El conflicto detrás del proyecto de barrio náutico en Costa Salguero y Punta Carrasco tomó nueva fuerza esta semana, en un juego de naipes que se dirime entre los tiempos de lo legal y lo político. El Gobierno porteño, a través de la Procuración General de la Ciudad, apeló el viernes pasado el fallo de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 que autoriza la venta de las tierras ribereñas. Embanderados contra la iniciativa inmobiliaria, desde la oposición del Frente de Todos junto a organizaciones sociales y vecinales preparan nuevas demandas judiciales y acciones, entre ellas, la propuesta para crear un parque público con el nombre de Diego Armando Maradona.
La sentencia del pasado 27 de abril, dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 de la Ciudad de Buenos Aires, Leonardo Furchi, hizo lugar al amparo presentado por la diputada nacional Gabriela Cerruti y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. En aquel planteo, el magistrado dictaminó que la Ley 6289 sancionada en 2019 viola los artículos 63 y 89 de la Constitución de la Ciudad. Según esa normativa, el Gobierno porteño solo puede desafectar los bienes de dominio público a través de un tratamiento conocido como ‘doble lectura’, es decir, con dos votaciones en el recinto y una audiencia pública entre ambas en la que se escucha la opinión de la ciudadanía.
Sin embargo, ese procedimiento no ocurrió de esa manera y la ley fue promulgada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por eso, los detractores del barrio náutico en Costa Salguero y Punta Carrasco impugnaron judicializamente la comercialización de los terrenos públicos.
“Confiamos en que la justicia nos va a dar la razón”, señalaron a Infobae desde la gestión del Gobierno de la Ciudad. Con la apelación presentada, el escrito será evaluado por la cámara revisora, y en última instancia, intervendría el Tribunal Superior de Justicia. Hasta ahora, el Poder Judicial solo intervino en el proyecto de ley de venta de los inmuebles de las manzanas en disputa. La coalición gobernante viene con una buena racha en los juzgados, después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera a favor de la autonomía porteña en la disputa por la suspensión de las clases presenciales.
“El intento de venta de Costa Salguero fue la gota que derramó el vaso para las porteñas y porteños, luego de cinco años de venta sistemática de tierras públicas para ponerlas a disposición de los negocios inmobiliarios”, señaló a este medio Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del bloque del Frente de Todos. “Se dice que la Ciudad le da la espalda al río, es verdad, pero eso no significa que el Río de la Plata no esté fuertemente arraigado en la memoria colectiva de nuestra gente, que se identifica con él y lo siente propio”, agregó.
La rezonificación involucra tierras de propiedad estatal que suman unas 17 hectáreas, en el caso de Costa Salguero, y otras 14 hectáreas de un predio lindante, separado por la desembocadura del colector del arroyo Maldonado, donde estuvo Punta Carrasco. El objetivo es levantar diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros y un espacio público parquizado que llegará hasta la ribera del río.
En el área de Desarrollo Urbano porteña advirtieron está vigente la ley de rezonificación aprobada en octubre de 2020 y la propuesta aprobada en el concurso de ideas, que se resume en un barrio que involucra “una mixtura entre comercios, oficinas, hotelería y viviendas” y áreas de esparcimiento. Ahora bien, el momento en que se definirá la doble lectura de esa iniciativa y el tratamiento en la Legislatura porteña permanece incierto.
Si bien el clima electoral influye en el estiramiento de los tiempos, el Gobierno porteño sigue sin prisa pero sin pausa los pasos previstos, como la contratación de consultoras y las evaluaciones técnicas correspondientes para la planificación de las obras. La Ciudad de Buenos Aires tiene presupuestado más de 4.000 millones de pesos, 1.700 millones de ellos en 2021 que implica la infraestructura urbana necesaria para las torres.
La ley de rezonificación fue debatida durante más de dos meses, entre noviembre y enero último, en una audiencia pública que tuvo récord de participación y en la que el 98% de los oradores se manifestó en contra de la privatización.
Ese rechazo no preocupa al Gobierno de la Ciudad. Según las evaluaciones de la gestión oficialista, lo que ocurrió fue apenas un movimiento en las redes sociales de carácter político, donde las intervenciones parecían “calcadas” y que “la oposición tomó el conflicto como bandera”. “No vemos que sea la posición de los vecinos”, señalaron fuentes del Gobierno de la Ciudad.
“Tenemos un gobierno que desconoce la legitimidad de la voluntad ciudadana expresada en un ámbito institucional y deliberativo como es la audiencia pública. Deslegitima a la población, hablando de que eran vecinos y vecinas orquestados ideológicamente, como si estuvieran confabulados en una mafia, cuando se trató de una población que desde distintos sectores está tratando de defender un bien común de la Ciudad”, expuso a Infobae Jonatan Valdiviezo, presidente del Observatorio por el Derecho la Ciudad (ODC).
En un gesto simbólico, el presidente Alberto Fernández se sumó al rechazo del proyecto inmobiliario en Costa Salguero y Punta Carrasco de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Estado puso su firma junto a la de otros 40.000 ciudadanos porteños que buscan frenar la iniciativa del gobierno porteño. La foto, que se sacó el sábado 1 de mayo en el marco del lanzamiento del Instituto de Formación Política del PJ Ciudad, recién salió a la luz hace unos días. En la postal figuraban el el senador Mariano Recalde y el legislador Juan Manuel Valdés.
Con la discusión de Costa Salguero, la oposición porteña mantiene la expectativa de abrir una brecha en la hegemonía del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que ya transita por más de 14 años. A la pulseada le imprimieron mística militante y popular. La colecta de firmas involucra una iniciativa popular que no solo busca derogar la ley 6.289, sino que además establece la creación de un parque público que tenga como nombre “Diego Armando Maradona”, en homenaje a la leyenda del fútbol fallecida en plena pandemia.
La iniciativa popular es uno de los mecanismos previstos por la Constitución de la Ciudad para presentar proyectos de ley, por lo que el oficialismo porteño que responde a Rodríguez Larreta, incluso teniendo mayoría en la Legislatura, se vería obligado a tratarla en el recinto antes de marzo del 2022.
Mientras se dirime el proyecto urbanístico, el gobierno porteño tomó decisiones que volvieron a irritar a sus detractores. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta prorrogó la licitación de Costa Salguero a la empresa Telemetrix, que al 30 de abril tendría que haber dejado el predio a manos del Ejecutivo porteño.
“Desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad vamos a presentar una nueva demanda por la prórroga de la concesión. En estos días podríamos haber recuperado la Costanera, pero eso no ocurrió. Desde el Gobierno se decidió extender la concesión hasta mediados de junio, y otra parte hasta fines de año”, concluyó Valdiviezo.
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