El superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, de 71 años, murió este martes a la mañana de un infarto. La noticia causó conmoción en el mundo político y sindical: era el último funcionario que quedaba de la gestión de Ginés González García en la estructura del Ministerio de Salud y se había convertido en un interlocutor confiable de los empresarios del sector y de la dirigencia gremial.
Zanarini, quien tenía problemas cardíacos y había estado internado a fines de diciembre también por infarto, fue encontrado sin vida en su casa del barrio de Caballlito por su chofer, que comenzó a llamarlo y a tocarle el timbre porque le pareció extraño que no apareciera a la hora acordada.
Designado en diciembre de 2019 al frente del organismo descentralizado que administra los fondos de las obras sociales, fue un especialista en temas de salud que se había desempeñado hasta ese momento como vicerrector de la Universidad Isalud, que fue creada por González García.
Pese al desplazamiento del ministro de Salud por el Vacunatorio VIP, Zanarini no fue desplazado de su puesto por pedido del sindicalismo, que mantenía una buena relación con el funcionario, aunque al comienzo de su gestión tuvieron cortocircuitos por la distribución de los fondos de las obras sociales.
Aun así, en la CGT valoraron que el fallecido superintendente se convirtió en un aliado para resistir la reforma del sistema de salud que proponía el kirchnerismo duro y que quedó congelada. “Zanarini tampoco estaba de acuerdo con una modificación que implicaba la estatización de las obras sociales”, recordó un dirigente sindical que solía tener fuertes discusiones con el funcionario.
Las diferencias centrales pasaban por el criterio para distribuir los fondos de las obras sociales que se destinan a los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y que la CGT llegó objetar en varias oportunidades por considerarlo “discrecional”: en marzo y abril de 2020, por ejemplo, la cúpula cegetista reclamó a Zanarini porque se repartieron $2.800 millones y $4.000 millones, respectivamente, del Fondo Solidario de Redistribución de una forma en que terminó privilegiando a la obra social de Camioneros y relegó a las que pertenecían a sindicatos más numerosos.
Los dirigentes de la CGT se quejaron en ese momento y lograron el compromiso por parte de Zanarini de que se aplicaría un criterio más equitativo. Desde entonces, de todas formas, mejoró el diálogo del superintendente con el sindicalismo y la relación se fue afianzando.
Si los dirigentes gremiales desconfiaron al principio de Zanarini fue porque su designación estuvo precedida de una confusa trama política. Antes de asumir la Presidencia, Alberto Fernández se había comprometido a que designaría al frente de la Superintendencia a un candidato propuesto por la CGT. Por eso la central obrera eligió a David Aruachán, un médico cirujano vascular de 50 años, que presidía la obra social y la prepaga de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y durante algunas horas ese nombre circuló como el nuevo presidente de la Superintendencia.
Sin embargo, según la CGT, Cristina Kirchner se opuso a que los fondos de las obras sociales fueran administrados por alguien propuesto por el sindicalismo y así se cayó el acuerdo con el Presidente. Por eso Ginés González García designó en ese puesto a Zanarini, un experto al que conocía porque lo había secundado en la Universidad Isalud, fundada en 1991 por el desplazado ministro.
El nombre de Zanarini tuvo mayor exposición pública cuando apareció en el listado de vacunados VIP que difundió el Gobierno cuando estalló el escándalo, junto con otros funcionarios, empresarios, parientes y dirigentes que se inocularon en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud.
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