En medio de las tensiones internas, el Gobierno evalúa crear una mesa de crisis para contener el conflicto social

La idea venía gestándose desde el año pasado, pero tomó forma y avanzó en los últimos días cuando crecieron los conflictos al interior del Frente de Todos por las tensiones con los movimientos sociales para modificar el formato de las ayudas estatales, después de semanas de multiplicación de movilizaciones de grupos de izquierda, y mientras se acercan las elecciones. Aunque por ahora mantiene la iniciativa con perfil bajo, el Gobierno explora la posibilidad de crear una “mesa de crisis” interministerial que centralice el manejo de los conflictos sociales e intente prevenirlos antes de que escalen.

La presión de los movimientos sociales y los cortes de calles se debatieron ayer en una reunión de última hora, convocada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con el referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro -también funcionario, que se desempeña como Secretario de Relaciones Institucionales-; el líder de esa organización, Emilio Pérsico -quien ya había estado el lunes reunido con Cafiero-, el asesor Néstor Moccia, que responde al secretario general de Presidencia y hombre de confianza de Alberto Fernández, Julio Vitobello, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad que comanda Sabina Frederic; y representantes del Ministerio del Interior, que conduce el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, y de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni.

El encuentro se realizó cuando todavía estaban frescas las críticas de Pérsico del sábado, al día siguiente del anuncio de Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario, junto a su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y al ministro de Economía, Martín Guzmán, acerca del incremento del alcance de la tarjeta Alimentar. Desde el Movimiento Evita, pero también desde el resto de las organizaciones sociales, critican el modo de paliar, desde el Estado, la pobreza, que supera el 40 por ciento.

Sin embargo, en la Casa Rosada están en alerta desde hace meses por la situación social. No solo por la presión de los movimientos sociales, sino también de los grupos piqueteros, y de movimientos del interior del país por distintos reclamos, desde ambientales a económicos y sindicales.

Ya el año pasado se había barajado la posibilidad de crear un “comité de crisis”. Inclusive antes de que el freno de actividades por la cuarentena hiciera estragos en la economía, de cara a la situación heredada de los anteriores gobiernos. “Lo que pasa acá es que no hay verdadera conciencia de la situación excepcional que estamos viviendo, no solo por la pandemia, sino a nivel económico, por lo heredado de Macri. Es un momento muy grave”, dijeron fuentes de Gobierno a Infobae.

Ese plan quedó, entonces, en stand by. Ahora, si avanzan las conversaciones, podría tomar forma y hacerse efectivo. Por el momento, se encuentra en estado de evaluación y en el Gobierno buscan mantenerlo con perfil bajo. Incluso, desde la Jefatura de Gabinete, que comanda Santiago Cafiero, lo negaron: “No hay ninguna mesa de crisis”.

Según informaron fuentes de Gobierno, a priori el objetivo sería trabajar en acciones para “prevenir conflictos” que emergen por cuestiones de índole socio-económica, dijo un importante funcionario a este medio. Los casos más recientes de este tipo de situaciones, que quieren evitar antes de que ocurran, fueron los prolongados cortes de rutas en Neuquén por reclamos salariales y el escrache que sufrió el Presidente en Chubut en marzo. La iniciativa se basa en el antecedente de la “mesa de crisis” que había instaurado Néstor Kirchner en 2004. “El objetivo es centralizar y coordinar entre ministerios y con las organizaciones de distintos tipos el manejo de las discrepancias antes de que escalen”, agregó un vocero.

Se crearía en paralelo al Consejo Económico y Social, que conduce el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz -que trabaja en políticas de concertación a mediano y largo plazo-; a la Mesa contra el Hambre; y al Consejo del Salario. “Va a ser una instancia superadora, un lugar de debate común entre los ministerios relacionados con lo social y sus consecuencias, para prevenir los conflictos”, dijo otra fuente oficial al tanto del análisis de la iniciativa, que está en ciernes.

Los movimientos sociales -no solo el Evita, sino también la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de Juan Carlos Alderete, y el Movimiento de Trabajadores Exlcuidos (MTE), que comanda Juan Grabois- aseguraron a Infobae que plantean hace un año que las ayudas sociales no deben llegar en forma de asistencia económica directa o a través de planes, sino que deben formar parte de un esquema de creación de puestos de trabajo en áreas específicas.

El Gobierno insiste en que esa es su intención -el ministro Arroyo lo repite prácticamente en cada alocución desde que asumió-, pero asegura que en el contexto de la pandemia y crisis económica el plan se hace cuesta arriba y pide tiempo para llevarlo a cabo. Las organizaciones aseguran, en off, que perdieron la paciencia. “Si no es ahora, que todo está dado vuelta y se puede, de alguna forma, empezar de nuevo, ¿cuándo?”, dijo un importante jefe social, que respaldó sus palabras en las prédicas del papa Francisco sobre la crisis internacional derivada de la pandemia y la necesidad de afrontarlas con solidaridad.

El planteo más reciente de las organizaciones, que forman parte o son aliadas del Frente de Todos, se inició la semana pasada y continuó en los últimos días a través de declaraciones, algunas de tono alto, de referentes sociales. Grabois, uno de los dirigentes afines al Gobierno, quizá el más crítico, calificó de “estúpida” la política de la tarjeta Alimentar.

En la cúpula del Gobierno recibieron las críticas de los movimientos con malestar. No tanto por los planteos en sí mismos -aseguran que coinciden con los argumentos “de fondo”- sino por haber “ventilado” la interna. Además, causó irritación que volcaran su malestar al público apenas después de la fuerte pelea -que también se hizo pública a pesar de los esfuerzos para mantenerla de bajo perfil- entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, respecto de la política tarifaria. Y en un marco de fuerte crisis económica.

“No sé si lo planearon, pero aprovecharon la oleada de descontento para presionar”, dijo un vocero de la Casa Rosada a este medio. En otros despachos aseguraban que no creían que hubiera una “conspiración”. “Tienen sus argumentos y planteos y los hacen”, sostuvo un vocero. También dijo que la postura del Gobierno será mantener firmes las ayudas actuales y que no lanzarán nuevas medidas. “Las que están se pueden ajustar, no es necesario cambiar nombres”, dijo un portavoz.

El miércoles por la noche tuvo lugar, en el Ministerio de Desarrollo Social, con Daniel Arroyo a la cabeza, una reunión del Gobierno con las principales organizaciones piqueteras. También allí se discutieron las medidas sociales del Gobierno y se negoció cómo evitar cortes de calles. En el entorno de Arroyo dijeron que la reunión, “en líneas generales, realmente fue buena y hubo acuerdos”. “Se logró avanzar en un esquema de trabajo tanto en relación a Potenciar Trabajo como con la entrega de alimentos. También se habló sobre el tema vacunación y altas de potenciar para víctimas de violencia de género”, dijo una fuente del Ministerio.

En la Casa Rosada y en los movimientos sociales admiten que el conflicto sigue latente y que las conversaciones están a la orden del día. Y el viernes por la tarde, según reconstruyó Infobae, habrá nuevas reuniones, presenciales, entre funcionarios nacionales y dirigentes sociales. En el Gobierno siguen firmes en la decisión de mantener como están los planes sociales y planean iniciativas para manejar el descontento social, en un año electoral donde la crisis económica golpea, quizá, más fuerte que nunca.

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