Alberto Fernánez quiere destrabar la negociación con Pfizer y busca una solución jurídica que satisfaga a ambas partes

La pandemia castiga a la Argentina y a otros países sudamericanos con fuerza. Aunque se estabilizó la cantidad de contagios, la cifra de muertos ya superó los 67.000 y las camas de terapia intensiva en esta segunda ola todavía sigue en un punto crítico que preocupa a las autoridades sanitarias y tiene tensionado a todo el sistema de salud.

El Gobierno nacional evalúa que las restricciones impuestas a la circulación nocturna y la suspensión de las clases presenciales en el ámbito metropolitano permitió controlar mejor a las zonas que estaban en rojo, con un alerta epidemiológico. También desde la Casa Rosada saben que reforzar y fortalecer el Plan de Vacunación fue, es y será el mejor antídoto para darle pelea al coronavirus. Por eso necesitan ese bien tan preciado llamado vacuna con urgencia.

Más allá de que se avanza con contratos con otros Estados como Israel y Cuba para comprar dosis o para fabricarlas en nuestro territorio, un acuerdo con los laboratorios privados resulta a esta altura prioritario. En ese sentido el presidente Alberto Fernández trabajó en los últimos días con la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, con el fin de destrabar la negociación con el laboratorio estadounidense Pfizer. Si bien todo se maneja en un marco de estricta confidencialidad el jefe de Estado instruyó a Ibarra para hallar una interpretación jurídica que satisfaga a ambas partes.

El presidente le transmitió a Ibarra que una interpretación jurídica de un fallo en el que él trabajó cuando se desempeñaba como Superintendente de Seguros de la Nación entre 1989 y 1995 podría aplicarse en esta ocasión para que se alcance un acuerdo. Argentina no cedería ningún derecho y la empresa estadounidense se ajustaría a lo que dictan las leyes de nuestro país.

Desde distintos sectores, e incluso dentro del propio Gobierno, desde fines de 2020 se cuestionó que no se produjera un entendimiento con Pfizer, el laboratorio líder de la industria farmacéutica en el mundo. Según las explicaciones que brindó ante el Congreso el pasado 3 de febrero el ex ministro de Salud, Ginés González García, la intolerancia de la compañía “fue extrema”. Luego detalló que las complicaciones surgieron a raíz de la ley aprobada por el Congreso que reglamentaba la compra y aplicación de las vacunas en el marco de la emergencia sanitaria.

“Esa ley tuvo un pronto despacho, creo que salió por unanimidad. Y hubo un agregado al proyecto original, que estaba en la potestad de los diputados, vinculado al tema de la negligencia que hizo que cuando les remití una nota para querer firmar el acuerdo, Pfizer me dice que con ese artículo no lo puede firmar”, explicó. Concretamente, se refirió al artículo 4 de la ley 27.573 que faculta al Poder Ejecutivo a incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” pero con “la excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.

“Obviamente, les mando una carta diciendo que aparecían nuevas condiciones en la negociación, que me parecía una cosa muy difícil”, continuó el ministro, e insistió en que Pfizer puso su mayor énfasis en el tema de la negligencia. “No querían que directamente estuviera la palabra”, agregó. Estas diferencias hicieron naufragar la negociación que ahora se intenta reflotar.

Pfizer suscribió en los últimos meses acuerdos con varios países latinoamericanos como Brasil y Chile. En el caso del país que gobierna Jair Bolsonaro se firmó un contrato por 100 millones de dosis que deben llegar antes de diciembre de 2021. Hasta el momento solamente se entregó un millón. La empresa estadounidense fue una de las primeras que hizo estudios clínicos de su vacuna en Argentina con la participación de 3.000 voluntarios.

La asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien fue una de las negociadoras en la adquisición de las vacunas rusas Sputnik V, reconoció el 27 de abril que desde el Gobierno se estaba buscando “cómo se pueden generar cambios para avanzar en un contrato”. El CEO local de Pfizer, Nicolás Vaquer, también admitió que “los canales de diálogo están abiertos”.

Con la otra compañía estadounidense que se establecieron contactos es con Moderna, que tiene su sede en el estado de Massachusets. Se trata de una de las mayores proveedoras de inyectables en ese país que encaró un esquema de vacunación muy ambicioso con muy buenos resultados. En tanto, en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) todavía no autorizaron la aplicación de emergencia de la vacuna que elabora Johnson & Johnson, también de Estados Unidos. El laboratorio belga Janssen, una filial de la corporación estadounidense, realizó el pedido de registro de su vacuna contra el COVID-19, el 7 de diciembre y aún no obtuvo respuesta satisfactoria. Con Johnson & Johnson también hay intenciones de profundizar las negociaciones para adquirir dosis en los próximos meses.

Con el laboratorio anglo sueco AstraZeneca que elabora su producto en colaboración con la Universidad de Oxford está firmado un acuerdo por 22,4 millones de dosis. Todavía no llegó ni una. Hay demora en las entregas de las que son fabricadas en México por el laboratorio Liomont y también una partida de 6 millones retenida en Estados Unidos. El grupo argentino Insud de Hugo Sigman fabrica en Garín, provincia de Buenos Aires, el principio activo de este medicamente y lo traslada a México para su fraccionamiento, envasado y distribución. Pero diversos problemas técnicos y operativos complicaron el proceso. A pesar de numerosas gestiones, el tema no logró destrabarse.

Cómo están las tratativas con otros Estados

Los primeros contratos que logró Argentina para obtener vacunas se cerraron con laboratorios que dependen de los gobiernos de Rusia y de China. El viernes a la madrugada partió un nuevo vuelo a Moscú que traerá alrededor de 500.000 dosis del componente 1 de la Sputnik V. Y según lo que manifestó este sábado en una entrevista radial en CNN Radio la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a partir del 20 de mayo llegarán nuevas partidas del segundo componente. La importancia del anuncio radica en que muchos argentinos recibieron la primera dosis de la vacuna rusa entre enero y febrero y se están por cumplir los tres meses de esa primera aplicación, el plazo establecido para aumentar su efectividad.

Además, sobre la reciente autorización que recibió en Rusia la variante “light” del desarrollo local sostuvo que “es el componente 1 de la Sputnik V, es como no dar o diferir más la segunda dosis”. La funcionaria aseguró que “la indicación es que el esquema de vacunación se complete. Los que recibieron la Sputnik V, la de AstraZeneca, la Covishield o la Sinopharm van a tener su segunda dosis a medida que vayan llegando al país”.

Con el inyectable chino el problema es otro. La Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino ya cumplió, con retrasos, con la provisión de los 4 millones de dosis adquiridos. Pero ahora el gobierno de ese país dispuso que cuando se cumplan los 100 años de la fundación del Partido Comunista, el 1° de julio, ya estén inoculados 250 millones de sus habitantes. Debido a esta campaña, impidió la exportación de vacunas hasta esa fecha. La intención gubernamental argentina era ampliar la compra a China pero ante este escenario no le quedó otra opción que esperar.

Estas complicaciones con Rusia y con China permitieron que surjan otras alternativas. Se intensificaron las reuniones y los intercambios con autoridades de Israel y de Cuba.

Ayer llegó a Ezeiza una delegación israelí para que con colaboración argentina se pueda concretar la fase 3 de prueba de la vacuna Brilife y su producción a nivel industrial. Ambos están interrelacionados ya que, según explicó el profesional, la generación de las dosis necesarias para una tercera fase de testeo tendría que hacerse en la Argentina ya que en Israel “no hay por ahora una producción masiva como para una fase 3”.

De allí la decisión del Gobierno de Israel de realizar estas pruebas con “algún socio” del extranjero, lo que podría dejar “una base de conversaciones” para avanzar, si se confirma que la vacuna es efectiva y segura, en la “producción masiva de la Brilife para su distribución en la Argentina y desde aquí hacia otros países del mundo”, adelantó.

El jueves 6 de mayo, en busca de otras alternativas ante la escasez mundial del medicamento que se aplica contra el COVID-19, la ministra Vizzotti y Nicolini, conversaron en una videoconferencia con el Ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, y otros representantes del gobierno y del sector científico de ese país, para intercambiar información sobre los desarrollos en ese país de vacunas, las primeras concebidas y producidas en América Latina para la región.

Los participantes cubanos dieron cuenta de los avances alcanzados en cuanto a la evaluación de seguridad e inmunogenicidad en el desarrollo de las dosis Soberana y Abdala, en sus respectivas fases de ensayo.

Otra opción son las vacunas que llegan a distintos países mediante el mecanismo solidario Covax, que coordina la Organización Mundial de la Salud. Argentina reservó 9 millones de dosis, de las que ya se entregaron 1.082.000 y el 21 de mayo está programado que arriben otras 861.600 dosis. A fines de este mes y a principios de junio se ampliaría con más partidas. En el Gobierno Nacional esperan esa noticia con ansiedad.

SEGUIR LEYENDO: