La empresa Química Oeste fue bloqueada nuevamente por el Sindicato de Camioneros

El Sindicato de Camioneros reanudó este lunes al mediodía el bloqueo en el depósito de la empresa Química Oeste, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, mientras se presentó una nueva denuncia penal contra los activistas que impiden la entrada y salida de los vehículos en esa pyme.

La presentación debe ser analizada por el fiscal Andrés Devoto, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1, cuando aún no hubo ninguna determinación respecto de una denuncia similar efectuada la semana pasada contra el gremio de los Moyano por el bloqueo de cuatro días.

En sus dos denuncias, Química Oeste acusó a los responsables de mantener los bloqueos de los delitos de extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo.

“Estamos esperando con expectativa el temperamento que tome el fiscal Devoto porque esta pelea trasciende a Química Oeste en sí: está pelea es por el progreso productivo de las pymes en la Argentina”, dijo Florencia Arietto, abogada de la empresa y dirigente del PRO.

Y añadió: “Esta pelea que estamos dando y que seguiremos dando es por el trabajo que necesita la Argentina para bajar la pobreza, es contra los privilegios de hombres que usaron las banderas de los trabajadores para enriquecerse, es contra una cultura de demonizacion de las empresas y es por la libertad para emprender, invertir y producir”.

Para Arietto, “salimos de la pobreza defendiendo a quien produce, a los empresarios que apuestan por el país, no salimos de pobres dándole privilegios a Moyano y a la oligarquía sindical” .

El sindicato de los Moyano reclama que tres de los 60 empleados que tiene la empresa dejen de estar afiliados al Sindicato de Comercio y pasen a estar encuadrados en el convenio de Camioneros, una decisión que, según la empresa, apunta a tener el número suficiente de representantes para poder elegir un delegado propio.

Por eso comenzaron el bloqueo del depósito y luego sumaron un paro por “faltas en las medidas de seguridad y de higiene”, como la ausencia de vestuarios y de baños. Sin embargo, los inspectores del Ministerio de Trabajo no constataron el viernes pasado que existan esos problemas en el depósito.

La empresa, fundada hace 64 años, interpretó el levantamiento del bloqueo como “una primera batalla ganada” y lo atribuyó a la presentación ante la Unidad Federal de Instrucción (UFI) 2 de Esteban Echeverría y el Juzgado de Garantias Nº 2 de Lomas de Zamora. A partir de las pruebas fílmicas obtenidas, despidió con causa a cinco empleados que participaron de la protesta.

Ignacio Dos Reis, el dueño de la empresa, calificó de “extorsión” la medida de fuerza sindical y recordó que en 2013 el Sindicato de Camioneros amenazó con bloqueos para exigirles el pase de ocho empleados, pese a que la actividad principal de esa pyme es el comercio, y admitió que la decisión en ese momento fue “cederles” esos trabajadores. Incluso denunció que cuando quiso emplear personal temporal el gremio de los Moyano le “marcó” una agencia específica.

Según afirmó Arietto, “dentro de la querella presentada pusimos a los cinco empleados que se prestaron al juego de la patota sindical, al decir que estaban de paro y bloquear el ingreso al depósito, porque son parte de la extorsión”. Agregó que “en estos casos, aparte de denunciar, lo que hay que hacer es echar a los trabajadores que sabotean a la empresa porque se convierten en cómplices de la patota, y de esta forma el empleado y el sindicato van a empezar a evitar esta idea de bloquear por bloquear porque después no los emplea nadie más”.

En la denuncia ante la Justicia, donde también el presidente de la empresa se presentó como querellante y particular damnificado, se consideró que “de modo alguno una entidad gremial puede reclamar una diferencia económica que no tiene ningún sustento legal a través de la privación del derecho a trabajar de la empresa, bloqueando la salida de los camiones o amenazando a los dadores de carga para que no la envíen”.

“Tampoco es legal esta metodología aunque el reclamo gremial fuera cierto y legítimo -sostuvo-, toda vez que la ley de entidades sindicales y el convenio colectivo de trabajo número 40/89 establece los mecanismos legales y judiciales para hacer valer el reclamo gremial, y la realización de la intimidación y método de presión que conllevó la actividad delictual emprendida por los causantes lejos se encuentra de constituir un legítimo y simple reclamo de índole laboral ejercido en el marco de la actividad sindical”.

Por el contrario, argumentó que los denunciados “escudándose en un ‘supuesto’ conflicto y absolutamente por fuera del ámbito de su competencia, desarrollaron y encabezaron un concreto accionar delictivo requiriendo la entrega de dinero sin hacer valer tales ‘supuestos’ reclamos en los estamentos judiciales que establece el ordenamiento laboral y el Convenio Colectivo de Trabajo”.

Ante la sucesión de protestas similares de Camioneros en todo el país, como anticipó Infobae, se creó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que encabeza Verónica Razzini, una empresaria de la ciudad de Rosario que en 2020 tuvo su compañía bloqueada durante tres meses y que logró, luego de haber sufrido hostigamientos y agresiones, que la Justicia detuviera e imputara a delegados y empleados que participaron de la medida de fuerza y de amenazas en contra de ella y su familia.

Razzini informó que integran esta flamante entidad “18 empresarios de todo el país, del conurbano bonaerense, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Fe”, y que “la idea es generar una red de todas las empresas que son víctimas de bloqueos sindicales extorsivos para que nos ayudemos con información y vayamos dando una mano sobre cómo hay que actuar para que esto no continúe”.

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