El Sindicato de Camioneros levantó en las últimas horas el bloqueo que mantenía desde el lunes en la empresa Química Oeste, aunque el conflicto no está solucionado y se mantiene la denuncia penal contra los activistas que impidieron durante dos días la entrada y salida de los vehículos en el depósito ubicado en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.
“La presentación judicial se mantiene porque los delitos se cometieron y se consumaron porque impidieron el trabajo”, confirmó Florencia Arietto, dirigente del PRO y abogada de Química Oeste.
En la empresa, que fue fundada hace 64 años y que provee de insumos químicos a la industria, interpretaron la decisión sindical como “una primera batalla ganada” y la atribuyeron a la presentación efectuada este martes ante la Unidad Federal de Instrucción (UFI) 2 de Esteban Echeverría y el Juzgado de Garantias Nº 2 de Lomas de Zamora por los delitos de extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo contra los manifestantes que mantenían el bloqueo.
Química Oeste también había resuelto despedir con causa a cinco empleados que participaron de la protesta, pero los telegramas aún no fueron enviados y no se confirmó si se efectivizarán las cesantías, aunque existen pruebas fílmicas del personal que participó de las protestas de Camioneros.
En caso de concretarse las desvinculaciones, el conflicto se profundizará y seguramente derivarán en una conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense, pero la empresa dijo que no la acatará hasta que se resuelva la denuncia penal presentada ante la Justicia.
“Por más que el Ministerio de Trabajo fije una multa, dicte la conciliacion obligatoria o emita un dictamen sobre la reincorporación de los despedidos, la empresa va a presentar un recurso explicando que no dará cumplimiento a ninguna medida hasta tanto no se resuelva la causa penal, que es anterior al reclamo laboral que luego inventaron los sindicalistas”, advirtió Arietto.
Los Moyano reclaman que tres de los 60 empleados que tiene la empresa dejen de estar afiliados al Sindicato de Comercio y pasen a estar encuadrados en el convenio de Camioneros, una decisión que, según la empresa, apunta a tener el número suficiente de representantes en el lugar para poder elegir un delegado propio. Por eso comenzaron el bloqueo del depósito y este martes sumaron un paro por “faltas en las medidas de seguridad y de higiene”, como la ausencia de vestuarios y de baños, que es a lo que se refirió Arietto cuando habló de un reclamo laboral “inventado”.
Ignacio Dos Reis, el dueño de la empresa, dijo a Infobae que “nos están haciendo una extorsión” y recordó que en 2013 el Sindicato de Camioneros amenazó con bloqueos para exigirles el pase de ocho empleados, pese a que la actividad principal de esa pyme es el comercio, y admitió que la decisión fue “cederles” esos trabajadores. Incluso denunció que cuando quiso emplear personal temporal el gremio de los Moyano le “marcó” una agencia específica.
Según afirmó Arietto, “dentro de la querella presentada pusimos a los cinco empleados que se prestaron al juego de la patota sindical, al decir que estaban de paro y bloquear el ingreso al depósito, porque son parte de la extorsión”. Agregó que “en estos casos, aparte de denunciar, lo que hay que hacer es echar a los trabajadores que sabotean a la empresa porque se convierten en cómplices de la patota, y de esta forma el empleado y el sindicato van a empezar a evitar esta idea de bloquear por bloquear porque después no los emplea nadie más”.
En la denuncia ante la Justicia, donde también el presidente de la empresa se presentó como querellante y particular damnificado, se consideró que “de modo alguno una entidad gremial puede reclamar una diferencia económica que no tiene ningún sustento legal a través de la privación del derecho a trabajar de la empresa, bloqueando la salida de los camiones o amenazando a los dadores de carga para que no la envíen”.
“Tampoco es legal esta metodología aunque el reclamo gremial fuera cierto y legítimo -sostuvo-, toda vez que la ley de entidades sindicales y el convenio colectivo de trabajo número 40/89 establece los mecanismos legales y judiciales para hacer valer el reclamo gremial, y la realización de la intimidación y método de presión que conllevó la actividad delictual emprendida por los causantes lejos se encuentra de constituir un legítimo y simple reclamo de índole laboral ejercido en el marco de la actividad sindical”.
Por el contrario, argumentó que los denunciados “escudándose en un ‘supuesto’ conflicto y absolutamente por fuera del ámbito de su competencia, desarrollaron y encabezaron un concreto accionar delictivo requiriendo la entrega de dinero sin hacer valer tales ‘supuestos’ reclamos en los estamentos judiciales que establece el ordenamiento laboral y el Convenio Colectivo de Trabajo”.
En el escrito de Química Oeste también se destacó que “cuando con motivo de un reclamo aparentemente lícito se cometen hechos delictuales en perjuicio de empleadores y terceros, más allá del deber de abstención de trabajar y de abandonar dicho lugar, se aplica el artículo 181 del Código Penal que no sólo criminaliza dicha conducta como privación del ejercicio de algún derecho sobre el inmueble, sino que también tipifica en el inciso 3 no sólo el ingreso de individuos a la planta, sino también al impedimento del ingreso o egreso a la misma”.
Mientras, en el Sindicato de Comercio, que lidera Armando Cavalieri, están en alerta para impedir que los Moyano les saquen sus afiliados. “Vamos a defender que son empleados de comercio y que no tienen nada que ver con Camioneros. Haremos una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y estaremos atentos para darles respaldo a nuestros compañeros”, dijeron en el gremio.
El conflicto del Sindicato de Camioneros también causa preocupación en la Municipalidad de Esteban Echeverría, cuyo intendente, Fernando Gray, un peronista no kirchnerista, estuvo con el presidente de Química Oeste y se puso a disposición para ayudarlo a que normalice la actividad del depósito. Según sus allegados, tiene una buena opinión de esa pyme familiar y considera que Moyano “quiere elegir un delegado para manejar la empresa”. Este jefe comunal ya sufrió una protesta de los Moyano en 2007 que paralizó durante más de un mes la recolección de basura en el municipio.
En la empresa, que fue fundada hace 64 años y que provee de insumos químicos a la industria, estimaron que el bloqueo sindical le ocasionaba una pérdida de “varios millones de pesos por día” y al sector petrolero un promedio de dos millones de dólares por la falta de insumos.
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