Horas después de que la Corte Suprema fallara en favor de mantener las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional emitió un comunicado en el que criticó la decisión del máximo tribunal e insistió en que el decreto 287/2021 sigue vigente.
El texto difundido por la Secretaría de Comunicación y Prensa comienza por señalar que la pandemia ya se cobró casi 65 mil vidas y que en todo el mundo las autoridades han debido adoptar medidas de cuidado “en forma urgente y excepcional”.
En esa línea, desde la Casa Rosada lamentaron el “inusitado rigor formal” del máximo tribunal -”como si no estuviese en riesgo la salud pública”- y rechazaron haber decretado las nuevas restricciones en base a “consideraciones meramente conjeturales”.
Desde la Casa Rosada subrayaron que el primer decreto fue dictado cuando el AMBA “exhibía un crecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país” y plantearon que “omitir la adopción de medidas oportunas” hubiese significado aceptar el riesgo de “consecuencias irreversibles para la salud pública”.
“Omitir la adopción de medidas oportunas, similares a las que se adoptaron en otros lugares del mundo que registraban un crecimiento de casos mucho menor que el que exhibía el AMBA, hubiese significado aceptar un riesgo de consecuencias irreversibles para la salud pública y para la vida de las personas”, aseguraron.
Además, cuestionaron al gobierno porteño por no haber adoptado medidas para disminuir la cantidad de contagios, lo cual generó “una situación de alarma epidemiológica y sanitaria que podía llevar, en poco tiempo, a la saturación del sistema de salud”.
Por otro lado, en el punto 18 del extenso comunicado oficial, el Gobierno destacó que en la actualidad está vigente un nuevo decreto de necesidad y urgencia que puso en marcha una serie de restricciones en todo el país, posterior al que fue apelado por la Ciudad de Buenos Aires.
“Dicho DNU la explica con claridad los motivos por los cuales se adoptan las medidas allí dispuestas y se encuentra plenamente vigente. Se trata de una norma federal que no ha sido cuestionada judicialmente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, detalla.
A su vez, destacaron que la utilidad de las restricciones “se verificó con la disminución de la curva de contagios en el AMBA” y que resulta contrafáctico determinar “qué hubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo, ante la pasividad del GCBA”. Y argumentaron, en contra de lo que resolvió la Corte, que “el AMBA, como aglomerado urbano, constituye una unidad inescindible”.
También señalaron que la decisión del gobierno porteño de mantener la bimodalidad presencial/virtual para los colegios secundario demostró que “ha constatado y comprendido, al menos en parte, la utilidad de las medidas dispuestas”.
Respecto al fallo, el comunicado oficial destacó que la Corte “no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas” (dado que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado) y aseguró que el propio tribunal reconoció que “Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios”.
Finalmente, desde el gobierno nacional reafirmaron su voluntad de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer un marco que regule “la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Según trascendió, esta norma facultará al Presidente y a los gobernadores a tomar más restricciones para contener la segunda ola.
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