Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti leyeron todas las declaraciones de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Santiago Cafiero, Martín Soria y Eduardo “Wado” de Pedro que cayeron como fuego graneado sobre la Corte Suprema tras el fallo histórico y unánime que reivindicó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y consideró que la emergencia causada por la pandemia no autoriza a ignorar las normas vigentes.
Estos cuatro jueces de la Corte no tienen una excelente relación entre sí, pero el ataque frontal recibido desde de la administración kirchnerista unió sus voluntades personales en un frente común que optó por el silenzo stampa y por continuar su trabajo meticuloso para fallar en casos penales que involucran a la vicepresidente y en expedientes sobre tributos coparticipables que tienen como protagonistas -de nuevo- al presidente y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
“No habrá revancha. Sólo ejercicio del derecho”, comentó un juez del máximo tribunal que lee a Kant en alemán.
La decisión del gobierno de desconocer el fallo de la Corte implica un conflicto de poderes que tendrá una vigencia inusitada. Si Alberto Fernández prorroga la suspensión de las clases presenciales, Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti podrían actuar de oficio recordando que su decisión unánime restringe esa posibilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Y si eso pasara, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo chocarían de nuevo provocando un nuevo cimbronazo al sistema democrático.
Los Cuatro de la Corte resolvieron de hecho que no actuaran de oficio frente a un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que pudiera afectar la autonomía porteña y el derecho a concurrir a las aulas, y aguardan el momento institucional para ejercer sus facultades constitucionales en causas que complicarán la situación legal de Cristina Fernández de Kirchner, su familia, sus exsocios y sus exfuncionarios de confianza.
Pero al margen de las causas de corrupción y del expediente vinculado a la disputa por los porcentajes de coparticipación federal entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, la Corte Suprema observa con preocupación la inexistencia de canales de diálogo político con la Casa Rosada.
En el cuarto piso del Palacio de Tribunales no plantean la creación de una mesa judicial con el gobierno para articular una agenda quid pro quo. Sencillamente sostienen que debe haber diálogo institucional entre ambos poderes del Estado, y que su inexistencia contribuye a facilitar los discursos belicistas que operan en los márgenes de la coalición oficial.
Marcela Losardo hablaba con los magistrados de la Corte, y “Wado” de Pedro también. Ella reportaba al Presidente, y el a CFK. Era un backchannel que funcionaba y que permitió habilitar una puñado de conversaciones cautelosas entre Alberto Fernández y ciertos jueces del máximo tribunal.
Ese canal secreto está detonado. Martín Soria es una ministro de Justicia que no habla con la Corte Suprema, y “Wado” de Pedro -respetado por las magistrados que entienden de política y de poder- optó por dar un paso al costado cuando era obvió que caería fuego granado del kirchnerismo sobre los techos del cuarto piso de Tribunales.
En Gobierno por ahora descartan apuntalar la ofensiva mediática contra la Corte con un pedido de juicio político. Y tampoco se observa esa voluntad en el Senado, territorio institucional bajo control absoluto de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Alberto Fernández y CFK están muy irritados con el alto tribunal y las decisiones del Frente de Todos se caracterizan por su ferocidad y sorpresa.
En la Corte Suprema ya están preparados para enfrentar todas las agresiones políticas posibles. Y asumen que la violencia mediática e institucional podría multiplicarse en términos geométricos si fallan en contra de la poda de la coparticipación porteña o si convalidan determinadas sentencias que están recurridas e involucran a Cristina Fernández de Kirchner y familia.
“Resistimos con la ley. Esa es nuestra armadura”, sintetizó un juez de la Corte que vio pasar a más de un Presidente en los últimos años.
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