Almuerzo clave en Olivos: la CGT le pedirá a Alberto Fernández manejar el organismo que regula los fondos de las obras sociales

La Confederación General del Trabajo (CGT) almorzará este jueves, a las 13.30, con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y tiene un menú de reclamos para poner sobre la mesa, aunque hay uno que se destaca por su urgencia: volverá a pedirle auxilio financiero para las obras sociales, cuya crisis se agrava por una combinación explosiva de gastos en alza, un déficit mensual que crece y problemas de financiamiento que no se solucionan.

Hay un tema más que surgirá durante el reencuentro entre la central obrera y el Presidente (la última reunión se hizo el 18 de diciembre): quién será el reemplazante del fallecido Eugenio Zanarini al frente de la Superintendencia de Servicios Sociales (SSS), un organismo clave para el sindicalismo porque administra los millonarios fondos de las obras sociales.

La comitiva que irá a la Quinta de Olivos está integrada por los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (metalúrgicos), Sergio Romero (docentes), Roberto Fernández (UTA) y Jorge Sola (seguros).

La CGT pedirá designar al nuevo superintendente: su candidato principal es David Aucharán, un médico cirujano vascular de 50 años, que presidía la obra social y la prepaga de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), además de integrar el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, financiado por gremios que pertenecen a la CGT. Aucharán es actualmente el gerente general de la Superintentencia de Servicios de Salud.

Otro postulante cegetista es José Bustos, un abogado especializado en temas de salud que ya estuvo en la Superintendencia durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando era encabezada por Héctor Capaccioli, hombre de confianza de Alberto Fernández que estuvo involucrado en la causa de la “mafia de los medicamentos”. Bustos ocupa hoy la Gerencia de Gestión Estratégica de la SSS.

Como anticipó Infobae, la central obrera está en alerta porque se enteró de que el ex ministro de Salud, Ginés González García, desplazado del Gobierno por el “vacunatorio VIP” que funcionó en el Ministerio, está haciendo un fuerte lobby en el Gobierno para lograr que su amigo y socio Daniel Alejandro López sea designado al frente de la Superintendencia en lugar de Zanarini.

Pero la CGT también teme que la enorme influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Gobierno derive en la designación en la Superintendencia de algún kirchnerista duro. En los últimos meses trascendió que podría regresar a ese puesto Liliana Korenfeld, que fue titular de la SSS durante el gobierno de Cristina Kirchner y en cuya gestión se hacía una distribución arbitraria de los fondos de las obras sociales para disciplinar políticamente a los sindicalistas.

Antes de asumir la Presidencia, Alberto Fernández se había comprometido a que designaría al frente de la Superintendencia a un candidato propuesto por la CGT. Por eso la central obrera eligió a Aruachán, pero, según la CGT, Cristina Kirchner se opuso a que los fondos de las obras sociales fueran administrados por alguien vinculado con el sindicalismo y así se cayó el acuerdo alcanzado con el Presidente. Ginés González García designó como titular de la SSS a Zanarini, un experto al que conocía porque secundó en la Universidad Isalud, fundada en 1991 por el ex ministro.

La relación de la CGT con Zanarini comenzó de manera tormentosa porque los sindicalistas objetaban la “discrecionalidad” del funcionario para distribuir los fondos de las obras sociales que se destinan a los reintegros de las prestaciones de alta complejidad: a principios de 2020, por ejemplo, la cúpula cegetista se quejó ante el titular de la SSS porque del Fondo Solidario de Redistribución se repartieron $2.800 millones en marzo y $4.000 millones en abril con un criterio que privilegió a la obra social de Camioneros y relegó a las que pertenecían a sindicatos más numerosos.

Tras la protesta de la CGT, Zanarini tomó en cuenta las observaciones, distribuyó el dinero de manera equitativa y logró convertirse en el interlocutor más confiable del gremialismo dentro del Gobierno para solucionar cuestiones específicas vinculadas con los fondos de las obras sociales, aun mejor que Ginés González García. Y hacia fines del año pasado se ganó la confianza de la central obrera porque el titular de la SSS rechazó la reforma del sistema de salud que proponía el kirchnerismo duro y que implicaba una virtual apropiación del dinero que recauda el sistema sindical de salud.

De todas formas, los dirigentes cegetistas insistirán ante el Presidente en la necesidad de que el Gobierno aplique medidas que alivien la desfinanciación del sistema sindical de salud, cuyo déficit continúa creciendo a un ritmo de $1.500 millones por mes. El mismo reclamo se lo hicieron al primer mandatario en los tres últimos encuentros que se realizaron el año pasado en Olivos, pero la Casa Rosada nunca dispuso una ayuda integral en este rubro.

La central obrera propuso al Ministerio de Salud, entre otros puntos, que el Estado se haga cargo de pagar los medicamentos más caros mediante un fondo especial destinado a ese fin y también el el 100% algunos de los gastos por discapacidad, aumentar la cápita que pagan los monotributistas para acceder a la atención de la obra social y el descuento del 15% destinado al sistema de obras sociales a quienes pagan una diferencia para atenderse en una prepaga y que actualmente no aportan al Fondo Solidario de Redistribución.

Los números de las obras sociales son muy preocupantes: el Fondo Solidario de Redistribución (FDS), el corazón del sistema, que se nutre del aporte mensual de trabajadores y contribuciones patronales para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos costosos, recaudó en 2020 unos $64.000 millones, pero, en el mismo período, gastó $79.000 millones.

El déficit del FSD ascendió a más de $15.000 millones en 2020, con egresos que superan a los ingresos en un 20% (algo que se repite desde 2017), y para este año se estima que será de $20.000 millones, e incluso podría ser de $31.000 millones si el Gobierno concreta un aumento de las prestaciones por discapacidad, que tienen una alta incidencia en el gasto total (y elevaría el déficit mensual de $1.500 millones a $2.600 millones).

El mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales (casi un 37%) corresponde al pago del rubro discapacidad (rehabilitación, tratamientos, educación y transporte), que en 2020 representó unos $28.700 millones. A través del programa oficial llamado Integración se pagan las prestaciones básicas para beneficiarios con discapacidad mediante dinero que provienen del FDS.

Los dirigentes gremiales alertan que el gasto en este sector estaba dirigido en 2017 a 54.086 personas y que hoy llega a 91.906. Y con un gasto real que pasó de $6.900 millones en 2017 a $28.752 millones en 2020 (lo que representa un crecimiento de más del 400%). El gasto promedio por beneficiario con discapacidad financiado desde el FSD es de 36.000 pesos (en junio 2020) y el 50% de esa cifra es para educación y transporte (unos 1200 millones de pesos por mes).

Del FDS también surge la plata para pagar los subsidios automáticos correspondientes a los programas SUMA, SANO y SUMA 65, dirigidos a financiar las prestaciones de los mayores de 65 años (unos 350.000 jubilados que no están en el PAMI) y de los monotributistas (2 millones de personas). Este rubro representa un 33% del gasto total y el año pasado ascendió a $26.200 millones.

Por otra parte, la Superintendencia de Servicios de Salud tenía una deuda en enero de 2021 de $9.150 millones en concepto de expedientes analizados y solicitudes presentadas para reintegros por tratamientos de alta complejidad a través del SUR (Sistema Único de Reintegros), que equivale a un 31% del gasto total y que alcanzó $24.190 millones en 2020. La deuda proyectada para 2021 es de $35.000 millones, considerando el atraso de solicitudes de reintegros debido a la pandemia.

Más allá de la crisis de las obras sociales, la CGT tiene previsto plantearle al Presidente que el Gobierno disponga mayores controles en los precios y reanude la ayuda económica a trabajadores y empresas afectadas por la crisis derivada de la pandemia, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que se otorgaron durante la cuarentena obligatoria más estricta y finalizaron el 31 de diciembre.

Sin embargo, los dirigentes gremiales dudan en reiterar ese pedido porque pueden quedar atrapados sin quererlo en la dura interna del oficialismo que estalló por el aumento de las tarifas: el kirchnerismo está exigiendo que vuelva a pagarse el IFE como una forma de hostigar al ministro de Economía, Martín Guzmán, que recortó esos beneficios para permitir una baja del déficit fiscal. El propio Alberto Fernández descartó que se reanude el pago de ese subsidio: “No tengo previsto que vuelva por ahora el IFE porque la economía está funcionando”, aseguró el mes pasado.

La CGT, por otra parte, le confirmará al Presidente que busca concretar renovar sus autoridades en septiembre u octubre. Si bien Alberto Fernández siempre afirma que no quiere meterse en la interna sindical, en su mensaje por el Día del Trabajador, el sábado, exhortó a los distintos sectores gremiales a unirse porque ese es “el modo en que se multiplica la fortaleza de los que trabajan”.

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