Con apoyo del Gobierno, los trabajadores de la economía popular están a un paso de ingresar a la CGT

Hace tan solo dos años parecía un anhelo, una utopía de tiempos pasados. Pero con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, el alineamiento de la CGT con las principales políticas de gobierno y varios de los principales dirigentes de los movimientos sociales en puestos claves en Ministerios como Desarrollo Social y Obras Públicas, entre otros, la incorporación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a la CGT es prácticamente un hecho.

Por fuera de los espacios políticos, estas negociaciones son seguidas de cerca y estimuladas por el Papa Francisco, quien en el Vaticano suele recibir a los dirigentes sociales y les envía de manera periódica vídeos o cartas de apoyo.

Lo hizo, por ejemplo, el 13 de marzo pasado, fecha en que movimientos sociales se reunieron en Luján para rezar una plegaria en apoyo a los ocho años del pontificado de Jorge Bergoglio.

Las negociaciones, las charlas, están avanzadas y las encabezan Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, y Héctor Daer, cotitular de la central obrera.

Ambos mantienen un excelente diálogo desde hace varios años, sobre todo cuando coincidían en criticar y manifestarse contra las políticas económicas y laborales del gobierno de Mauricio Macri. “Con el Movimiento Evita tenemos una larga historia de luchas y coincidencias”, suele decir el titular del gremio de la Sanidad.

La última vez que se los vio cruzar un abrazo fue frente a la Basílica de la Virgen patrona del país, donde el líder cegetista también se congregó, junto a otros dirigentes, por la consigna “Los movimientos populares rezamos por él”.

Si bien la inclusión de la UTEP a la CGT no será de un momento para el otro, se avanza en esa dirección. En principio la Unión de Trabajadores de la Economía Popular consiguió la “personería social”. Se la otorgó el Ministerio de Trabajo.

Claudio Moroni fue quien firmó ese acto administrativo junto a Castro y con la presencia de Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete. El paso siguiente es la “personería gremial”; de conseguirla, la UTEP tendrá los mismos derechos que cualquier sindicato.

Sin embargo, ese tema sí esta discutido ¿La razón? Las diversas ramas en las que están divididas los gremios, como metalúrgicos, trasportistas, construcción, químicos, petroleros, choferes, empleados, bancarios, ferroviarios, tienen un “patrón, un empleador” común, una cámara que agrupa a los empresarios del sector para sentarse a negociar condiciones de trabajo, o por ejemplo, paritarias.

Eso no sucede con los trabajadores de la denominada economía popular enrolados en la UTEP, que contiene a cartoneros, servicios comunitarios -como la atención en comedores y merenderos- agricultura familiar y campesina, reciclado y servicios ambientales, servicios personales -como cuidado de adultos mayores, niñeras o servicio doméstico-, entre otras actividades.

Son quienes se desempeñan de manera individual o colectiva en unidades productivas con diversas modalidades organizativas, como por ejemplo cooperativas. Modos de existencia de millones de personas que se desarrollan en tareas que en la última década puso en jaque la vigencia del sistema normativo argentino y trascienden la precariedad o falta de formalidad laboral.

Por esta razón, en la CGT no todos están de acuerdo con la vocación de avanzar con la incorporación de la UTEP a la principal central obrera del país.

Algunos cuestionados “gordos” sindicales, como Armando Cavalieri de Comercio, el gremio con mayor número de congresales, entiende que incorporar a la UTEP significa darle un fenomenal poder de negociación para apoyar a determinados candidatos a la conducción de la CGT.

Cavalieri, junto a otros “gordos” del sindicalismo que quedaron en minoría, analizaban que si en un hipotético caso la organización liderada por el “Gringo” Castro ingresa a la central obrera con “plenos poderes”, tendría más representantes que cualquier otro gremio.

Esa apreciación se basa en datos oficiales publicados por el ministerio de Desarrollo Social. En el último informe del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) que de manera online se inscribieron, solo entre el mes de julio del 2020 y febrero de 2021, un total de 2.093.850 personas que se ganan la vida trabajando al margen de la formalidad, tal como publicó de manera exclusiva Infobae.

Por el momento, es incorrecto sostener que los inscriptos en el ReNaTEP son “afiliados” de la UTEP. Formada por una larga lista de organizaciones sociales como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos, tiene previsto iniciar una campaña de afiliación para alcanzar a fin de año el millón de enrolados. Por el momento son unos 200.000 afiliados.

Desde la CGT se le aseguró a este medio que la UTEP, una vez que sea representada por la central obrera, no tendría voto, algo que de concretarse tranquiliza a algunos de los caciques sindicales que se mostraban reticentes. Sí, en cambio, podrían tener una destacada participación en lo que podría ser un “Observatorio de la Economía Popular”.

“Desde la UTEP facultamos a nuestro secretario general para que inicie los tramites administrativos y las articulaciones políticas necesarias para que nos transformemos en un gremio confederado”, reconoce Onorato en diálogo con Infobae.

El dirigente afirma que la principal aspiración de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular es “ingresar a la CGT como gremio confederado, después nuestra participación, ya sea en el Congreso de la CGT o en el Consejo Directivo, o cualquier institucionalidad que los compañeros confederados nos quieran brindar, para nosotros es un orgullo y un primer paso para sentirnos plenamente integrados”.

-¿Qué tramites están realizando ante el Ministerio de Trabajo para tener las atribuciones de un gremio confederado?

-Estamos avanzando fuertemente con el ministro Carlos Moroni para que rápidamente toda la documentación presentada sea revisada y si hay que corregirla se la corrija y sea aprobada para tener nuestra personería que nos defina como el sindicato que represente a los trabadores y trabajadoras sin patrón. Para nosotros esto es muy importante porque desde hace tiempo, la CGT es el principal instrumento que tienen los trabajadores de la Argentina para defender plenamente sus derechos.

Onorato adelantó que desde la UTEP tienen previsto impulsar “una gran campaña de afiliación” hasta fines de 2021.

Como primer paso, la UTEP ya realizó su asamblea constitutiva, en la cual designó formalmente a las autoridades de su Consejo Directivo y su Secretariado Nacional, encabezados por su secretario general Esteban “Gringo” Castro, con la novedad de implementar la paridad de género en sus estamentos.

Las Secretarias Generales Adjuntas son Norma Morales, de Barrios de Pie, y Dina Sánchez, del Frente Populares Darío Santillán. El secretario de organización es Fredy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa y el secretario gremial es Gildo Onorato, del Movimiento Evita.

El peso que el Movimiento Evita tiene en la UTEP es fundamental para el avance de esta organización en la CGT y en el gobierno en general.

Entre sus dirigentes destacan: Fernando “Chino” Navarro, el actual secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, un área del organigrama de la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero.

Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, una dependencia del ministerio de Desarrollo Social que es clave para aplicar el Plan Argentina contra el Hambre.

El mencionado Castro, pareja de la también dirigente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, la intendenta de Moreno.

Miguel Gómez, titular de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) de la Nación, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y, entre otros Onorato, el referente del Movimiento Evita. Preside la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, que suele representar a esa organización cuando se reúnen con el presidente Fernández, como sucedió el 30 de marzo pasado, cuando los movimientos sociales le solicitaron vacunas para inmunizar a las personas que colaboran en los comedores y merenderos populares con la finalidad de evitar que esos espacios comunitarios se cierren por enfermedad de quienes trabajan asistiendo a los sectores más vulnerables ante la segunda ola del COVID-19.

La importancia que el gobierno de Fernández les da a los movimientos sociales, y a la UTEP en particular, volvió a quedar demostrado ayer, en la reunión del Consejo Federal Contra el Hambre.

Durante el acto, en el cual el Gobierno anunció modificaciones en el programa social Tarjeta Alimentar a través de la cual cerca de 400.000 personas más recibirán el beneficio y se otorgará un aumento de hasta el 100% para mejorar el poder de compra, el primer mandatario nombró en su alocución al “Gringo” Castro quien, como otros dirigentes, estuvo presente de manera virtual.

Dirigentes como Castro, pero también como Pérsico, Navarro, Daniel Menéndez de Somos Barrios de Pie, y también funcionario en la cartera de Desarrollo Social, o Juan Grabois son, junto a algunas espadas de la CGT, como Héctor Daer, o por fuera de ella, como Sergio Palazzo, de Bancarios, puntales de jefe de Estado: salen a apoyarlo cuando desde la oposición, o desde dentro de su propio espacio político lo fustigan por decisiones económicas, el manejo de las negociaciones con el FMI, o las medidas restrictivas por la pandemia.

Las organizaciones sociales le facilitan a Fernández una extensión territorial de la cual él carece. Están presentes a lo largo y ancho del país. Manejan gran parte de los 12.056 “espacios sociales” que son en gran medida comedores y merenderos distribuidos a lo largo y ancho del país. Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social, solo en la provincia de Buenos Aires existen 4.475.

El último informe del Registro Nacional de la Economía Popular que presentaron el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y Emilio Pérsico hace dos semanas es revelador, y es una radiografía del nuevo sindicato que está en marcha, pero también del fuerte crecimiento de la informalidad en la Argentina.

El informe asegura que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que cumplen sus tareas en la informalidad son mujeres (57,1%), un porcentaje sensiblemente superior al observado entre los asalariados registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) donde representan el 33% de ese sector.

El 30,2% tienen entre 18 y 24 años; mientras que en la economía privada ese porcentaje es de solo el 6,7%.

En la franja que va de los 25 a los 35 años, los trabajadores y trabajadoras informales llegan al 35,5% mientras que en la actividad privada formal es del 32,1%.

La mayor porción de ellos, el 58,6% trabajan de manera individual; el 23,4% lo hace en el marco de organizaciones sociales y comunitarias, por ejemplo colaborando en comedores y merenderos que reciben asistencia del propio ministerio de Desarrollo Social; el 8,4% se organiza en cooperativas y el 6,7% lo hace en pequeños emprendimientos familiares o no familiares.

Quizás la reticencia de algunos viejos caciques sindicales para que la UTEP no ingrese a la CGT esta enmarcado en las cifras del ReNaTEP que destaca un dato significativo: el 62,5% desempeña sus trabajos nucleados desde alguna organización comunitaria o social, una muestra de la potencia que en los últimos años tomaron los movimientos sociales.

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