Mientras Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se acercan al final de su gira por Europa, en buena parte, para avanzar en negociaciones por la deuda, en el Frente de Todos continúa la tensión por la política tarifaria. A la pelea por la salida del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, se sumaron en los últimos días un comunicado del PJ bonaerense que cuestionó los “tarifazos”, un proyecto del diputado líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, para bajar los montos de los servicios públicos por zona, y el encono de las exigencias de los movimientos sociales afines al Gobierno para que se incrementen las erogaciones a la economía popular.
En ausencia del Presidente y el Ministro, las altas cúpulas la Casa Rosada buscan poner paños fríos a las declaraciones que aumentan la temperatura por las desavenencias de fondo sobre la política económica entre el ala de la administración nacional que conduce Guzmán, con apoyo de Alberto Fernández, y el Instituto Patria, bajo el mando de Cristina Kirchner.
En Balcarce 50 insisten en la necesidad de “unidad” a pesar de las -admitidas- diferencias, y relativizan los cuestionamientos. Altas fuentes oficiales de la Casa de Gobierno aseguraron que leyeron el comunicado del PJ bonaerense que respaldó el congelamiento de tarifas, exclusivamente, como una crítica al gobierno de Mauricio Macri, y negaron que fuera una provocación sobre el plan del ministro Guzmán para aumentar en dos tramos los montos de las facturas de luz.
“La Argentina de los tarifazos quedó atrás, estamos recuperando la justicia social. La actualización de las tarifas de servicios públicos contempla una estrategia de gobierno que promueve el desarrollo humano sustentable, la solidaridad organizada y una economía al servicio de la producción y el trabajo”, dice el texto que emitió el miércoles el partido que preside el intendente peronista de Merlo, Gustavo Menéndez, que tiene fuerte representación de La Cámpora, y que en los próximos meses -probablemente en diciembre- quedará en manos de Máximo Kirchner.
La declaración fue publicada mientras humeaba aún la fuerte disputa interna que escaló al máximo la semana pasada por el fallido intento de Guzmán de desplazar al subsecretario Basualdo, que responde a Cristina Kirchner, y que sigue vigente por las diferencias sobre la política tarifaria, en el año electoral. La posición, intransigente, del kirchnerismo es que un aumento por encima del 9% podría desatar un fuerte malestar social que amenazaría las adhesiones al oficialismo en las legislativas.
En paralelo, además de hacer una lectura positiva del comunicado del PJ, en la Casa Rosada negaron que la presentación de un proyecto de ley para disminuir los montos de las facturas de gas en ciertas provincias haya sido un nuevo modo de desafiar a Guzmán. La iniciativa fue impulsada en Diputados por Máximo Kirchner junto al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, legisladores kirchneristas y del lavagnismo, para que en 40 municipios de Buenos Aires, Salta, Mendoza y San Luis se paguen tarifas diferenciadas de gas con una reducción que oscila entre el 30% y el 50%, según la provincia. “Es un proyecto del Frente de Todos, claro que lo apoyamos”, dijeron altos funcionarios cercanos al Presidente aferrados a la unidad.
También relativizaron las fuertes discusiones que se iniciaron el sábado y escalaron durante la semana por el cuestionamiento del titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, el jefe del Movimiento de Trabajadores excluidos (MTE) y otras organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos, por el modo de repartir las ayudas sociales.
“Los movimientos sociales tienen un diagnóstico y plantean un abordaje que es distinto del que proponemos nosotros, es una visión”, dijo un alto funcionario que en los últimos días participó de las negociaciones con los referentes sociales que plantean que los recursos se repartan a través de la economía popular. “Hoy, nuestro objetivo es dar ayudas directas para llegar a 4 millones de chicos y chicas que están por debajo de la línea de la pobreza”, agregó, y ratificó que sigue en pie la política de la Tarjeta Alimentar, eje del reciente conflicto, desatado tras el anuncio de Alberto Fernández, el viernes pasado, sobre la triplicación de los montos de ese programa, de 10 a 30 mil millones de pesos.
El comunicado y el proyecto se publicaron mientras Guzmán, protagonista de la discusión, quien quedó golpeado por la crisis interna, se encontraba en Europa en reuniones con las máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional y del Club de París. En el Gobierno lo ratificaron este viernes como el representante y cara visible de las negociaciones por la deuda pública y dijeron que será el encargado, a su regreso junto al Presidente, de hacer los anuncios oficiales sobre eventuales principios de acuerdo con los organismos de crédito.
Mañana Alberto Fernández y Martín Guzmán regresan a la Argentina. Por los reportes que reciben desde Europa, en la Casa Rosada se entusiasman y hacen un balance positivo de la gira con los jefes de los Estados europeos y los organismos de crédito internacional. Esperan poder hacer anuncios que brinden alivio a la preocupante crisis económica, en un marco de alta inflación -la última cifra superó los 4 puntos- y con un índice de pobreza superior al 40%, cuando faltan cuatro meses para las elecciones. Mientras tanto, las heridas siguen abiertas, los conflictos internos latentes, y el Gobierno busca bajarles el tono.
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