La Confederación General del Trabajo (CGT) ganó y perdió durante su nueva reunión con Alberto Fernández. Ganó porque la Superintendencia de Servicios de Salud no será encabezada por ningún leal a Cristina Kirchner, como temía, y perdió porque no logró el apoyo presidencial a su propuesta de que el organismo que regula los fondos de las obras sociales fuera presidido por un especialista salido de sus filas.
Y volvió a perder con más contundencia cuando sus dirigentes se dieron cuenta de que el primer mandatario no accedió al pedido cegetista por convicción propia y no presionado por la vicepresidenta. ¿Compensarán estas derrotas los $11.000 millones que les dará el Gobierno a las obras sociales para compensar los gastos del sistema sindical de salud en educación y transporte del rubro discapacidad? Es la pregunta del momento.
Alberto Fernández no se apartó del libreto que cumplió casi escrupulosamente la mayoría de los gobernantes argentinos desde 1983: no poner al frente del control de los fondos de las obras sociales a nadie vinculado con el sindicalismo sino a alguien que cumpliera la premisa de distribuir el dinero que proviene del aporte de los trabajadores para disciplinar a sus dirigentes, premiar lealtades políticas y castigar las rebeldías.
Más allá del menemismo, que entregó el manejo de esos millonarios fondos al gastronómico Luis Barrionuevo, la excepción más rara a esta regla de hierro de la política argentina fue la del gobierno de Mauricio Macri, que apenas comenzada su administración le entregó la jefatura de la Superintendencia al establishment sindical sin pedirle nada a cambio (y se lo quitó rápidamente con la primera movilización contra su política económica). Sin embargo, la revancha macrista representó un retroceso para las obras sociales porque se interrumpió una gestión profesional que cumplía el médico sanitarista Luis Scervino.
En el almuerzo de la Quinta de Olivos, Alberto Fernández ya sabía que la CGT iba a llegar con el pedido de que el sucesor del fallecido Eugenio Zanarini fuera David Aucharán, el actual gerente general de la Superintendencia, pero no cumplió lo que les había prometido a sus dirigentes durante su primera visita a la sede cegetista cuando ganó las elecciones: “El movimiento obrero organizado es parte del Gobierno que se va a instalar en Argentina desde el 10 de diciembre”, dijo. La mayoría imaginó espacios de poder concretos. No fue así. Lograron mucho más los piqueteros.
Antes de asumir, el Presidente se había comprometido a darle a la CGT el control del organismo que regula las obras sociales y el candidato de “la corpo” sindical era Aucharán. Su nombramiento apareció en los diarios, pero nunca se concretó. Quien se sentó en el sillón tan codiciado fue Zanarini, amigo de Ginés González García. En la central obrera creen que a su candidato lo vetó Cristina Kirchner. Pero alguien que conoce de cerca esa jugada aseguró a Infobae que fue el propio Alberto Fernández el que no quiso darle ese cargo al gremialismo. Como volvió a suceder ahora.
Por eso tiene lógica que esta semana, cuando murió Zanarini, el jefe del Estado le haya pedido discretamente a González García un nombre de confianza para dirigir la Superintendencia. El emisario fue Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia. El postulante que recomendó el ex ministro de Salud fue Eduardo López, a quien llevó al PAMI durante su gestión en 2002 y que en febrero de 2020 ubicó en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad. Compartieron incluso la sociedad en la Bodega Tierra Mayor.
Por eso, luego del almuerzo con la CGT, allegados del Presidente se jactaron de que la designación de López en la Superintendencia fue “un triunfo del albertismo” porque el nombre surgió de su propio espacio y, además, porque evitaron que Cristina Kirchner se apropiara de ese puesto. Aunque en el reparto de espacios del Frente de Todos ese sector le corresponde a Alberto Fernández, todos saben que el kirchnerismo tiene un afán expansionista y que desde el Instituto Patria se alienta una reforma del sistema de salud que estatizaría los fondos de las obras sociales.
“Si alguien no alcanzó su objetivo en la Superintendencia fue La Cámpora”, contestó un encumbrado directivo de la CGT cuando Infobae le preguntó si el nombramiento de López significaba una derrota para la central obrera. “Es un sanitarista que afianzará y mejorará el sistema de obras sociales”, agregó en una rápida asimilación del espacio perdido. Otro de sus colegas fue más allá aún al interpretar que el nuevo titular de “la Súper” tiene la bendición de “los Gordos” de la CGT porque en su trayectoria se desempeñó como coordinador quirúrgico y asesor de la gerencia general de la obra social del Sindicato de Comercio, OSECAC. Pero López no responde a Armando Cavalieri sino que se trata de un auténtico cuadro del semillero de González García desde que en 1999 estudió Economía y Gestión de la Salud en la Universidad Isalud, creada por el desplazado ministro.
El silencio de la dirigencia cegetista cuando se fue de Olivos fue una comprobación del efecto que causó el ascenso de López. Ahora deberá recalcular, volver al regazo de González García y construir una relación con el sucesor de Zanarini justo en el momento en que el sistema de obras sociales cruje por un estado financiero al rojo. En este punto es donde sobresale la jugada presidencial: puso un significativo freno a las aspiraciones de los sindicalistas de pilotear la Superintendencia, pero no los dejó irse con las manos vacías.
En concreto, auxiliará al sindicalismo con $11.000 millones para compensar los gastos del rubro discapacidad en educación y transporte, que representa el mayor porcentaje de los gastos del sistema (casi un 37%), y accedió a cambiar el sistema de libre elección de la obra social para que cada nuevo trabajador permanezca un año en la que corresponde a su actividad antes de disponer el traspaso de los aportes a otra entidad y evitar así la fuga de los aportes obligatorios al sector privado.
¿Alcanzará para congraciarse con la CGT? Nada está garantizado en un año dominado por los incesantes aumentos de precios, la inflación que no cede y unas elecciones legislativas decisivas. Alberto Fernández también ganó y perdió en el almuerzo de Olivos. Ganó con la resignación cegetista tras el desaire al pedido de la Superintendencia. Lo que perdió fue la certeza de que esa resignación se mantendrá para siempre.
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