A su regreso de la gira por Europa que lo reunió con los principales líderes europeos y autoridades del FMI -y que fuentes del Gobierno calificaron como “exitosa”-, Alberto Fernández enfrenta tensiones dentro de la coalición del Frente de Todos y hacia afuera, con Juntos por el Cambio. Mientras se reproducen las complicaciones por las internas con el Instituto Patria por la política tarifaria, que no dan tregua, esta semana se sumaron fuertes reclamos de los movimientos sociales por los planes para los sectores excluidos.
En paralelo, el Gobierno inicia una fase de negociaciones más arduas para lograr aprobar rápidamente -antes de que venzan las restricciones actuales- el proyecto de regulación de la pandemia, donde la oposición plantea exigencias que por ahora el oficialismo rechaza.
El primer mandatario siguió “de cerca” la agenda local durante su visita a Portugal, España, Francia e Italia, entre el sábado y el viernes, junto a su comitiva, entre quienes se encontraba el ministro de Economía, Martín Guzmán. Según pudo saber Infobae, se mantuvo en contacto a diario con la vicepresidenta Cristina Kirchner, con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y tuvo diálogos con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
El Presidente observó el impulso, el lunes, de la ley para regular la pandemia, la principal iniciativa del Ejecutivo en el Congreso, cuyo título, lamentan los equipos de la comunicación oficial del Gobierno, no pudieron establecer de antemano. Ahora tiene nombres diversos, desde “ley Merkel”, a “proyecto Emergencia Covid”, y “proyecto Pandemia”. Se basa en el modelo que instauró Alemania hace algunos meses, donde lo llamaron “Freno de mano”.
Desde su despacho en la planta baja de la Casa de Gobierno, la autora de la letra del proyecto, Vilma Ibarra, mantuvo al Presidente al tanto de la presentación en el Senado y de su derrotero inicial. El Presidente, irritado por la postura que adoptó la oposición contra el proyecto, instruyó a la funcionaria, una de las más cercanas, para que lo defendiera en el Congreso, y le pidió que dejara en claro que “no hay superpoderes”, como señala el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, muy crítico de la iniciativa desde que fue anunciada.
El miércoles, Ibarra se presentó en la reunión del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara Alta junto a la ministra de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, y rechazó los planteos sobre la “inconstitucionalidad” que le llegaron desde el interbloque de Juntos por el Cambio.
La oposición evalúa exigir como condición para que se apruebe la ley la inclusión de una cláusula que permita a las provincias adherir a la ley y que, de esa forma, también las exima de hacerlo si así lo desean. En el Gobierno se mostraron predispuestos al “diálogo”, pero a priori ven con malos ojos el requerimiento. “Estamos dispuestos a debatir los parámetros sanitarios para activar las medidas, pero el Presidente debe tener la potestad de intervenir cuando hay una situación de gravedad”, adelantó un alto funcionario nacional.
“Les estamos dando todas las herramientas para que actúen según el panorama de cada jurisdicción, pero el Presidente es el Presidente y no puede quedarse de brazos cruzados si hay una disparada de casos y un gobernador no hace nada”, agregó otra fuente, en alusión, aunque sin nombrarlo, al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien logró evitar la implementación de la medida nacional de suspensión de las clases presenciales en la Ciudad a través de una presentación ante la Corte Suprema, que falló a su favor.
Esta semana se reúne la mesa nacional de Juntos por el Cambio y los gobernadores opositores ya avisaron que le pedirán a sus diputados que sigan los lineamientos adoptados en la coalición. El Gobierno, aunque tiene los votos necesarios para aprobar la iniciativa en el Senado, necesita consensuar con la oposición en Diputados. El terreno podría leerse como propicio si se tiene en cuenta que recientemente se aprobó, después de meses de disputas, el acuerdo para postergar las PASO, como quería el Ejecutivo. En ese caso, otra cláusula, denominada “cerrojo”, que evita que haya futuras modificaciones de las elecciones, sirvió como clavija de ajuste para facilitar que la iniciativa avanzara.
Sin embargo, hay cierto grado de resignación a la prolongación del debate -que luego de obtener dictamen favorable, esta semana se llevará a cabo de modo “exprés” en el Senado y luego pasará a Diputados-; y registros de molestia en Balcarce 50 por la actitud crítica que adoptó Juntos por el Cambio frente a la iniciativa. “Querían que las medidas se tomen con consenso, mandamos un proyecto para que se consensúen las medidas, y salen con pretextos insólitos”, dijo un vocero presidencial en diálogo con Infobae.
En Gobierno llevan diez días de negociaciones por la “ley Pandemia” y son cada vez menos optimistas sobre la posibilidad de aprobar el proyecto antes del 22 de mayo, cuando vence el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que está vigente para imponer restricciones para prevenir la suba de casos y de la mortalidad por coronavirus. En ese caso, harán una renovación del DNU actual, o emitirán uno nuevo. En la Casa Rosada ya se preparan para esa opción.
Internas por la política tarifaria
Mientras estuvo a cargo del Ejecutivo, Cristina Kirchner mantuvo el perfil bajo, sin agenda pública, como precisaron desde su entorno, y como suele ocurrir cuando el Presidente viaja al exterior. Sin embargo, sus aliados se mantuvieron activos.
No fueron días fáciles para los funcionarios que quedaron a cargo de la gestión diaria de la Casa Rosada. En el plano de las disputas internas por las tarifas, donde la vicepresidenta juega un importante rol y milita el congelamiento en el año electoral, se sumaron nuevos capítulos a la discusión, en ausencia del ministro Guzmán.
En un giro retorcido de la compleja realidad político-económica, esta semana fue la oposición la que salió a defender al titular de Economía, y al propio Alberto Fernández, mientras ambos se encontraban fuera del país. La llamativa escena ocurrió en el Senado de la Nación, a partir de la presentación de un proyecto de declaración, por parte del senador Oscar Parrilli, muy cercano a la vicepresidenta, para garantizar que los dólares que llegarán este año a la Argentina en Derechos Especiales de Giro (DEG, la “moneda del FMI”), otorgados por el Fondo para paliar las consecuencias de la pandemia, sean destinados exclusivamente a financiar la situación de crisis interna, y no al pago de deuda externa, como plantearon en principio desde el Ministerio de Economía.
Durante ese debate, que terminó con la aprobación del proyecto, el senador Martín Lousteau dijo: “Mientras el Ministro está en Europa tratando de resolver la deuda, ustedes sacan esta declaración sobre lo que tiene que hacer con los fondos. ¿No lo podrían haber conversado con él?”.
Aunque la “defensa” de la oposición no fue considerada como tal -en Balcarce lo tomaron, al contrario, como un modo de azuzar la interna del Gobierno-, la iniciativa de los “propios” en el Senado cayó mal. Algunos funcionarios lo leyeron como “otro apriete” que se sumó al comunicado que emitió el miércoles el PJ bonaerense -que conduce el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que será reemplazado en diciembre por el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner-, en contra de los “tarifazos” de la administración de Mauricio Macri, que fue sopesado entre los moderados afines a Alberto Fernández como un tiro por elevación para Martín Guzmán.
En paralelo, el diputado nacional Máximo Kirchner, tomó la iniciativa en el espinoso tema de las tarifas y presentó un proyecto de ley para disminuir los montos de las facturas de gas en 40 localidades de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, San Juan y Salta. Aunque la medida no afecta significativamente las cuentas públicas, llegó en un contexto de disputa por los ajustes de los servicios, que se hizo más evidente que nunca hace dos semanas, por el freno que puso el Instituto Patria a la salida del subsecretario de Energía afín a Cristina Kirchner, Federico Basualdo, como deseaba el titular de la cartera económica.
En la Casa Rosada buscan poner paños fríos sobre la disputa y relativizan las señales con un discurso de defensa de la unidad en la heterogeneidad. Pero se envalentonan por los anuncios sobre principios de acuerdo o los buenos frutos de la gira en el ámbito internacional que, destacaron, estarán exclusivamente a cargo de Guzmán y del Presidente, posiblemente en los próximos días.
El frente social
A la controversia interna por las tarifas se sumaron, en las últimas jornadas, las demandas de los movimientos sociales afines al Gobierno y las insistentes las amenazas de cortes de calles de los grupos piqueteros y la izquierda. Desde el lunes, en la Casa Rosada y el Ministerio de Desarrollo Social activaron una serie de reuniones frenéticas entre funcionarios y dirigentes de las organizaciones para frenar las críticas que se acumularon en los medios después del primer puntapié que dio el titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, el sábado, pocas horas antes de que el Presidente partiera a su gira por el Viejo Continente, en contra del incremento del plan de la Tarjeta Alimentar, exigiendo fondos y disposiciones que incentiven la creación de “trabajo genuino” en la economía popular.
Después de varios días de tensión, cuando promediaba la semana, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, gestor y promotor de ese plan, convocó a los movimientos, a sindicatos, cooperativistas, a iglesias y a una parte del sector privado a un foro titulado “Economía Social, economía popular y creación de trabajo. ¿Cómo avanzamos?” para centralizar las demandas, mostrarse a la escucha, y buscar soluciones para enfriar el malestar.
En diálogo con Infobae una vez terminado el evento, los dirigentes se mostraron relativamente conformes y aseguraron que hubo un “primer acuerdo”. Pero mantuvieron en pie las advertencias que plantearon en los últimos días. “Como decimos los cristianos, el espíritu está, ahora falta el cuerpo. Esperemos que cuando pase la pandemia las manifestaciones que tengamos que hacer en la calle sean en contra de la concentración económica privada, y no en contra de un Estado que no da respuestas”, dijo uno de los referentes sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que fue invitado como orador en la cumbre semi-presencial que se realizó el sábado a la mañana.
En el entorno de Arroyo, ávidos por mostrar consenso en medio de la tensión, aseguraron que hubo “buena sintonía” entre los presentes y que se harán nuevos encuentros del estilo. Incluso deslizaron, sin mayores precisiones, por ahora, que existe la posibilidad de impulsar “una ley que sustente la mejora del trabajo informal”.
Desde la Casa Rosada insisten con que en este momento no hay fondos disponibles para la creación de nuevos puestos de trabajo y recordaron que la prioridad del Gobierno, en este momento, es paliar de la manera más “rápida y efectiva” el hambre a través de la entrega de alimentos. “Todos queremos un trabajo genuino para todos, también queremos la paz mundial. Pero ahora, en este contexto, nos ocupamos de los más urgente, que son los millones de chicos menores de 14 años que no tienen para comer”, sostuvo un vocero de Balcarce 50.
Las negociaciones, en todos los frentes, están abiertas y a la orden del día. El Presidente inicia una semana compleja, donde buscará dar noticias positivas sobre el plano de las relaciones internacionales, pero también salidas a las negociaciones internas y externas a la coalición de gobierno.
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