Ante la imposibilidad de obtener los votos que le faltan para sancionar la ley, el Gobierno dilata el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal

Tras el regreso de Alberto Fernández de su gira por Europa, la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Frente de Todos se transformó en uno de los temas rectores de la agenda del Presidente -junto a las restricciones por el Covid-19-. Por estas horas, el Gobierno da por sentado que logrará el quórum necesario para que se reúna, esta tarde a las 19, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de Diputados, e incluso para dar dictamen al texto modificado. Pero encuentra cada vez más espinoso el terreno para el debate en el recinto y dilata la votación.

“Lo que no puede ocurrir acá es que Cambiemos nos imponga la agenda de temas que tratamos y no tratamos. Para eso tienen que ganar la elección. Depende de nosotros si tratamos un tema o no”, sostuvo, en diálogo con Infobae, la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau.

Esta tarde, el Frente de Todos buscará tratar, en plenario de comisiones, a las 19, el proyecto de la reforma que giró el Senado a Diputados, al cual se le introducirán las modificaciones propuestas por el ministro de Justicia, Martín Soria -afín al kirchnerismo, que responde al presidente Alberto Fernández-, previamente aprobadas por el viceministro Juan Martín Mena, cercano a Cristina Kirchner.

El armador de los consensos para que la reunión de hoy consiga las presencias suficientes y pueda llevarse a cabo -de forma semi presencial- fue el diputado nacional y presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade, también afín a la vicepresidenta. En su entorno dan por descontado que obtendrán no sólo quórum, sino también dictamen.

Pero el optimismo llega hasta la comisión y el terreno se presenta complicado de cara al debate en el recinto, por el rechazo de plano que muestra la oposición de Juntos por el Cambio y las reticencias e indecisiones de los bloques aliados. En este contexto, desde el oficialismo en Diputados aseguraron que la reforma no se tratará dentro de tres semanas, como mínimo. “El objetivo ahora es darle tratamiento en comisión. Pero están sobrevalorando el tema. Nunca estuvo en agenda para esta semana, ni la próxima, ni la otra. La idea de que el tema se iba a debatir en el recinto fue un armado de Juntos por el Cambio y de los medios, pero los consensos todavía no están ni se empezaron a armar”, dijo una importante fuente del Frente de Todos.

En cambio, el Gobierno se enfocará en aprobar el proyecto de regulación de la pandemia que envió el Ejecutivo al Senado y que será girado a Diputados en los próximos días; en las ayudas económicas a las zonas frías; en la ley de Biocombustibles, y en la ley de etiquetado frontal. “No somos boludos, no tenemos el número (para la reforma de la Procuración)”, dijo otro diputado. “Lo estamos charlando, y lo queremos sacar, lo vamos a sacar, porque es una promesa de campaña. Sólo que no en las próximas tres semanas, ni con tratamiento urgente o exprés”.

En una reunión de urgencia, el domingo, los referentes máximos de Juntos por el Cambio decidieron -aunque con diferencias internas- que buscarán frenar la reforma que impulsa el oficialismo. Inclusive amenazaron con la posibilidad de condicionar el apoyo a la postergación de las PASO, otro tema clave para el oficialismo, al cual la oposición ya había dado acuerdo en negociaciones previas.

Para reunir los 129 diputados que le den el quórum para debatir el tema sobre tablas, el Gobierno necesita los bloques aliados. El lunes por la tarde, alrededor de las 19, después de retomar sus actividades locales tras la gira por Europa, el Presidente conversó sobre las negociaciones para la reforma con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra en la Casa Rosada. También habló con el ministro Soria y recibió los reportes de Máximo Kirchner y Massa, los principales encargados de lograr los consensos con los diputados indecisos. En principio, necesitan que se sienten en sus bancas para desarrollar el debate en el recinto.

En los últimos días Roberto Lavagna y Eduardo Bali Bucca adelantaron que no brindarán su apoyo y el Gobierno no logra aún el consenso necesario con otros legisladores afines, como Alejandro “Topo” Rodríguez, Jorge Sarghini, y Graciela Camaño, quien aún no definió su postura, pero remarcó, en declaraciones radiales el lunes, que el oficialismo aún no tiene los consensos para llevar el debate al recinto.

El oficialismo tampoco pudo cerrar aún consensos con los diputados cordobeses que responden al gobernador peronista Juan Schiaretti: Paulo Cassineiro, Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez. Tampoco con la tucumana Beatriz Ávila.

Mientras tanto, el juez federal Daniel Rafecas complicó al Presidente al ratificar el lunes que, si el kirchnerismo avanza con la reforma del Ministerio Público Fiscal y rebaja la mayoría calificada para el nombramiento del Procurador General de la Nación, él se bajará de la postulación que oportunamente hizo Alberto Fernández ante el Senado.

Por ahora el oficialismo no tiene los números para avanzar con la reforma en la Cámara baja, ni siquiera con los cambios que se mostró dispuesto a introducir. Hoy confía en darle dictamen en comisión, pero para resguardarse de una derrota política no pone fecha para llevarla al recinto y en las próximas semanas se dedicará a diseñar la estrategia para convencer voluntades esquivas que le aseguren, al menos, el tratamiento sobre tablas.

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