El Gobierno sigue sin nombrar un nuevo titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública

La designación por parte del Poder Ejecutivo de un nuevo titular de Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) sigue sin definición al cabo de cuatro meses, pese a la importancia del cargo en un organismo clave, tanto en materia de transparencia respecto de los datos en poder el Estado, como de protección de datos personales de los ciudadanos.

La Jefatura de Gabinete de Ministros no concretó aún su designación, y tanto la oposición de Juntos por el Cambio como una decena de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que impugnaron al candidato del Gobierno, reclaman que se inicie nuevamente el proceso de selección con otra propuesta.

Objetan que el nombre oficializado en febrero de este año, el abogado Gustavo Fuertes, “carece de idoneidad” ya que no registra antecedentes en materia de Acceso a la Información, y no tiene la “autonomía necesaria” que requiere el cargo, al ser actualmente asesor del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La Agencia de Acceso a la Información Pública está sin titular desde el 1 de enero de este año, luego de la renuncia de Eduardo Bertoni, designado en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri. Bertoni dejó su cargo para asumir como representante alterno de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para América del Sur. El ex funcionario tenía mandato hasta agosto de 2022, ya que el nombramiento era por cinco años.

Tras casi dos meses sin definiciones, el Ejecutivo propuso finalmente a Fuertes. Su nombre sorprendió ya que este abogado y escribano tiene vastos antecedentes en la Administración Pública bonaerense, básicamente en el área de Comercio y Defensa del Consumidor, pero no cuenta con una trayectoria o aportes conocidos en el tema de Acceso a la Información Pública.

El 23 de marzo pasado Fuertes defendió su candidatura en una audiencia pública - que se realizó de forma virtual por la pandemia - en medio de críticas de legisladores opositores y organizaciones de la sociedad civil por no cumplir los requisitos previstos en la ley de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016. Entre ellos, contar con el expertise necesario en el tema y la suficiente “independencia política” como para exigirle a los propios funcionarios del Poder Ejecutivo que cumplan con la ley, implementen una política de Transparencia Activa, y brinden los datos solicitados por los ciudadanos, ya sea porque son de interés público o para ejercer el debido control sobre la gestión.

Sin embargo, esa audiencia no era vinculante y, tras su realización, el Ejecutivo podía avanzar con la oficialización de su nombramiento.

A partir de ese día, hace ya un mes y medio, la Jefatura de Gabinete - bajo cuya órbita está la Agencia pese a ser un organismo autónomo y autárquico- tenía 7 días hábiles para confirmar la designación de Fuertes o retirarla. Pero no lo hizo.

Tanto los legisladores de Juntos por el Cambio como las ONGs que objetaron a este abogado de confianza de Cafiero - ACIJ, Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación Vía Libre, y Democracia en Red, entre otras - consideraron que los plazos están ya vencidos y que desde Jefatura de Gabinete deben iniciar un nuevo proceso de designación del titular de la AAIP.

De hecho, las ONGs “celebraron” ayer en un comunicado público que el Poder Ejecutivo “no haya avanzado en la designación propuesta, luego de la audiencia pública en la que la ciudadanía cuestionó en forma unánime la candidatura”.

“Es necesario ahora que se generen en forma urgente espacios de discusión abiertos respecto del nuevo perfil que debe impulsar la Jefatura de Gabinete, para cubrir mediante un proceso participativo la vacancia en la Agencia”, reclamaron las ONGs que históricamente impulsaron la sanción de una ley de Acceso a la Información Pública y monitorean su cumplimiento.

Sin embargo, ante la consulta de Infobae, desde la Jefatura de Gabinete afirmaron que “Fuertes sigue siendo el candidato”, y que los plazos no estarían vencidos. “Se habían presentado dos impugnaciones, que desde el Gobierno se rechazaron. Y ahora estamos dentro del plazo que tienen para recurrir la resolución nuestra que rechaza las impugnaciones”, explicaron desde la cartera que conduce Cafiero. Esa resolución 376/2021 - a la que tuvo acceso este medio - está fechada el 26 de abril último.

Una de esas impugnaciones es por “falta de idoneidad” del candidato y fue presentada el 25 de marzo - dos días después de la audiencia pública- por los tres presidentes de bloques que integranJuntos por el Cambio en la Cámara de diputados - Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) -, junto a las diputadas de esa alianza opositora Karina Banfi (UCR), Marcela Campaganoli (CC), Mónica Frade (CC) y Dolores Martínez (UCR).

Sin embargo, para la Jefatura de Gabinete, “el candidato propuesto cumple con los requisitos necesarios para el ejercicio de la función, contando con antecedentes personales y profesionales que dan cuenta de su idoneidad para el desempeño del cargo referido, en virtud que el mismo no se encuentra incurso en las incompatibilidades conforme la Ley N° 27.275, ni se ha desempeñado en el transcurso de los cinco años anteriores en cargos electivos o partidarios”.

La otra impugnación fue presentada por Banfi, Campagnoli, Frade y Martínez, junto a la senadora radical Silvia Elías de Pérez, quienes cuestionaron la validez de la audiencia pública porque no fue televisada en vivo y “no se permitió que el público en general tome conocimiento de lo ocurrido” en la convocatoria. También reclamaron que las observaciones al candidato no fueron “leídas íntegramente, sino que se dio lectura parcial“ durante el desarrollo de la audiencia, y que “se restringió” el acceso a los asesores de las diputadas que intervinieron con sus observaciones a la candidatura de Fuertes. “Resulta por demás llamativo que no se habilitara la participación virtual de interesados, el público en general y los medios de comunicación”, advirtieron en la nota enviada a Cafiero el 26 de marzo.

Las legisladoras opositoras habían presentado observaciones a la designación de Fuertes con anterioridad a la audiencia por escrito, y además intervinieron oralmente durante su realización. Fuertes también recibió apoyos por escrito de académicos, muchos de ellos con el mismo texto genérico, pero ninguno participó de la audiencia virtual.

Jefatura de Gabinete defendió la modalidad de la audiencia, al señalar que se realizó “a través del uso del formato streaming, cuya sincronicidad permite replicar la lógica de intercambio dialógico que pudiera darse en un contexto de presencialidad”, y aseguró que “se garantizó y promovió plenamente la participación ciudadana, de forma transparente y pública”.

“Nunca recibimos una notificación del rechazo a las impugnaciones que presentamos, ni tuvimos más noticias después de la audiencia. Están con los plazos vencidos porque la ley de Acceso a la Información es muy clara: tenían 7 días para confirmar al candidato o empezar todo de nuevo. Esas impugnaciones no le podían llevar más de 24 horas resolverlas. La ley de Acceso no dice cuánto tiempo se tiene que tomar el Ejecutivo para resolver una impugnación. No sé de dónde sacaron ese plazo. Si los hicieron de normas de procedimiento en al Administración Pública, no corresponde”, reclamó la diputada Banfi en diálogo con Infobae.

“Justamente, parte del problema del cambio cultural que nosotros tenemos pendiente en el tema de Acceso a la Información es que va a contrapelo de actual sistema del Estado, que es pro-administración publica, y no pro-ciudadano. No tenemos nada contra Fuertes en términos personales. Pero si desde el Gobierno designan a alguien que no comprende la operatividad que debe tener la Agencia como garante de derechos, por más que tenga una trayectoria en el ámbito público, no están entendiendo el rol que cumple la Agencia ni la importancia de a quién designan al frente de organismo de su importancia”.

“Por otro lado, el decreto 1172/03 dice que las audiencias tienen que ser abiertas y públicas, y la del 23 de marzo no fue pública. Se limitó el cupo de aistentes y no se garantizó su difusión pública y participación de la ciudadanía”, se quejó la legisladora, que es una de las impulsoras de la ley de Acceso a la Información sancionada y principales objetoras de la candidatura de Fuertes.

Para Joaquín Caprarulo, coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ, el plazo vencía en los primeros días de abril. “Quedamos a la expectativa si había alguna novedad al respecto. Y en tanto no la hubo, la designación ya no procede, por lo cual damos desestimada la candidatura. Lo que corresponde es que el Ejecutivo vuelva a iniciar el proceso de designación. Debería surgir de la conversación con la sociedad civil una candidatura que sí cumpla los requisitos”, le dijo esta abogado a Infobae.

“La falta de conducción tiene un impacto en la tarea de la Agencia y en la definición de estándares. La situación de emergencia sanitaria sigue generando discusiones sobre la ley de Acceso y la de Datos Personales que no fueron saldadas”, agregó.

Caprarulo recordó que, antes de la audiencia del 23 de marzo, las ONGs le habían pedido una reunión por escrito a Cafiero y al presidente Alberto Fernández, sin obtener ninguna respuesta.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, coincidió en que “esta acefalía en la Agencia implica que el organismo no está en funcionamiento de acuerdo a la normativa vigente. Sigue funcionando, pero no de acuerdo a lo que dice la ley”. Y en este sentido agregó: “Ya sabemos lo que termina pasando porque lo estamos sufriendo con la Defensoría del Pueblo. Hace 11 años que no hay defensor del Pueblo oficial. Y la Defensoría tiene cada vez menos actividad y el ciudadano está cada vez menos representado y defendido. Y el riesgo que corre la Agencia de Acceso es el mismo. Que lentamente empiece a perder peso, por lo cual es necesario y urgente que el Gobierno nombre a una persona que sea idónea y cumpla con los requisitos que marca la ley Acceso a la Información Pública”.

En el comunicado que hicieron público ayer, las ONGs reclamaron que el cargo de titular de la AAIP “ya lleva vacante más de cuatro meses” pese a “ser fundamental para el sistema democrático”.

Y así lo justificaron: “En primer lugar, porque tiene el rol de asegurar la plena transparencia de la totalidad de instituciones e identidades bajo la órbita del Poder Ejecutivo (lo que alcanza organismos de la administración pública centralizada y descentralizada, empresas públicas y con participación estatal, concesionarias de servicio públicos, contratistas del Estado, entre otras). A su vez, tiene entre sus funciones asegurar la protección del derecho a la privacidad y la plena aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Ambas funciones, por sus implicancias en el ejercicio de otros derechos, no pueden verse postergadas por ninguna razón, menos aún en un contexto de emergencia como el actual”.

Por estas razones, consideraron que “es urgente que el Poder Ejecutivo envíe una nueva candidatura al cargo acorde a los estándares de idoneidad y autonomía recogidos en la normativa argentina y en el derecho internacional. Esto implica, entre otros antecedentes, que la persona cuente con una amplia trayectoria en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, de forma tal que pueda corroborarse su compromiso con la efectividad de estos derechos humanos. Para ello, resulta deseable que se generen instancias abiertas para discutir en torno al perfil que se requiere para la persona que resulte propuesta, y que ello derive en la pronta designación de una nueva autoridad y la consecuente normalización del funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública”.

La diputada Banfi le adelantó a Infobae que “si quieren avanzar con la candidatura de Fuertes”, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que “el relator de Libertad de Expresión es el rector del cumplimiento del Acceso a la Información en todos los estados partes que suscribieron la Convención en América”.

SEGUIR LEYENDO: