo desde marzo”. Específicamente se refiere a la cadena nacional del 18 de marzo, cuando pidió extremar los cuidados por la llegada de la segunda ola de COVID-19.
El aviso tenía que ver con la necesidad de modificar el comportamiento y los controles para evitar las medidas del presente. De todas formas, el rebrote iba a llegar a la Argentina como lo hizo en Europa y Estados Unidos. En Balcarce 50 están convencidos que cumplieron con la tarea de alertar la gravedad situación, y que los gobernadores y Rodríguez Larreta miraron para otro lado. Hoy, entienden, están pagando las consecuencias.
“Alberto tenía razón cuando decía que había que cerrar, pero Horacio hizo lo que quiso. Así le fue”, sostuvo un funcionario nacional después de enterarse que el gobierno porteño estaba decidido a avanzar con una restricción estricta de la circulación. Sienten que la decisión de acompañar en un 100% el DNU presidencial es una batalla ganada que quedó desdibujada entre las definiciones del nuevo decreto.
En un despacho oficial apelaron a una chicana con ironía futbolera para describir la decisión de Rodríguez Larreta de anticipar el cierre de la circulación durante el fin de semana. Recordaron una bandera que tres hinchas le colgaron a Marcelo Bielsa en el estadio Monumental después de que la Selección Argentina quedará eliminada del Mundial 2002.
“Bielsa, el tiempo te dará la razón”, rezaba la frase escrita sobre la tela celeste y blanca colgada en el primer partido de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2006. En clave política, la frase sería: “Alberto, el tiempo te dará la razón”.
En la Casa Rosada sostienen que más temprano que tarde los hechos le terminaron dando la razón al Presidente. Había que tomar medidas restrictivas antes de este viernes y, si era necesario, volver una fase de restricción estricta. No sucedió y el jueves los gobernadores y Rodríguez Larreta terminaron convalidaron el confinamiento frente al sucesivo aumento de casos.
Puertas adentro de Balcarce 50 no solo apelan a las chicanas. También lanzan preguntas, como puñales filosos, que se autoresponden. “¿Dónde está Soledad Acuña? La escondieron”, dijo con voz firme un funcionario con llegada al poder real.
Apuntan contra la ministra de Educación porteña porque aseguran que dejó de aparecer con frecuencia públicamente. ¿El motivo? Sostienen que con el pasar de las semanas bajó el nivel de presencialidad y que el acuerdo social sobre la medida, que se convirtió en una bandera política de Juntos por el Cambio, dejó de ser el que era. Una mirada parcial. De un lado del charco.
La presencialidad en las escuelas es mucho más que un contrapunto por la efectividad de las medidas sanitarias. Es una pelea política de fondo donde uno intenta torcerle el brazo al otro. En el Gobierno tomaron la decisión de Rodríguez Larreta de suspender las clases presenciales la próxima semana como una pequeña victoria. No festejan, solo creen que tenían razón y los hechos del presente se la dieron. “Al final no era tan errado lo que planteaba Alberto”, advierten.
En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires asumen que las críticas eran esperables. No los sorprenden. “Son de manual”, dijo un ministro del Gabinete porteño, con cierto fastidio impreso en la voz. Y agregó: “Es la hipocresía en su máxima expresión”.
El fastidio se transformó en enojo. “No pueden controlar una feria ni echar a un subsecretario, pero la culpa la tenemos nosotros. Primero era una enfermedad que nunca iba a llegar, después la culpa la tuvieron los runners, luego los anti vacunas y ahora las escuelas. Siempre la culpa está afuera, nunca se hacen cargo de lo espantoso que son gestionando”, sentenció con dureza.
En Uspallata dicen que acompañaron todos los decretos que Alberto Fernández publicó desde marzo. Solo se diferenciaron en la decisión de mantener la presencialidad. Reducen el conflicto a una cuestión de desacuerdos, aunque el debate de fondo expone las complejidades de un vínculo necesario pero indeseado.
La relación entre los gobiernos pasa por uno de los peores momentos desde que comenzó la gestión de ambos en diciembre de 2019. Aún así los puentes están tendidos para seguir gestionando. La relación institucional la llevan tres parejas de baile: Santilli - Vitobello, Quirós - Vizzotti y Miguel - Cafiero.
Durante la cadena nacional del jueves Fernández mandó una serie de mensajes entre líneas que parecieron estar dedicados a Rodríguez Larreta y los gobernadores más resistentes a aplicar restricciones. “Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias fragmentas. Hay una sola pandemia que no reconoce límites ni jurisdicciones”, explicó.
No fue el único mensaje filoso. También sostuvo que se llegó a esta situación de gravedad sanitaria porque en muchas ciudades “no se cumplieron las medidas, se implementaron de manera tardía o se relajaron los controles”. Todas esas definiciones son las que dejaron trascender desde la Casa Rosada durante los últimos días y que tienen un solo destinatario: Horacio Rodríguez Larreta.
El párrafo que llevó una crítica directa al jefe de Gobierno porteño tuvo incluido la decisión de recurrir a la Corte Suprema para evitar que se suspendan las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. “Hubo decisiones que no compartimos, algunas de las cuales fueron judicialmente avaladas, que debilitaron las acciones contundentes que propusimos para controlar la crítica situación”, aseguró el Presidente.
Es decir, no solo acusó a Rodríguez Larreta de judicializar una discusión política, sino que le endilgó al máximo tribunal del país la responsabilidad de disminuir con su fallo el impacto de las medidas sanitarias. Si bien las negociaciones por el nuevo DNU bajaron la efervescencia del conflicto con la Ciudad, el jefe de Estado mantiene abierto los frentes de combate con el gobierno porteño y la Corte Suprema.
La relación entre Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño seguirá siendo tirante. No hay interés de que sea de otra forma. Aún permanece en la Corte Suprema la presentación que hizo Rodríguez Larreta, en la que argumenta la inconstitucionalidad de la medida aplicada por el Gobierno en la que reduce el porcentaje de coparticipación dedicado al mantenimiento de la Policía porteña. Es, en definitiva, otro desencuentro más. Así sobrevive una relación que pasó de la falsa amistad pública a la guerra silenciosa en los subsuelos de la gestión política.
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