La Justicia ratificó que no se investigarán los presuntos abusos sexuales por parte del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

La Cámara de Apelaciones de Río Grande, en Tierra del Fuego, confirmó un fallo que desvincula al gobernador provincial Gustavo Melella de la causa judicial donde se lo acusa del presunto “abuso sexual coactivo” de tres obreros de la construcción, supuestamente cometidos en 2016 y 2017 cuando era intendente de esa ciudad fueguina.

Los camaristas Jorge Luis Jofré, Federico Martín Vilella y Julián De Martino ratificaron la resolución del juez de instrucción de Río Grande Raúl Sahade, quien en febrero de este año rechazó el requerimiento de instrucción promovido por el ex fiscal del caso Guillermo Quadrini, por “inexistencia de delito”. Basaron su resolución en las “inconsistencias” entre lo declarado por las presuntas víctimas y los elementos disponibles en el expediente.

Tres trabajadores de la construcción, Damián Rivas, Alfredo Jerónimo Suasnabar y Mario Lovera, denunciaron ante la Justicia de Río Grande en 2018 a Melella por presuntamente haberles pedido favores sexuales a cambio de darles trabajo y terminar de cobrar por obras realizadas en ese Municipio. Infobae reveló en octubre de ese año en exclusiva esas denuncias en el marco de un expediente previo abierto que investigaba sospechas de irregularidades en la contratación de la obra pública por parte del entonces intendente de esa ciudad fueguina.

Según el ex fiscal general Quadrini, los hechos denunciados constituyeron el delito de “abuso sexual simple bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.

Sin embargo, el juez Sahade dispuso el 19 de febrero pasado el archivo del expediente, al sostener que los tres denunciantes mantuvieron relaciones sexuales consentidas con el hoy gobernador. Melella, electo por la agrupación Concertación Forja, cercana al kirchnerismo y hoy alienado con el Frente de Todos, hizo pública su condición homosexual a partir de que se conocieran esas denuncias, y siempre las negó. Las atribuyó a esa elección sexual en un contexto de “campaña electoral”, en su carrera hacia gobernación, cargo por el cual enfrentó a la entonces mandataria Rosana Bertone.

El titular del Juzgado Nro 2 de Río Grande resolvió el archivo de la causa más delicada que enfrentó Melella en su carrera política un día antes de que el Consejo de la Magistratura provincial tratara la denuncia en su contra por supuestamente haber cobrado dinero para favorecer a una parte en otra causa. Finalmente, ese organismo resolvió posponer una definición sobre el futuro de Sahade. Ese expediente contra Sahade aún sigue abierto.

El abogado de los denunciantes, Francisco Giménez, apeló el fallo de primera instancia del magistrado, que ayer confirmó la Cámara. La fiscal subrogante Verónica Marchisio, en cambio, no la apeló pese a la acusación presentada por su antecesor Quadrini.

Ante el nuevo fallo del Tribunal de alzada, el letrado de los denunciantes le adelantó a Infobae que presentará un recurso para cuestionar la decisión de la Cámara ante el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, por lo que la decisión del archivo no quedaría firme hasta la resolución de ese reclamo.

“No tengo dudas sobre la honestidad de la Cámara, por su coherencia en garantizar anteriormente amplios derechos a la querella en resguardo de las víctimas, revocando varias resoluciones de Sahade”, sostuvo Giménez ante Infobae. “Pero ayer hizo una interpretación distinta a la que tenemos nosotros. Por eso vamos a recurrir al Supremo Tribunal de la Provincia a fin de agotar todas las instancias del derecho interno, para luego -llegado el caso- ir a la Corte Suprema de la Nación, y si fuera necesario a la Corte Interamericana”, aseguró. Para el letrado de los obreros, en la causa se “evitó una investigación al acusado y se focalizó el caso en investigar a las víctimas”.

“Creemos que es un fallo equivocado que siente un peligroso precedente. A partir de ahora, la víctima va a tener que demostrar que ejerció acciones de resistencia para para acreditar el abuso y la falta de consentimiento de ese abuso”, advirtió a este medio.

Para el abogado de Melella, Francisco Ibarra, en cambio, “la denuncia era un verdadero mamarracho desde sus comienzos, con un fin político. Cualquier estudiante de Derecho hubiera advertido que esto no podía ser encuadrado como abuso sexual, mas allá de la parafernalia propia de un hecho político y mediático, que tuvo la relevancia propia de la época electora que se estaba viviendo”.

Para Ibarra, “no sería procedente” la apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia, porque “la Cámara ha analizado el fondo de la cuestión de los hechos denunciados y las pruebas que existen en el expediente, y ha llegado a la conclusión de que no hubo delito”. Aunque admitió que “la instancia continúa abierta”.

Para Giménez, la justicia fueguina sigue sin valorar las “grabaciones, mensajes y transferencias de dinero coincidentes con los testimonios”, mientras que tampoco se tomaron en cuenta “las pericias psicológicas a las víctimas” y se dejaron pruebas pendientes como una pericia psiquiátrica al gobernador. Melella nunca fue llamado a indagatoria.

Ante la consulta de Infobae sobre el hecho de que su cliente nunca fue llamado a declarar, respondió que “no correspondía” porque, “como confirmó la Cámara, los testimonios brindados por los denunciantes carecen de consistencia y por lo tanto sus dichos no se encuentran acreditados. Es lo que he siempre hemos declarado. Esta denuncia carecía de sentido, y tenia otra intencionalidad política, que es la que se ha demostrado. El fallo de la Cámara es contundente en este sentido al señalar que no existía ninguna clase de elemento que permitan configurar el delito de abuso sexual”.

Los argumentos de la Cámara

Los integrantes de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego hicieron hincapié en las “inconsistencias” de los testimonios de los denunciantes.

Según el voto del juez Jofré, por ejemplo, el Municipio de Río Grande “no le adeudaba” dinero a Suasnabar por su trabajo en obras públicas, con lo que resultaba “absurdo” que haya accedido al supuesto abuso para cobrar plata que le debían.

Este obrero de 52 años, oriundo de Tucumán y condición muy humilde, había ratificado su denuncia original ante el juez Sahade en febrero, bajo juramento de decir la verdad, y aportado más detalles de cómo fue el abuso que dijo haber sufrido. En su testimonio, contó que después de ir a verlo a la Municipalidad en busca de trabajo, Melella le pidió su número de teléfono y luego lo llamó para preguntarle si “aceptaba tener un novio casual” y que le dijo que “si aceptaba, iba a estar bien”. Contó que siguieron una seguidilla de mensajes de índole sexual, hasta que lo citó a su departamento con la promesa de pagarle una parte de un trabajo que había quedado pendiente, y de ofrecerle un empleo. Cuando -según relató- finalmente accedió a ir al domicilio de Melella, éste lo habría forzado a tener sexo oral en un sillón. Suasnabar dio detalles explícitos de la escena que dijo haber vivido, según el acta judicial al que accedió Infobae.

“A mí me marcó profundamente lo que pasó. No me olvido. Me hizo mucho daño. Yo le dije al juez: ‘Yo vine acá por bronca, un hombre tiene que tener dignidad’. No es fácil pasar por ese momento. Cuando uno lo vive en carne propia se da cuenta que hay degenerados. Yo tuve problemas con mi familia por todo esto, me echaron de la pensión donde estaba, no pude conseguir trabajo. Estuve muy mal”, le dijo a este medio en ese momento tras ratificar su testimonio ante la Justicia.

Respecto del testimonio de otro de los denunciantes, Lovera, en el fallo de la Cámara se afirma que su relato mostró que las relaciones sexuales fueron consentidas, y nunca “se configuró un entorno verdaderamente coercitivo”. El fundamento fue que el trabajador había tenido sexo con el funcionario en otras oportunidades posteriores. “Los encuentros fueron consensuados y desarrollados dentro de los límites del consentimiento eficaz”, afirmó el camarista Jofré.

En el fallo de 52 páginas al que accedió Infobae, también se señala que Melella “no era su superior jerárquico (de Lovera) ni le debía obediencia o acatamiento funcional en el marco de la estructura municipal”. Y que si bien el obrero manifestó haber aceptado tener relaciones con el ex intendente por “miedo”, porque “no entraría en la municipalidad, necesitaba plata y temía una denuncia”, ello “surgió de su modo de ver las cosas”, y no de una “manifestación intimidatoria o coactiva atribuible a Melella.

Los audios que comprometían a Melella

Cuando reveló la denuncia de los tres obreros de la construcción, Infobae publicó también una serie de audios publicados que comprometían al actual gobernador, en donde se lo escuchaba interesado en contactar a hombres que buscaban trabajo para supuestamente tener encuentros con ellos.

Sin embargo, el abogado del hoy gobernador insistió en que “esos audios no se encuentran en la causa, no han sido agregados en el expediente, ni fueron hallados en ninguno de los teléfonos de las supuestas víctimas que se presentaron en las actuaciones. Y es lo que me permite decir que esto era un mamarracho desde del inicio de las actuaciones”.

Esto fue desmentido por el abogado de los denunciantes, quien reclamó desde un comienzo que el juez no le había secuestrado inmediatamente el celular al entonces intendente de Río Grande. “En el dictamen pericial 543/18 se constatan los intercambios entre Melella y las víctimas”, le había asegurado Giménez a Infobae.

“Personalmente me siento defraudado, con todas las pruebas y declaraciones, cumplimos con todo lo que exige la ley, pero la Justicia miró para otro lado. Siempre está a favor de los más fuertes y en contra de los más débiles. Me siento perseguido por haber denunciado a Melella. Siendo que todo el mundo sabe de los audios, las boletas que yo presenté con los trabajo que hice y que no me pagaron”, se lamentó ante Infobae Rivas, otro de los denunciantes.

“A mí me quisieran arreglar y me ofrecieron un montón de cosas para que no siga adelante la denuncia, pero yo no me vendo por mis hijos”, afirmó.

“Yo pertenezco al gremio de la construcción, soy un pobre obrero, y pareciera que no tengo derecho un trabajo digno porque denuncié a un intendente que ahora es gobernador, que tiene todo el poder . El secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, tiene amistad con Melella. Me agredieron, gente del gremio que tiene amistad con Melella, y me despidieron. Son los que manejan las obras en Río Grande. ‘A ese viejo hay que cagarlo a palos, y al que está con el también (por Suasnabar). Porque acá, no tiene más vida, que se vaya’, me dijeron. Tengo una terrible indignación”, se lamentó.

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