En las próximas horas, el gobierno nacional enviará al Congreso el proyecto de ley para regular las restricciones en el marco de la pandemia de COVID-19. Antes de partir rumbo a Europa, Alberto Fernández firmó la iniciativa.
Luego del revés por la decisión de la Corte Suprema en torno a la educación presencial, el Poder Ejecutivo no quiere que los decretos vuelvan a quedar a merced de la decisión de los jueces del máximo tribunal y buscará acordar con la oposición un marco legal que promueva la estandarización de los escenarios epidemiológicos y las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar “medidas de cuidado de la población” para afrontar la segunda ola de coronavirus.
La medida había sido anticipada por el Jefe de Estado durante el acto del Frente de Todos en la localidad de Ensenada. Allí, Alberto Fernández habló de una ley “para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”. Tras el anuncio, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, comenzaron a trabajar en el texto del proyecto.
Fernández recibió a Cafiero en Olivos antes de partir rumbo a Europa. Revisó la letra chica, encomendó algunos ajustes y lo dejó firmado, listo para ser presentado en el Congreso. Como informó este sábado Infobae, la propuesta estará basada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente, pero con “mayor sustentación sanitaria”.
El Poder Ejecutivo propondrá una suerte de semáforo epidemiológico que fije los indicadores a partir de los cuales las distintas administraciones provinciales no sólo estarán facultados, sino también aconsejadas, a aplicar distintas medidas como podría ser el paso de la educación presencial a la virtual, un tema que dio origen a la judicialización de las políticas públicas adoptadas frente a la pandemia.
En Casa Rosada apuestan a que sea aprobado antes del 21 de mayo, fecha en la que vence el DNU. “Hay dos semanas para tratarlo y esperemos que la ley salga antes de que termine el DNU, porque sería espléndido para resolver las cuestiones legales de la pandemia”, manifestaron desde el Gobierno a Agencia Télam.
Fuentes de la Casa de Gobierno informaron que ya hubo acercamientos informales a la oposición en el Congreso. Desde Juntos por el Cambio confirmaron que dialogaron sobre el borrador del proyecto, pero apelaron a la cautela y prefirieron no opinar hasta no ver la propuesta concreta. “El fallo de la Corte ayuda a dejar claro que algunos cosas son competencia exclusiva de los gobiernos provinciales. No importa que sea ley o DNU, en esos temas el gobierno nacional no se puede meter”, sostuvo un legislador opositor.
En Juntos Por el Cambio Sostienen que para avalar la ley de la pandemia, ésta deberá permitir articular las facultades de las provincias, preservar los derechos individuales, pero por sobre todas las cosas consideran que se debe evitar que sea una ley de superpoderes para la Casa Rosada.
Por su parte, los gobernadores también optaron por la cautela y el silencio, pero ya hubo contactos con el Ministerio del Interior para sentar las bases de la iniciativa.
Según adelantaron fuentes oficiales a Infobae, la eventual “ley de la Pandemia”, como la denominó un funcionario, se basó en el modelo que implementó la canciller de Alemania, Angela Merkel, y parte de los textos de los últimos DNU, a los que se sumarán argumentos jurídicos y sanitarios.
La idea de regular las medidas sanitarias había sido propuesta por Vilma Ibarra el año pasado, pero el Presidente continuó con las restricciones a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. Se mantuvo firme en esa tesitura a pesar de los cuestionamientos de la oposición, que reclamaba poder tener voz y voto sobre las medidas, en especial cuando el Congreso comenzó a funcionar de manera virtual y, después, semi-presencial. No fue hasta que escaló el conflicto con la Ciudad por las clases que Alberto Fernández decidió que las restricciones frente al coronavirus se resuelvan por vía legislativa.
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