Cuáles son los últimos cambios introducidos a la reforma del Ministerio Público Fiscal

El dictamen que aprobó anoche el kirchnerismo en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados introdujo al menos 30 cambios al proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público, que por ahora no se tratará en el recinto porque no están los votos suficientes.

La primera modificación sustancial, según el texto del dictamen al que tuvo acceso Infobae, aparece en la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, donde los fiscales volvieron a tener dos lugares y no uno como planteaba el proyecto que tuvo media sanción por parte del Senado. “Dos vocales elegidos por sorteo público entre todos/as los/as fiscales del Ministerio Público Fiscal. El mecanismo de sorteo deberá asegurar la paridad de género”, figura en el dictamen.

La conformación del Jury sigue siendo de 7 miembros: 1 en representación del Poder Ejecutivo, 2 por la Comisión Bicameral del Ministerio Público, 1 vocal en representación del Consejo Interuniversitario Nacional, 1 vocal en representación de los abogados, y los 2 fiscales. Ahora el dictamen especificó que cuando el imputado sea un fiscal que cumple funciones en el ámbito de la Justicia Nacional, la vocalía de los abogados quede a cargo de un representante del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

También se agregaron cambios menores en el procedimiento interno del Tribunal. “Sus decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de sus miembros (antes decía mayoría simple). En caso de empate, definirá el Presidente. Cuando la sentencia determine la remoción del/la fiscal, se exigirá el voto de los dos tercios (2/3) de sus miembros (antes decía miembros presentes”, dice el punto g del artículo 24.

Actualmente el Jurado de Enjuiciamiento está integrado por dos representantes de la política (uno designado por el Ejecutivo y otro por la mayoría de la Cámara de Senadores), dos fiscales elegidos por sorteo, dos abogados de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y del Colegio Público de Abogados y un integrante del Consejo Interuniversitario Nacional.

Otro de los cambios tiene que ver con los posibles reemplazantes del actual procurador interino Eduardo Casal. El proyecto planteaba que el nuevo procurador interino se iba seleccionar entre todos los fiscales generales que tuvieran 10 años de antigüedad. Ahora esa condición se redujo a 5 años, por lo que la lista de posibles reemplazantes, siempre y cuando la ley se apruebe, se achicó sustancialmente.

“En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento transitorio del/la Procurador/a General de la Nación, las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un/a procurador/a fiscal, o un/a fiscal coordinador/a de distrito, o por un/a fiscal general con más de cinco (5) años de antigüedad en el cargo, de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto. A falta de reglamentación, intervendrá quien tenga más antigüedad en tal cargo”, dice el artículo 4 del dictamen de mayoría.

De la lista de posibles interinos, la Comisión Bicameral seleccionará una terna pero la decisión final quedará en manos del Ejecutivo. Ese fiscal quedaría a cargo de la Procuración hasta que se pueda elegir al Procurador con el nuevo sistema. “El cambio que hace el dictamen es malo porque le baja el umbral a una antigüedad de 5 años lo que hace presumir que el reemplazante de Casal ya tiene nombre y apellido”, dijo a Infobae el diputado Gustavo Mena, de Juntos por el Cambio.

En ese listado, según estiman desde la oposición, podrían aparecer Indiana Garzón (actual fiscal coordinadora de distrito de Santiago del Estero), el fiscal de Casación Javier De Luca, Gabriela Baigún, o Gabriela Boquin, reconocida por su rol en la causa del Correo Argentino y uno de los fiscales que declaró en contra de Casal ante la Bicameral de Ministerio Público.

Según el dictamen, el Procurado interino “durará en el cargo un máximo de seis (6) meses no prorrogables desde su designación”. El texto final también prevé que “en caso de que no se haya designado un/a Procurador/a interino/a, intervendrá el/la procurador/a fiscal con mayor antigüedad por un plazo máximo de 6 meses”.

En el caso del Defensor general, el reemplazante será elegido finalmente por el Poder Ejecutivo. La Bicameral de Ministerio Público solo podrá elegir la terna de candidatos. Además se agregó este párrafo: “El o La Defensor/a General interino durará en el cargo un máximo de seis (6) meses no prorrogables desde su designación. Vencido ese plazo, deberá seleccionarse un/a nuevo/a Defensor/a interino/a siguiendo el mecanismo previsto en el párrafo anterior. En caso de que no se haya designado un/a Defensor/a interino/a, intervendrá el/la defensor/a general adjunto/a con mayor antigüedad por un plazo máximo de 6 meses. Vencido ese plazo, intervendrá el/la defensor/a general adjunto/a que le siga en orden de antigüedad”.

Otra de las modificaciones aparece en la integración del jurado para los concursos. “El Jurado de Concurso será presidido por el/la Procurador/a General de la Nación o por un/a magistrado/a del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Estará integrado, además, por tres (3) fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quienes serán seleccionados/as por sorteo público, y por un/a (1) jurista invitado/a, de conformidad a la reglamentación que se dicte al respecto”, dice el artículo 13 del dictamen. Hasta ayer, el proyecto hablaba de un fiscal, un abogado, y un jurista invitado.

Por último, se incluyó al listado de Procuradurías especializadas la Procuraduría de Defensa de Usuarios y Consumidores, un reclamo puntual del diputado José Luis Ramón, que se reunió la semana pasada con el ministro de Justicia Martín Soria.

“No podemos perder la oportunidad de realizar una mejora sustancial en materia de protección a las y los consumidores, la parte débil en la cadena de consumo”, dijo el diputado mendocino en ese encuentro.

El oficialismo obtuvo esta madrugada dictamen de mayoría con 34 acompañamientos, mientras que el de Juntos Por el Cambio obtuvo 29 por la minoría. La reunión se tensó a partir de un fuerte cruce fuerte entre los diputados Leopoldo Moreau y Fernando Iglesias.

El diputado Ramón también se cruzó con Iglesias y pidió abiertamente que sea sancionado por sus interrupciones. “¿Por qué no se calla la boca diputado Iglesias?, después se queja que lo empujan en los pasillos”, se sumó Tailhade, el diputado que acusó a Casal de enriquecerse y anoche le tocó presidir el plenario de comisiones.

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