La reforma del Ministerio Público se debatió en un plenario de comisiones de Diputados y la votación en el recinto se postergará porque el oficialismo no cuenta con los votos necesarios. En las últimas horas, la ONG anticorrupción Transparencia Internacional mostró su rechazo a la modificación que cambia la forma de designación y remoción del Procurador General de la Nación.
La organización no gubernamental con sede en Berlín emitió un comunicado este martes en el que expresó su “profunda preocupación” por la iniciativa del kirchnerismo y llamó a la dirigencia política a que rechace esta reforma a la que calificó de “inconstitucional”.
La postura fue compartida por la presidenta de la ONG, Delia Ferreira, quien en sus redes sociales destacó que “la independencia del Ministerio Público fue uno de los avances de la Constitución de 1994″ y reclamó: “No volvamos a la politización de los fiscales”.
“Transparencia Internacional está profundamente preocupada por el intento de reformar el método de selección del Fiscal General de la Nación de Argentina”, comenzó el organismo anticorrupción.
A través de su web oficial explicó que “reemplazar el requisito de una mayoría de dos tercios en el Senado por una mayoría simple para elegir al Fiscal General socavaría la independencia de este órgano y, a su vez la del Ministerio Público Fiscal”.
En ese sentido remarcó que el Fiscal General es “responsable” del funcionamiento del Ministerio Público, “incluyendo el diseño y establecimiento de la política de persecución penal que permita una acción efectiva contra las violaciones de la ley penal”, al tiempo que “asegura” la “independencia y autonomía” de dicho organismo para que su funcionamiento “no esté sujeto a presiones del gobierno”.
“El requisito existente de una mayoría de dos tercios para la selección del Fiscal General tiene como objetivo obligar a los actores políticos a buscar consensos para la elección de la persona más adecuada para ese rol”, remarcó.
El proyecto de ley modifica el art. 11 de la ley 27.418, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros”. Esto significa que la mayoría simple le alcanzará y no será necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas.
En el mismo comunicado Transparencia Internacional manifestó que la legislación vigente “busca particularmente generar acuerdos donde no los hay, y así evitar atajos y faccionalismo”. “Es importante redoblar los esfuerzos para lograr el consenso democrático necesario en lugar de eludirlo modificando la normativa y descartando su espíritu conciliador”, cuestionó.
La ONG emitió su rechazo mientras en el Congreso de la Nación se desató un cacerolazo contra la reforma que impulsa el kirchnerismo. La protesta se da en el marco del plenario de comisiones en el que el oficialismo pretende obtener dictamen para tratar la iniciativa, que ya tiene media sanción en el Senado, en la Cámara de Diputados de la Nación.
Al cacerolazo se sumaron dirigentes opositores, como Mario Negri. En sus redes sociales, el jefe del interbloque de Juntos Por el Cambio en la Cámara Baja manifestó: “La sociedad se ha movilizado para expresar su rechazo a la ley de impunidad que hoy el kirchnerismo quiere dictaminar. Detrás de la modificación de la ley de Ministerio Público Fiscal existe el objetivo de controlar la Justicia. Es muy evidente!”.
La mayor parte de los reclamos están relacionados a los cambios que la iniciativa plantea para elegir y remover al Procurador General de la Nación. Ese puesto es ocupado interinamente por Eduardo Casal, a quien el oficialismo quiere reemplazar. En esa dirección, Alberto Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas, que este lunes ratificó que se bajará de la postulación si el kirchnerismo cambia la mayoría para su aprobación en el Senado.
En este marco, Transparencia Internacional llamó “a los actores políticos para que rechacen esta reforma inconstitucional”. Y de esta forma -considera la ONG- evitarán “forzar unilaterlamente un cambio en el equilibrio de poderes, que socavaría la protección real o potencial de los derechos de los ciudadanos”, concluye el comunicado publicado este martes.
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