Irritante en el caso de Carlos Zannini, directo y extraño en versión del PJ bonaerense y con referencia clara a la relación con el FMI desde el Senado: el kirchnerismo duro no abandona la tarea de esmerilamiento a Martín Guzmán. La interna sigue con una dinámica que no contempla el giro que Alberto Fernández buscó darle al tema. El lugar asignado al ministro en la gira europea y las declaraciones informales desde la comitiva presidencial tuvieron un único objetivo: respaldar al funcionario -admisión implícita del daño sufrido- y dar por terminada la pulseada en torno a un subsecretario de Estado. Desde Buenos Aires, el mensaje fue en sentido contrario. Nada indica que vaya a cambiar.
En el Senado, dominio de Cristina Fernández de Kirchner, se encargaron de confirmar ayer mismo que avanzarán ya en el recinto con el proyecto de declaración que reclama que los fondos que amplíe el FMI para la Argentina sean destinados a planes para amortiguar los efectos sociales de las restricciones por el coronavirus. Y no a pagar la deuda. Ese destino, en rigor, podría ser de manera indirecta, porque se trataría de reservas. Pero la discusión no es técnica, ni siquiera tiene sentido efectivo. Es un mensaje político.
El texto fue motorizado por Oscar Parrilli con inocultable sello de origen en el principal despacho de la Cámara alta. Fuentes del bloque rechazaron que se trate de una movida para marcarle el terreno al ministro de Economía, en este caso específico sobre el destino de la ampliación de Derechos Especiales de Giro del FMI. Esa decisión, que para la Argentina representaría alrededor de 4.300 millones de dólares, fue adoptada por los países que definen las políticas del organismo internacional como un gesto para mejorar finanzas nacionales frente a la pandemia. El problema, aquí, es la situación de crisis agravada y por ahora sin acuerdo por la deuda.
El argumento apenas formal del kirchnerismo es que esto va en línea con la posición del Gobierno, y no para desgastar al titular de Economía. El juego no se agota allí, porque en simultáneo se deja trascender el malestar de la propia ex presidente con el ministro. Si hubo antes cuidado especial, casi privilegiado con Guzmán, eso ya no existe. De lo contario, se podría haber evitado un proyecto de declaración que sólo suma inquietud en un terreno sensible.
Es sabido que el desencadenante de este cuadro fue el intento de despido del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, respaldado en el cargo por la ex presidente y La Cámpora. Las señales de apoyo en las últimas horas son interpretadas como un contramensaje al Presidente, cuyos voceros insistieron en dar “por terminado el tema. Lo hicieron en charlas iniciales de la gira europea, que cierra en Roma luego de los pasos por París, Madrid y Lisboa en busca de respaldo para la negociación con el Club de París y con el FMI. Hay conversaciones además para una cita entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva.
Junto con la pulseada por Basualdo, lo que aparece en discusión es la cuestión de las tarifas de servicios, básicamente gas y energía eléctrica. El ministro y de hecho, el Presidente, ya habían recibido un aviso interno cuando CFK advirtió en una carta los límites que debían ser impuestos en la antesala de las elecciones. Eso terminó de quedar en claro con el rechazo a cualquier ajuste por encima de los diez puntos porcentuales, en una o dos boletas. Axel Kicillof expuso de manera potente -e inesperada, fuera del casi monotema del coronavirus- la reivindicación de Basualdo y el techo de una suba del 9 por ciento.
Los dos rubros reaparecieron, con particularidades llamativas, en las últimas horas. De golpe, el PJ bonaerense difundió una declaración con muy duras críticas a la oposición y respaldo al Presidente y al gobernador bonaerense. Pero el título puso el foco en otra cuestión. Dice: “La Argentina de los tarifazos quedó atrás, estamos recuperando la justicia social”. La oportunidad del documento y el énfasis de su encabezado remitieron a la interna. La declaración fue motorizada por Gustavo Menéndez, que respalda el desembarco de Máximo Kirchner al frente de la estructura del peronismo provincial.
Tuvo especial repercusión la nueva exposición mediática de Zannini. El procurador del Tesoro, de alineamiento directo con CFK, defendió haberse vacunado sin respetar bastante más que su lugar en la cola. Para defender a otro inoculado VIP, fabricó una nueva categoría especial: la de “personalidades que necesitan ser protegidas por la sociedad”. Sonó a provocación. Dicho eso, defendió expresamente a Basualdo, víctima, dijo, de “destrato”.
Por supuesto, luego de haber sostenido sin éxito la posición del Gobierno en el caso de las clases presenciales, reiteró la carga del oficialismo sobre la Corte Suprema. Ese es otro tema, de fondo, cuya lectura seguramente trasciende fronteras porque alude al respeto o no de los equilibrios institucionales.
En ese marco se anota el avance con el proyecto de “Ley de la pandemia”, que busca recrear el sentido de los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, a pesar de que la propia Corte advirtió que su rechazo sería extensivo a una ley, en la medida que sea interpretado como un avance sobre la autonomía y facultades de las provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.
El texto de la iniciativa, en algunos aspectos de su redacción, no convence del todo al kirchnerismo duro. Parece un dardo a su autora principal, Vilma Ibarra, del círculo más estrecho del Presidente. Ayer, el oficialismo sacó dictamen de comisión, pero es probable que haya modificaciones en el recinto, la semana que viene. Después, intentará un trámite veloz en Diputados, donde Sergio Massa y Máximo Kirchner buscan asegurar los votos de un puñado de aliados. Todos saben que, sin cambios sustanciales, la ley será una carga y un desafío dirigidos a la Corte. La tensión institucional no sería tampoco un buen mensaje al exterior.
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