La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves el proyecto de ley que faculta a la provincia a iniciar negociaciones y rubricar contratos en el exterior para adquirir vacunas por fuera de las que compra la Nación.
La iniciativa que había sido enviada por el gobernador Axel Kicillof con el objetivo de “fortalecer” la campaña de vacunación en el marco de la segunda ola de contagios ahora deberá ser aprobada en el Senado provincial. Juntos Por el Cambio apoyó la iniciativa luego de que el oficialismo aceptara incluir demandas de control y transparencia al momento de la adquisición de las dosis.
El proyecto fue aprobado por la Cámara Baja a última hora de la tarde del jueves. El mismo establece que el Poder Ejecutivo bonaerense, a través de los Ministerios de Salud y de la Jefatura de Gabinete, está facultado “a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria”.
Los contratos a firmarse con los laboratorios deberán tener el aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado, y luego deberán informarse a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia, que funciona en el ámbito de la Legislatura bonaerense.
“La vacuna ya es el presente. Es una realidad que nos va a permitir dejar la pesadilla de la pandemia atrás. Que el gobierno de la Provincia pueda adquirir más dosis es clave para acelerar la inmunización y proteger a la mayor parte de la población objetivo antes del invierno”, celebró el titular de la Cámara Baja, Federico Otermín.
Mientras que la oposición, al término de la sesión, expresó en un comunicado: “Hay una falta sustancial de vacunas, menos del 3% de los bonaerenses tienen el esquema de vacunación completa; la Provincia admitió con esta ley que el Plan Nacional de Vacunación está empantanado y necesita ir a buscar más al exterior”.
El proyecto fue aprobado luego de que el Frente de Todos aceptara incluir modificaciones que planteó la oposición. Si bien el bloque Juntos por el Cambio ya había presentando un proyecto para encomendar al gobernador a hacerlo sin prerrogativas, fue el mismo Ejecutivo provincial quien apuró ingresar un proyecto propio con cláusulas particulares.
El presidente de la bancada opositora, Maximiliano Abad, manifestó que “cuando nosotros planteábamos comprar afuera el gobierno provincial decía de forma institucional que el único que compraba y distribuía las vacunas era el Estado Nacional, hoy vemos con sorpresa que han cambiado y eso nos deja más dudas que certezas, pero como lo venimos haciendo vamos a darle la herramienta que pide el Gobernador”.
Al no tener despacho de comisiones, la medida debió tratarse bajo la modalidad sobre tablas que exige el voto de los dos tercios de los legisladores presentes, mayoría con la que no cuenta el oficialismo.
La diputada de JxC, Anahí Bilbao destacó que el bloque opositor otorgue el “permiso para la compra de vacunas desde la provincia” pero planteó entre las exigencias “confidencialidad a tratarse dentro del ámbito de la bicameral de emergencia” y “organismos de control autorizados en todo el proceso: compra, traslado, distribución; e informes periódicos del área”.
Se estableció que el informe deberá ser cada 60 días y que la Comisión tiene facultades para solicitar las cláusulas de confidencialidad de los contratos en los casos en que éstas existan.
El proyecto de ley expresa que en el contexto actual “se presenta como imprescindible dotar al Poder Ejecutivo (bonaerense) de las facultades que resulten necesarias para contribuir a mejorar la disponibilidad de dosis, estableciendo el marco jurídico que demanda esta clase de transacciones en el mercado internacional”.
Se prevé, de este modo, facultar al Ejecutivo a iniciar negociaciones y celebrar contratos (incluyendo la moneda extranjera) que resulten necesarios para la adquisición de vacunas. Con ese propósito, se propone admitir legislativamente que tales contratos contengan cláusulas de confidencialidad y condiciones de indemnidad patrimonial o prórroga de jurisdicción en los casos de litigio judicial.
En medio del debate, oficialismo y oposición se cruzaron por la campaña de vacunación que lleva adelante el Ejecutivo. El diputado Matías Ranzini planteó que el plan de inoculación “no se ha cumplido, dijeron que iba a haber 60 millones de dosis en el primer semestre y que de febrero salíamos con 10 millones de habitantes vacunados con ambas dosis; hoy vemos que son poco más de un millón y medio”.
Por su parte, la legisladora oficialista María Laura Ramírez la definió como “la campaña más exitosa con 3,5 millones de vacunas aplicadas en la provincia de Buenos Aires” y le pidió a la oposición “dejar de mentir y caminar la calle para ver la esperanza de cada vecino cuando va a un centro de vacunación”.
“Para ustedes ni la salud pública ni la educación eran una agenda en su gobierno”, cuestionó al espacio opositor.
Alejandra Lorden, de JxC y vicepresidenta de la UCR a nivel nacional aseguró que para su bloque “la salud de los argentinos es una prioridad” y si bien sostuvo que apoyan el proyecto, dejó en claro que el espacio cuestiona la gestión del Gobierno nacional para adquirir vacunas.
Con la sanción de Diputados el proyecto fue girado a la Cámara de Senadores donde se prevé que reciba la sanción definitiva la semana próxima. Allí la oposición es mayoría y planteará la posibilidad de que los municipios también puedan acceder a la compra de vacunas.
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