Walmart y Mercado Libre, las dos derrotas de los Moyano que marcan el final de una era en el sindicalismo

Dos conflictos en menos de un año que terminaron en derrotas es un saldo inédito para el todopoderoso Sindicato de Camioneros, cuyo reinado, que comenzó en los 90 con la reconversión del transporte automotor de cargas y que tuvo su esplendor desde 2003 gracias a los favores del gobierno de Néstor Kirchner, parecía indestructible hasta que en 2020 llegó el revés de los Moyano en Mercado Libre y ahora en Walmart.

¿Finaliza una era en el sindicalismo argentino? El gremio que lidera Hugo Moyano desde hace 34 años mantiene un poder de fuego decisivo que se basa en la cantidad de trabajadores que tiene (240.000), la capacidad de movilización y, sobre todo, en una representatividad que se extiende en 17 sub-ramas de la actividad del transporte automotor de cargas, la logística y servicios anexos y que logra que el Sindicato de Camioneros tenga incidencia tanto en la recolección de residuos y en el clearing bancario como en el traslado de mercaderías y en la distribución de combustible, entre otros rubros.

Aun así, hoy Moyano consigue más por su alineamiento automático con el Gobierno que como consecuencia de su poderío sindical. Lo confirma lo que sucedió la semana pasada: el Sindicato de Camioneros tuvo que ceder en un reclamo histórico (e ilegal) que sostenía en Walmart para echar, despedir y volver a contratar personal que ya estaba trabajando, pero logró que la Casa Rosada lo privilegiara al darle 4600 vacunas para los choferes que hacen viajes internacionales, en medio de una exigencia similar de otros gremios de trabajadores esenciales que hasta ahora no consiguieron nada.

De todas formas, aunque Alberto Fernández lo calificó de “dirigente ejemplar”, este gobierno no le otorga a Moyano los innumerables beneficios que recibió desde 2003, cuando Néstor Kirchner, que había asumido con apenas el 22% de los votos luego de que Carlos Menem renunció al ballotage, lo convirtió en su aliado sindical para compensar la debilidad de origen y le garantizó una larga serie de privilegios políticos, económicos y sindicales.

Ya desde 1999, el Sindicato de Camioneros había sido autorizado a extender su representación a actividades como logística y distribución, y ese fue el inicio de una estrategia, bendecida desde 2003 por el Ministerio de Trabajo, que contempló una larga serie de “robos” de afiliados de otros sindicatos: supermercados, correos, catering, establecimientos mayoristas, tintorerías, aguas gaseosas y perfumistas son algunas de las actividades que, sólo hasta 2011, le permitieron a Moyano sumar unos 26.000 afiliados de Comercio, 10.000 del gremio que agrupa a los trabajadores de seguridad, 5.000 de Aguas Gaseosas y unos 2.000 de Carga y Descarga. Esa tendencia se interrumpió en el gobierno de Cambiemos y se mantiene hasta hoy.

En la Casa Rosada admiten que los conflictos desatados por Camioneros en Mercado Libre y en Walmart le causaron problemas al Presidente en su intento de brindarle gestos tranquilizadores al sector empresarial de que podían mantener y expandir sus negocios sin el condicionante de la prepotencia sindical. Y le cargan una gran parte de responsabilidad al estilo áspero de Pablo Moyano, el hijo de Hugo y secretario adjunto del gremio.

Apodado por muchos de sus colegas como “El salvaje”, Pablo complicó tanto algunas negociaciones que tuvo que ser apartado por su padre para permitir que avanzaran las conversaciones con el sector empresarial. Sucedió en 2020 cuando el hijo de Moyano piloteó el bloqueo al centro de distribución de Mercado Libre en el Mercado Central, en La Matanza, para reclamar por el encuadramiento de 1.200 trabajadores afiliados a la Unión de Carga y Descarga que lidera el barrionuevista Daniel Vila. Ante la intransigencia del dirigente, el Gobierno le pidió a su papá, recluido en su casa para evitar los contagios, que lo excluyera de las audiencias en el Ministerio de Trabajo para encarrilar el diálogo con la empresa de Marcos Galperin.

Desde entonces, las reuniones oficiales quedaron en manos del secretario gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, y del abogado laboralista “Huguito” Moyano, otro miembro del clan familiar. Lo mismo sucedió en marzo pasado cuando Pablo Moyano encabezó un bloqueo en el Parque Industrial Ader, de Villa Adelina, para exigir el encuadramiento de 47 afiliados a Carga y Descarga de la empresa de logística Chazki que trabaja para Mercado Libre.

En ambos conflictos, el Sindicato de Camioneros sacó el pie del acelerador para quedarse con esos afiliados. En el centro de distribución de La Matanza, la estrategia de los Moyano fue acudir a la Justicia para cuestionar el convenio que le otorga el encuadramiento a Carga y Descarga y la homologación por parte del Ministerio de Trabajo, ratificada luego por un dictamen, pero no mostraron interés en que avance la causa. En el otro caso, el gremio aceptó la intervención de la cartera laboral bonaerense y dio señales de que no insistirá en su demanda. No fueron gestos de benevolencia. En los pasillos de la Casa de Gobierno se habla de un pedido específico de Alberto Fernández a Moyano para que pacifique la relación con Mercado Libre.

Hoy, la sensación de derrota del moyanismo se vive con una contenida euforia en la compañía de Galperin. El sindicato de Vila logró elegir 12 delegados en el centro de distribución de La Matanza y festejó los anunciados planes de expansión de la empresa: los 1.200 empleados llegarán a 2.000 en diciembre y se prevé incorporar 2.500 más en un predio que se construirá al lado del existente en el Mercado Central.

Y el vínculo con el Gobierno parece restablecido: hay un canal de diálogo a través del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, uno de los funcionarios de mayor confianza del Presidente, y existiría una promesa de que Alberto Fernández visitará las instalaciones en las que no pudo hacer pie Moyano.

El reciente conflicto en Walmart fue otro ejemplo del lento declive de los Moyano. Sobre todo porque en este caso el Gobierno tuvo un papel muy activo para evitar que estallara una protesta por un reclamo que fue relativizado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, cuando dijo que “no hay ninguna norma que obligue a la empresa a pagar” lo que pretendía Camioneros.

La exigencia, no contemplada en la legislación, era echar a 500 de los 718 empleados del centro de distribución de la cadena de supermercados en Moreno, pagarles la doble indemnización y volver a emplearlos, con el argumento de que se trata de una compañía distinta a la anterior porque la había comprado el empresario Francisco de Narváez el año pasado.

La empresa se resistía porque, según argumentó, sólo hubo una modificación de accionistas, mantuvo el mismo CUIT y, en particular, no quería negociar algo que no estaba previsto en la ley. Pero no había de por medio ninguna cuestión jurídica sino de una presión extorsiva para que se aplicara lo que se conoce como “la ley Moyano”: desde 1998, el Sindicato de Camioneros impulsó reclamos de ese tipo en compañías que cambiaron de dueños.

La negativa de De Narváez derivó en medidas de fuerza en el centro de distribución, respondidas desde la empresa con una solicitada en la que acusó al Sindicato de Camioneros de llevar adelante prácticas ilegítimas y desabastecer sus sucursales. Allí intervino el Ministerio de Trabajo para declarar la conciliación obligatoria, que se extendió más allá del plazo de 15 días que marca la ley para intentar un acuerdo. Pero ninguna de las partes cedía y el protagonismo sindical continuaba en manos de un irreductible Pablo Moyano, quien terminó abandonando la última reunión, aun cuando la empresa había accedido a pagar un bono extraordinario (al que tampoco estaba obligada), en un intento por alcanzar una solución.

El Gobierno ya estaba en alerta. Alberto Fernández llamó a De Narváez y a Hugo Moyano para tratar de acercar las posiciones, pero no hubo caso. Por eso el Presidente le pidió a Sergio Massa que interviniera. De esa forma se llegó a una reunión cumbre entre el empresario y el sindicalista, el miércoles 28 de marzo en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, que fue el primer paso para el trabajoso acuerdo firmado cinco días después, basado en el otorgamiento de un bono de entre 115.000 y 1 millón de pesos, que en total representa 227.576.922 pesos.

Así, la “ley Moyano” que era palabra santa en la patria camionera estalló en mil pedazos: el sindicato logró un beneficio para 477 trabajadores, pero no pudo aplicar su polémica fórmula de “echar, despedir y volver a contratar”. El jefe camionero retrocedió por la presión de su propio gobierno y, a la vez, sentó un precedente. Y la Casa Rosada pudo desactivar un conflicto que era una mala señal para el empresariado, aunque un dato significativo (y preocupante) es que tuvieron que intervenir las máximas figuras del Gobierno para frenar la ofensiva de un aliado basada en un reclamo ilegal.

Todavía no están resueltos conflictos similares en Garbarino, cuyos nuevos dueños están buscando un comprador de la mayoría accionaria debido a una compleja situación financiera, y en la Municipalidad de Moreno, donde el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, debió interceder para que se detuviera el hostigamiento de la tropa de Pablo Moyano contra la intendenta Mariel Fernández, una militante K del Movimiento Evita.

Con dos derrotas en menos de un año y claros síntomas de un poder desgastado, los Moyano afrontarán en breve la pelea que más les gusta: el 30 de junio vence la paritaria de 2020 y deberán discutir el aumento salarial de este año. En las cámaras empresariales temen que el sindicato arranque con un estridente reclamo del 40% y prenden velas para que, como en Walmart y Mercado Libre, una ayudita oficial los libere del yugo camionero.

SEGUIR LEYENDO: